Hace unos días, el secretario de educación pública de nuestro país, Mario Delgado, en medio de la polémica que causó por el cierre anticipado del ciclo escolar 2025-2026 debido al mundial de futbol y a las “altas temperaturas” que se han estado registrando en el mismo, abrió la puerta a un tema que, no de ahorita sino desde hace muchos años se ha venido comentando y, tal vez, demandando en diversos espacios sociales y escolares; me refiero a la extenuante carga administrativa que les es asignada año con año a las y los docentes.
Decía el secretario que “ese tiempo muerto” – refiriéndose al periodo comprendido de casi un mes por la entrega de calificaciones, reportes, informes, entre otros, que comienza a mediados de junio y culmina a mediados de julio – “a veces es burocracia que roba espacio a la convivencia familiar y a la salud mental de nuestra niñez”. Con este dicho, pareciera ser que tal funcionario acaba de descubrir el hilo negro sobre algo que desde hace varias décadas el magisterio ha venido resintiendo en todos los sentidos, sin que alguien haga o haya hecho algo. Si no se hubiera presentado el acontecimiento que dio pie a que pudiera expresarlo abiertamente ante los medios de comunicación y la sociedad mexicana, ¿se habría reconocido la existencia de esa evidente carga administrativa que padecen las y los maestros? Pienso que no, pero el tema que pongo a consideración en este momento sería: si ya se “identificó” la existencia de ese “tiempo muerto”, ¿la SEP, el secretario, las autoridades educativas locales, etcétera, harán algo al respecto? En fin.
Si uno conversara con algunos docentes con una larga trayectoria profesional podrían referir que hace muchas décadas, este concepto, el de la “carga administrativa” no existía, porque la enseñanza estaba impregnada de una profunda mística social; la o el maestro era socialmente reconocido y valorado por lo que hacía en el aula. Entonces, ¿cuándo la enseñanza se convirtió en un tremendo nodo burocrático? Desde hace varios años he venido insistiendo que la burocratización de la enseñanza se agudizó con la tan anhelada “calidad educativa” vivida, particularmente, en el periodo de Peña Nieto y su “reforma educativa”, sin embargo, no debemos perder de vista el origen estructural de todo esto que data de la llegada de los tecnócratas y las reformas administrativas que se impusieron en México, me refiero a la década de los 70 y, muy probablemente, después de lo que todos conocimos con el nombre de “el milagro mexicano” (periodo de tiempo donde la bonaza económica, producto del petróleo, generó beneficios en los mexicanos).
Para el caso que nos ocupa, que es el educativo, no hay que olvidar la llegada en esa década de economistas e ingenieros a la Secretaría de Educación Pública (SEP) el lugar de pedagogos o maestras y maestros de carrera. Tampoco hay que perder de vista lo acontecido durante el periodo de Fernando Solana, cuando la “desconcentración administrativa” generó la apertura de delegaciones estatales (quién sabe para que existen en la actualidad), así como la aparición de manuales de organización, formatos de estadística, reportes e informes casi sobre cualquier tema o actividad realizada. Pienso que aquí es donde comenzó a gestarse eso que más adelante se conoce como: “es que si no está en el papel no existe”, es decir, que la o el docente dejó de verse como un intelectual comunitario para ser tratado como parte de una gran maquinaria administrativa.
Años después (así lo he dicho en no muy pocas ocasiones), el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, ocurrido en el periodo de Salinas de Gortari, propició que el sistema educativo dejara de pensarse en términos estrictamente pedagógicos y didácticos para ser concebido como un sistema de control y rendición (absurda) de cuentas. Recuérdese que, con esta idea de la “descentralización administrativa”, la federación transfirió el control a las escuelas, las plazas y los recursos a los gobiernos estatales sin que la SEP dejara o perdiera el control técnico y normativo, con ello se priorizó el control (por la existencia de “dos patrones” en un mismo sistema), aparecieron una cantidad impresionante de plataformas de control escolar (para todo) y, como parece obvio, la solicitud irrisoria de “x” cantidad de informes y evaluaciones. No hay que olvidar que en este periodo se implementó un programa de estímulos salariares denominado carrera magisterial que, en esencia, precarizó el quehacer docente y fortaleció el “mérito” en las evaluaciones de desempeño, en el sentido de que si algún docente deseaba salir bien evaluado tenía que recuperar “x” cantidad de constancias, diplomados, actas, portafolios o carpetas de evidencia, entre otros. Pienso que aquí es donde consolidó esta idea que he dicho: “si no aparece en el papel, no existe”.
Y bueno, con la llegada de Peña Nieto y Aurelio Nuño a la presidencia y secretaría de educación, respectivamente, la cosa se complicó aún más; a partir de ese momento comenzó algo que hace tiempo denominé como la fiscalización del profesorado mexicano, sin olvidarnos de su “saturación”, es decir, la imposición de carga administrativa sin sentido. Pienso que la reforma educativa de 2013, además de sostener que no fue una reforma educativa sino política, en su seno se priorizó la intención de lograr a rajatabla el sueño de los tecnócratas en el poder: la calidad educativa. Sin embargo, y como el mismo Mario Delgado hace unos días lo reconoció, la verdad de las cosas es que tales asuntos administrativos ni han generado una mejora sustancial en procesos de naturaleza administrativa, ni han generado una mejora sustancial en los procesos de enseñanza y de aprendizaje ocurridos en las escuelas. Sí, la reforma de 2013 puso su seno la evaluación para la mejora de dicho sistema, solo les olvidó un pequeño detalle, el sistema no es solo el maestro o la maestra y ahí está y estuvo el rollo de este asunto.
Visto este panorama ¿desastroso? en el sistema educativo nacional, que podría hacerse.
Por principio de cuentas, entender que educación y administración no están peleadas pero que son cosas diferentes, porque cada una tiene un propósito específico; la segunda es algo que ya desde hace un buen rato he venido señalando, la “simplificación administrativa”, tema que no es nuevo pero que podríamos entender en la medida en que comprendamos que ésta significa eliminar, reducir, compactar o automatizar trámites, procesos, requisitos y documentos innecesarios que se les exigen a las y los docentes, por ejemplo, los reportes para todo y de todo; la tercera la pongo en los siguientes puntos, muy sencillos por cierto, pero si se aplicaran tendrían un impacto importante: 1. Eliminar el papeleo o trámites repetitivos porque, seamos honestos, un mismo registro tiene que hacerse en plataformas distintas y para destinatarios distintos, pero, al final del día, termina siendo el mismo registro; tal vez si pensará en la creación de una plataforma nacional que permita tener a la mano lo que se demanda a nivel estatal y nacional, por ejemplo, las evaluaciones, finchas descriptivas, asistencias, etc., es como podría mejorarse este proceso. 2. Reducción de reportes innecesarios considerando solo aquellos que se pueden emplear para el proceso de enseñanza y aprendizaje como el diagnóstico socioeducativo que es fundamental para la construcción del programa analítico y el programa de mejora continua; ¿se imaginan si se pudiera automatizar los datos sociodemográficos a través de plantillas como ocurre en Singapur? 3. Otorgar en la práctica la responsabilidad para el cumplimiento de sus funciones a los subdirectores de gestión de las escuelas; de sobra se sabe que muchas y muchos directivos con la finalidad de “no perder el poder” en sus planteles no les delegan responsabilidades para el cumplimiento de las mismas. Un absurdo por donde se quiera que sea vea. 4. Eliminar cuanta comisión y comité que se ha creado en cada una de las escuelas, porque estos limitan o imposibilitan el quehacer pedagógico de las y los docentes; de verdad, habría que preguntarse ¿es necesaria tanta comisión y tanto comité en los planteles escolares? 5. Reorientar el esquema para el desarrollo del CTE, un espacio que debería ser de diálogo y compartencia de experiencias, se ha vuelto en el más burocrático de todos, comenzando por la solicitud de quién sabe cuántos productos que, otra vez, muchas veces son innecesarios o, solo sirven, para que la autoridad no pierda “su control”. 6. Pensar en una secretaría y sistema más horizontal, el fenómeno de que todo “cae en cascada” es igual de dañino que todo el papeleo exigido durante un ciclo escolar. Creo que ese modelo ya llegó a su fin y debería cambiarse.
En fin, hasta aquí dejó esta serie de ideas, reflexiones y sencillas propuestas. Insistiré en que “no hay tiempos muertos” en el medio educativo, las cosas hay que llamarlas por su nombre, es un exceso de “carga administrativa” que se ha metido hasta los huesos en el sistema mexicano y en las y los maestros.
Quisiera ver, antes de que me jubile, quién será el valiente que le ponga el cascabel al gato o, para efectos prácticos, quién se va a aventar el rollo de eliminar dicha carga administrativa del medio. Lo que propuso Esteban Moctezuma en su momento fue una vacilada. En serio.
Al tiempo.
