La esencia del debate educativo aún carece de fondo. Todo parece centrarse en un punto: “no a la evaluación”. El problema ha sido el planteamiento, visualizado en todo momento como un anhelo de regresar al pasado. Evitar a toda costa centrarse en los maestros como garantes del derecho a aprender y no como parte de “un botín”. Sin embargo, en esta discusión no queda claro el origen de la misma, la “razón íntima”, la cual debe ser en todo momento las y los niños y jóvenes en México.
No se trata de teoría o filosofía política, son los hechos los que lo confirman. Las autoridades educativas estatales necesitan tomar determinaciones rápidas y rigurosas ante el grave incumplimiento de la garantía constitucional al “máximo logro de aprendizaje” de las y los jóvenes del país, mandato plasmado en el artículo Tercero de la Constitución.
Los resultados presentados demuestran que, del global de las y los evaluados en junio de 2017, alrededor de 3 de cada 10 en Lengua y Comunicación y 6 de cada 10 en Matemáticas no han alcanzado el mínimo indispensable de conocimientos y habilidades para el manejo de la información, reflexión y resolución de problemas previsto para este nivel educativo.
La evidencia también nos indica que el sis- tema educativo aún no permite que en las escuelas se supere el contexto. Los jóvenes que viven en situaciones de marginación siguen aprendiendo menos que sus pares en situaciones más favorecidas. Lo que este sistema genera, año con año, no sólo es un ensancha- miento de las inequidades, sino que reproduce sistemáticamente generaciones heridas.
De seguir por esta vía, tal y como el sistema educativo mexicano ha funcionado durante años, ¿hace de la escuela un mecanismo que genera oportunidades o las aniquila? La res- puesta es sencilla y el agravio lo es aun mayor; ¡¿por qué?! Tal parece que no entendemos, que no entendemos.
Cambiar esta realidad exige un sistema educativo que aprenda, que comprenda que necesita del “ajuste”. Tres medidas que impulsen el logro de estas metas: primero, fortalecer una cultura no sólo de evaluación, sino también en la que aprendamos cómo utilizar los resultados que nos arroja el instrumento; mientras no tengamos información pública y puntual, será imposible entender con precisión y focalizar las políticas públicas. Segundo, la continuidad del monitoreo de los resultados debe estar garantizada, no sujeta a intereses que rebasan el de las y los niños. Mientras la continuidad sea entorpecida, es difícil reorientar los esfuerzos de todos los agentes de cambio en el sistema, “les apagamos la luz”.
Tercero, la escuela es el mecanismo por excelencia que millones de mexicanos poseen para una mejor “oportunidad” de vida. Los resultados de pruebas como PLANEA deben buscar el ajuste, para acompañar y orientar el esfuerzo de la comunidad escolar. Nos toca exigir y acompañar el derecho a aprender de las y los jóvenes de México, para la escuela pública cumpla su misión de justicia social.
Publicado en El Heraldo de México.
