Por Pablo Velázquez*
Esta semana el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores, los resultados de una auditoría a la nómina magisterial federalizada llevada a cabo en coordinación con la SEP y los estados.
A raíz de las reformas al marco legal para la educación en 2013, el gobierno federal se allegó de herramientas que le proporcionaron mayor información sobre la operación de las escuelas como, en este caso, la nómina docente pagada con recursos federalizados.
Sin embargo, los números a nivel nacional nos señalan que las irregularidades conocidas y evidenciadas por la ciudadanía desde hace décadas persisten, aunque en menor medida.
El primer punto a destacar es la burocracia administrativa pagada con recursos que, en teoría, están dedicados al salario de maestros y directivos. La SEP señala que existen 14 mil 00 plazas (plazas, no personas) docentes y directivas en funciones administrativas.
El problema no es nuevo: a partir de la descentralización en 1992 y el incremento en la demanda del servicio educativo, las plazas de administrativos transferidos a los estados resultaron insuficientes –
según las autoridades estatales – y por tanto, a los estados les resultó fácil asignar a tareas administrativas a los maestros. Situación no ilegal, pero irregular a la vista: pagamos a gente para que sean maestros, pero realizan otro trabajo.
El número identificado por este ejercicio de auditoría de la SEP, sin embargo, resulta bajo ante la evidencia de otras fuentes: tan sólo el año pasado la Auditoría Superior de la Federación señaló que existían al menos 44,220 personas en esta condición y nuestros análisis realizados con información de la nómina del primer trimestre de 2017 muestran 33 mil plazas en esta situación.
Este problema en particular debe ser abordado con bisturí. Reubicar a estas personas a las escuelas – la solución más propuesta – puede resultar dañino en dos vías: por un lado, podríamos demandar a personas que hace décadas no son maestros a enseñar en el aula sin formación previa al mismo tiempo que desplumamos oficinas administrativas (algunas de las cuales sí necesitan personal operativo) de elementos para seguir funcionando. Ojo: es una irregularidad y se debe corregir, pero debe hacerse bien para evitar otro tipo de problemas en el futuro.
La auditoría de la SEP señala otras irregularidades que tampoco son nuevas: 17 mil 262 plazas de comisionados y licencias, 1,361 plazas cuyos titulares ya causaron baja pero se siguen pagando y 10,553 plazas que nadie sabe qué hacen. Estos números pueden sonar desalentadores pero bien vale la pena recordar como era en el pasado.
En 2009, la nómina magisterial era el Triángulo de las Bermudas: no sabíamos quién cobraba, cuánto y la razón. Después de muchos esfuerzos de la sociedad civil y de instancias como la Auditoría Superior de la Federación, hoy conocemos quiénes son pagados de la nómina magisterial federal así como sus conceptos de pago. Esta situación favoreció que el gasto irregular haya disminuido 84% entre 2009 y 2015.
Todavía falta información, pero la exigencia no la vamos a disminuir. Por ello, hacemos un llamado a los gobiernos estatales a que repliquen estos ejercicios de auditoría en sus nóminas locales, se transparenten y ordenen sus procesos administrativos, y se apliquen sanciones a los responsables.
Las nóminas estatales siguen siendo una oscura neblina donde se replican sin supervisión las viejas prácticas que identificamos a nivel federal. Asimismo, el llamado es a la propia SEP para que: 1) sistematice estos ejercicios y publique sus resultados y; 2) transparente la nómina magisterial de la Ciudad de México. Es tiempo de que el
buen juez empiece por su casa.
Hemos avanzado sí, pero la brega no termina. Un peso malgastado representa mucho en este país tan necesitado de oportunidades.
*El autor es investigador en Mexicanos Primero
Twitter: @PGVelazquez
