El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) tendrá su siguiente edición en 2022; participarán 87 países –37 miembros de la OCDE y otros 50 más– para tener un referente en los aprendizajes que pueden desplegar y aplicar los alumnos de 15 años cumplidos, en pensamiento científico, comprensión lectora y habilidades matemáticas.
Un año antes del gran operativo nacional es importante ejecutar la ‘prueba de campo’: un proceso de piloteo que permite identificar y resolver aspectos que garanticen las condiciones de confiabilidad. Se revisan costos y tiempos en la logística; que lleguen en tiempo y forma las computadoras que se usan (la evaluación se resuelve en pantalla); que los tiempos de respuesta de los cuestionarios estén bien calculados… incluso sirve para revisar que la redacción de los ejercicios sea adecuada para las y los jóvenes diversos que en 2022 serán los evaluados.
Se encendió la alarma en días pasados cuando se hizo público el retraso y la falta de comunicación de las autoridades educativas mexicanas sobre el avance en el pilotaje. En los titulares quedó plasmado “se suspende”, “se cancela”. Con más sensatez, la misma OCDE afirmó que no había ninguna comunicación que indicara la supuesta salida, pero invitaba a reconocer el valor de la prueba para México.
En paralelo, un colectivo de organizaciones de sociedad civil, encabezado por los representantes en el Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, emitió un posicionamiento ponderando el valor de PISA como uno de los elementos que permite confirmar avances en el mandato del artículo tercero constitucional, al respecto de propiciar el máximo logro de aprendizaje, y emplazó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) a confirmar “…que México estará listo a participar en el operativo de PISA en 2022 y que hay un compromiso de plena transparencia para el fondeo, ejecución y difusión social de los resultados”.
Cuestionado en su conferencia matutina, el 3 de mayo el presidente afirmó que no tenía porqué no continuar… “si me van a preguntar: ‘¿va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza?’, digo: Sí”. El vocero de la administración, Jesús Ramírez, afirmó en un tuit: “La Prueba PISA continuará en México. El retraso en la aplicación de las pruebas de estudiantes se debió a la pandemia…”. En el curso del día, la SEP y la MEJOREDU reiteraron la afirmación de que PISA va.
La participación de México en PISA se libró de morir por inanición y por incuria, gracias a la vigilancia de la sociedad civil y a la insistencia de los medios de comunicación. En todo este episodio se evidenció la falta de coordinación entre SEP y Mejoredu, así como la malquerencia ideológica y la falta de compromiso de esta última para hacer un trabajo sistemático con las evaluaciones internacionales, lo que ya cobró la retirada injustificada, unilateral y opaca de nuestro país de ERCE, la evaluación latinoamericana coordinada por UNESCO.
Pero, ¿hay dinero para esto? ¿Es costoso? Las respuestas son: no es muy costoso; y sí hay dinero. Al Presupuesto de Egresos de la Federación le recortaron en muchos rubros, pero en la bolsa E003, etiquetada “Evaluaciones de la calidad de la educación” hay 110 millones de pesos, casi tres veces lo que cuesta PISA, y eso sin tocar los 313 millones asignados a Mejoredu.
Quedó claro también que la acción de la sociedad civil es crucial para que los instrumentos de diagnóstico puedan servir para ajustar las intervenciones pedagógicas, que los resultados se vinculen al contexto y se ponga foco en lo que permite superar la inequidad y la exclusión. Que identifiquemos dónde estamos no es “más presión” –como refiere, en el colmo del adultocentrismo y la justificación, la Mejoredu– sino que, tras la pandemia, marca la responsabilidad para atender con urgencia las lagunas y desajustes que implicó el recurrir a la limitada educación a distancia. Bien señaló la secretaria Gómez que PISA favorece la reflexión y ajuste que pueden hacer las y los maestros como educadores para apoyar mejor a sus estudiantes.
La transparencia y rendición de cuentas, la posibilidad de reorganizar el currículum, la gestión y los métodos no se sacan del aire; se apoyan en la evidencia. PISA no debe ser ni la única ni la principal pieza para saber qué nos pasó en el oscuro túnel de 14 meses y contando de escuelas cerradas. Pero prescindir de su diagnóstico sería irresponsable. Más: son profundamente conservadoras la opacidad y falta de datos, pues favorecen que permanezcan la injusticia y la desigualdad.
Más por la deriva de los hechos que por plena voluntad de los involucrados, PISA 2022 se hará; ahora vale la pena que todos le sumemos, desde el presidente hasta Mejoredu, la prensa y la sociedad civil, la SEP y los docentes. Acá vamos a estar todos; mejor esforzarse en que PISA resulte trabajo de equipo.
