La polémica sobre si la Suprema Corte de Justicia de la Nación “prohibió reprobar” terminó desviando la atención del problema central: un sistema educativo que sigue sin garantizar aprendizaje efectivo en medio de profundas desigualdades.
La reciente resolución de la Suprema Corte sobre los criterios de evaluación y acreditación en educación básica provocó una reacción inmediata en buena parte del debate público. En redes sociales y espacios de opinión comenzó a instalarse rápidamente una interpretación simplificada: la Corte “eliminó la evaluación” o “prohibió reprobar”. Pero esa lectura no sólo es jurídicamente incorrecta; también desvía la atención de los problemas estructurales que desde hace años arrastra el sistema educativo mexicano.
La resolución no desaparece la evaluación escolar ni invalida los mecanismos de acreditación. Lo que pone bajo revisión es la constitucionalidad de ciertos criterios administrativos relacionados con la permanencia, promoción y tránsito escolar de niñas, niños y adolescentes, particularmente cuando esos mecanismos pueden entrar en tensión con el derecho a la educación y el principio del interés superior de la niñez.
La diferencia importa.
La Corte no discutió si reprobar mejora o empeora el aprendizaje. El debate jurídico ocurrió en otro plano: determinar si ciertas disposiciones administrativas resultaban compatibles con los derechos educativos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales suscritos por México.
Sin embargo, la conversación pública rápidamente derivó hacia una falsa oposición: disciplina contra permisividad, exigencia académica contra flexibilidad pedagógica. Ahí es donde el debate comienza a perder profundidad.
Porque legalidad y eficacia educativa no son necesariamente lo mismo.
En el fondo, la discusión revela algo mucho más complejo: la distancia entre el discurso de inclusión educativa y las condiciones reales en las que opera buena parte de las escuelas del país.
Hablar de evaluación formativa, acompañamiento pedagógico y trayectorias escolares continuas supone, en teoría, una transformación importante en la manera de entender el aprendizaje. El problema es que esas ideas suelen implementarse en contextos atravesados por grupos saturados, carga administrativa excesiva, carencias institucionales y profundas desigualdades sociales.
Resulta difícil sostener procesos auténticamente formativos cuando existen escuelas con más de cuarenta alumnos por salón, falta de personal de apoyo y docentes obligados a atender simultáneamente funciones pedagógicas, administrativas y hasta socioemocionales.
Ahí aparece una de las principales contradicciones del debate educativo contemporáneo: se exige una evaluación más humana y contextualizada sin modificar las condiciones materiales que harían posible esa transformación.
La discusión tampoco puede reducirse a la idea de que reprobar constituye automáticamente una forma de violencia institucional. La evidencia educativa internacional lleva años mostrando que la repetición escolar, por sí sola, rara vez mejora los aprendizajes y con frecuencia termina profundizando trayectorias de exclusión. Pero también es cierto que promover estudiantes sin garantizar procesos reales de aprendizaje únicamente desplaza el problema hacia grados posteriores.
El resultado puede ser igualmente preocupante: estudiantes que avanzan en el sistema escolar sin dominar suficientemente habilidades básicas de lectura, escritura o razonamiento matemático.
México conoce bien esa paradoja.
Durante años, distintas evaluaciones nacionales e internacionales han mostrado rezagos importantes en comprensión lectora y pensamiento matemático, especialmente entre estudiantes provenientes de contextos de mayor vulnerabilidad social. Frente a eso, el problema de fondo no parece reducirse a quién aprueba y quién reprueba, sino a la incapacidad estructural del sistema para garantizar condiciones efectivas de aprendizaje.
Por eso la resolución de la Corte quizá debería leerse menos como una discusión técnica sobre calificaciones y más como un síntoma de las tensiones que aparecen cuando el derecho a la educación se confronta con un sistema históricamente incapaz de garantizar condiciones equitativas de aprendizaje.
En ese punto, el papel del magisterio resulta central. La evaluación formativa exige tiempo, condiciones laborales adecuadas, autonomía profesional y acompañamiento pedagógico constante. Pretender que los docentes sostengan modelos complejos de seguimiento individualizado en contextos de precariedad institucional termina convirtiendo muchas reformas educativas en simples declaraciones discursivas.
Ni la rigidez punitiva asegura excelencia educativa, ni la flexibilización normativa produce, por sí sola, mejores procesos formativos.
Confundir ambas cosas ha sido uno de los errores más persistentes de la política educativa mexicana.
La resolución de la Corte probablemente no resolverá los problemas estructurales de aprendizaje en el país. Pero sí obliga a replantear una discusión que durante años quedó reducida casi exclusivamente a mecanismos administrativos de acreditación.
Porque el verdadero desafío educativo no consiste únicamente en decidir quién aprueba y quién reprueba, sino en construir un sistema capaz de garantizar aprendizaje efectivo, digno y suficiente para todos.
Una escuela que sólo administra el rezago no corrige la desigualdad: la vuelve permanente.
