Prioridades Educativas (y obstáculos) 2020-2024*


Esto escribí en agosto de 2019, previo al inicio del ciclo escolar 2019-2020: “Los niños de 4 años que iniciarán el segundo grado de Educación Preescolar, el próximo lunes, comenzarán el cuarto grado de Educación Primaria en 2024. Del mismo modo, los niños que iniciarán el primer grado de Primaria este lunes que viene, estarán por terminar su Educación Primaria dentro de seis años, cuando termine este periodo sexenal. Y los estudiantes que empezarán el quinto grado de Primaria en unos días, estarán en la etapa de concluir la Secundaria o iniciar el Bachillerato en 2024.”, si las condiciones sociales y educativas lo permiten.

También escribí, en diciembre pasado, lo siguiente: ¿Qué sucederá con sus escuelas, sus maestras o maestros, y con sus procesos formativos integrales, o con sus paquetes de aprendizajes escolares durante los próximos meses? ¿En ellos pensarán los planificadores de la educación, los políticos profesionales, los funcionarios y autoridades educativas (federales y estatales), y los tomadores de decisiones en materia educativa? Las mismas preguntas me planteo y les comparto, hoy, con una mirada hacia el corto y mediano plazos: ¿Qué sucederá en las escuelas concretas, con los estudiantes concretos, y con las y los docentes o directivos escolares de carne y hueso durante este período 2020-2024 que se aproxima? (1)

¿Cuáles serán las prioridades de la Educación Pública en México en el futuro inmediato y cómo será reconfeccionada o reconfigurada la agenda en este rubro de ahora en adelante? El autodenominado gobierno de la transformación de régimen, no de gobierno, el de la “4T” ¿tiene ya previstos los grandes ejes y las prioridades nacionales y locales en torno a las políticas educativas para el mediano plazo? Por ejemplo, ¿qué acciones va a emprender el gobierno federal en funciones frente a los problemas de la falta de cobertura universal en Educación Preescolar (específicamente en niñas y niños entre los 3 y 4 años de edad)? Según las cifras más alegres, en este rango de edad apenas se llega al 49 por ciento de cobertura nacional, y hay estados como Querétaro, que registra alrededor de un 20 por ciento de niños matriculados en ese grado y nivel educativos.

Hoy, durante el primer trimestre del 2020 y cuando restan sólo 4 ciclos escolares efectivos (en la Educación Básica) para el actual gobierno federal, lo que se pude observar es que la agenda educativa se modificó radicalmente, si la comparamos con el panorama que se tenía en este rubro en 2018, hasta antes de que tomara posesión el presidente López Obrador. Y aún más si tomamos nota de las prioridades educativas planteadas por la SEP al inicio del sexenio 2012-2018 y del período en que Aurelio Nuño fue su titular (2015-2017), cuando se reelaboraron las prioridades nacionales para emprender la reforma educativa (2)

Como sabemos, el contexto relacionado con las políticas públicas educativas se movió, debido a la construcción de los nuevos consensos políticos (partidistas y electorales), que se asentaron y procesaron en el campo legislativo: Se aprobaron, primero, las reformas al texto Constitucional en materia educativa (sobre todo el Artículo 3º., en mayo de 2019); se abrogaron, después, las Leyes General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); por parte del Congreso, y posteriormente se hicieron públicas la actualización de la Ley General de Educación; y la creación de la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; así como la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación (marco que creó la Comisión Nacional que sustituye al INEE, desde septiembre de 2019).

Así se modificó el panorama, porque las diferentes fuerzas políticas nacionales y locales estaban en condición de generar o proponer sus propias agendas, por separado, en la antesala de la aprobación del marco legal mencionado; sin embargo, el partido Morena y sus aliados políticos lograron sacar adelante, con su mayoría en las Cámaras, el paquete de reformas legales del ámbito educativo, no sin previas negociaciones, cabildeos, “cesiones” y “concertacesiones”, y reacomodos con las demás fuerzas políticas, pero sobre todo a través de un esquema de intensas negociaciones con las organizaciones sindicales del magisterio nacional (oficiales y disidentes).

Se sabe además, con evidencia, que al interior del gobierno de la “Cuarta Transformación” (“4T”), incluso, hay tensiones acerca de la definición de las prioridades nacionales y locales en este sector, así como en los énfasis que la autoridad educativa habrá de dar a algunos ejes de discusión en esta materia, y su consecuente puesta en práctica como políticas públicas para este ámbito clave de la vida del país. De hecho tales definiciones están en lista de espera, porque está por publicarse, apenas, el Programa Sectorial de Educación derivado del Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024), dado a conocer en abril del año pasado, también por el jefe del Ejecutivo Federal.

Hoy las discusiones públicas más fuertes, dentro del campo educativo, transitan por otros carriles, puesto que en la actual coyuntura política, de 2020, los debates no se expresan en los espacios parlamentarios (como en 2019), sino en los foros académicos independientes o en los pocos espacios que abren eventualmente las autoridades educativas federales y estatales, por iniciativa de docentes, entre otras figuras o actores, y en otros foros públicos o espacios de diálogo, donde se analizan y debaten los contenidos de las leyes secundarias o reglamentarias aprobadas, los contenidos del Artículo Tercero Constitucional, recién modificado, así como el rumbo de las políticas públicas por operar durante los siguientes cuatro años y medio.

Las prioridades y los obstáculos

Algunos de los ejes de análisis y discusión que considero prioritarios en el ámbito de las políticas públicas del sector, y que seguramente marcarán la agenda educativa de los próximos años (no por lo que yo diga, sino por los pronunciamientos que observo de los diferentes actores políticos, académicos, magisteriales, empresariales y sindicales; así como de algunos organismos internacionales), son los siguientes: 1) La transformación de la escuela pública en términos del nuevo “Acuerdo Nacional Educativo”; en esta prioridad es necesario definir qué se entiende por “Nueva Escuela Mexicana” (NEM); 2) La discusión sobre la reconversión de la figura del docente y de los directivos escolares a partir de las definiciones que se construyan sobre la NEM; lo cual también plantea el problema de discutir el papel que juega la escuela en la sociedad de nuestro tiempo (intensidad de las tecnologías de la información); 3) El papel que jugarán precisamente las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y del conocimiento en la educación, dentro del marco de las Reformas Educativas ensayadas durante las últimas décadas (qué puede ser rescatable y qué no); 4) La crisis de la rectoría del Estado en la educación, sobre todo en razón de la intervención de las organizaciones sindicales en los proyectos educativos nacionales-locales y en la operación de las políticas públicas educativas; 5) Los problemas de la formación inicial y continua de docentes, asesores técnicos y directivos escolares (el país no cuenta con instituciones especializadas ni con presupuestos ni programas educativos encargados de la formación “profesionalización” de los directivos escolares); 6) El análisis acerca de los contenidos y métodos en los planes y programas de la educación obligatoria; junto con el eje de la evaluación educativa, específicamente la evaluación de las figuras educativas (hoy con énfasis en la “diagnóstica”). Por otra parte: 7) Conviene no dejar en el olvido los problemas inherentes a la falta de equidad y, junto con ello, el problema del rezago educativo y escolar (focalizado en la población mayor de 15 años) y los vínculos que ese fenómeno tiene con la desigualdad social; y, entre otros temas, 8) Analizar las propuestas para ampliar los canales de participación social (de los diferentes actores) en la toma de decisiones sobre las políticas públicas educativas, así como impulsar, desde diferentes instituciones, su estudio sistemático.

Con respecto a la educación y la atención de la Primera Infancia, así como con el tema de la Inclusión, se habrán de debatir los contenidos de las estrategias nacionales recientemente anunciadas. Y, con respecto a la educación superior, se tendrían que ampliar los foros de debate en torno al anteproyecto de Ley General de Educación Superior (aquí se encuentra implícito el binomio “obligatoriedad”-“gratuidad”, que se encuentra atravesado transversalmente por los asuntos, conceptos y procesos de la “cobertura” y la “calidad”). Esto sin dejar de lado el análisis sobre el marco legal que se prevé para el ámbito de las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación en México.

Acerca de los obstáculos que identifico para que estos ejes o esta lista de prioridades nacionales se coloquen en la agenda educativa de México, hoy, menciono, al menos, los siguientes: 1) Falta de voluntad política de las élites gobernantes (la clase política en general) para poner sobre la mesa ciertos ejes, conceptos o procesos macro, medios y micro sociales en materia educativa (por ejemplo, el tema del “rezago educativo”); 2) Falta de recursos financieros públicos para llevar a cabo las acciones reformistas; 3) Carencia de un enfoque estratégico y una visión de corto, mediano y largo plazos por parte de la SEP, así como acerca del orden y la magnitud de las prioridades para poner en operación las políticas públicas pertinentes; 4) Escaso acercamiento orgánico y de trabajo entre los círculos del poder público y los circuitos de especialistas, profesionales de la educación, docentes y directivos escolares; así como con académicos e investigadores educativos; y 5) En combinación con algunas de los obstáculos anteriores, falta de una visión de conjunto para crear nuevas instituciones que serían claves para avanzar en las acciones propias o necesarias del proyecto educativo nacional, orientado hacia el cambio, a partir del contenido vigente del texto Constitucional: Por ejemplo, una institución y normas específicas para la formación de directivos escolares; o la creación de la defensoría de los derechos de los profesionales de la educación, entre otros.

Como se puede observar, nos espera un período 2020-2024 repleto de reflexiones, información, divergencias, contiendas, pluralidad, convergencias, aplicaciones, realizaciones, omisiones, conocimientos y pensamientos críticos acerca de las líneas y los caminos que tome el país durante los próximos años en materia de políticas públicas educativas.

*Texto preparado especialmente para el Diplomado sobre Educación y Liderazgo que organiza el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a través del Programa Interdisciplinario sobre Políticas y Prácticas Educativas (PIPE), y que será leído en la sesión del día 28 de marzo próximo.

(1) El texto que retomo fue publicado con el título “Una Agenda Educativa 2020” (SDP Noticias.com, 6 de diciembre, 2019).

(2) Los propósitos formales de la Reforma Educativa con Emilio Chuayffet (2013), fueron: 1) Responder a una exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y gratuita; 2) Asegurar una mayor equidad en el acceso a una educación de calidad; 3) Fortalecer las capacidades de gestión de la escuela; 4) Establecer un servicio profesional docente con reglas que respetan los derechos laborales de los maestros; 5) Propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de docentes y directivos, y 6) Sentar las bases para que los elementos del Sistema Educativo sean evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente (Gobierno de la República, 2014, p. 3). Las 7 prioridades educativas de A. Nuño fueron: 1) Fortalecimiento de la escuela –Escuela al Centro del S.E.N.–; 2) Dignificación de la infraestructura escolar; 3) Desarrollo profesional docente; 4) Revisión de planes y programas de estudio; 5) Equidad e inclusión; 6) Educación y mercado laboral –Vincularlos de forma más efectiva–, y 7) Reforma administrativa –Generar un sistema más eficaz y transparente– (SEP, 2016).

jcmqro3@yahoo.com

@jcma23


Artículo publicado en SDPnoticias


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Juan Carlos Miranda Arroyo
Profesor titular de T.C. en UPN (Qro., México)

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