La polémica en torno al sector educativo ha estado en boca de actores con poca o nula experiencia ni conocimiento sobre lo que pasa en las escuelas. Políticos, funcionarios de gobierno, empresarios, periodistas, economistas, líderes sindicales y autoridades del ramo educativo culpan a los maestros de los problemas de calidad, cobertura y equidad educativa. Es común escuchar sobre el mal desempeño de los docentes, pero las propuestas de mejora se remiten a represalias por este “trabajo ineficaz”.
En virtud de lo anterior, los maestros nos enfrentamos a una reforma educativa sustentada en una legislación regulatoria, cuyo punto medular es la evaluación docente. Desde su entrada en vigor, la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) se ha prestado a interpretaciones ambiguas por parte de las autoridades educativas estatales, que lejos de acercarnos a una mejor calidad educativa, ha provocado el descontento de muchos docentes e incertidumbre laboral.
Pero les tengo una frase que escuché de un buen amigo “Todo por los niños…nada sin los maestros”. Efectivamente la mirada debe estar en la labor del docente como pilar y elemento central de la práctica educativa, pero, ¿alguien se ha sentado a dialogar con los maestros? La respuesta es NO.
Quienes discuten sobre educación deben mirar con profundidad las distintas realidades a las que nos enfrentamos los maestros y escuchar nuestras voces, porque en ellas, están las respuestas clave de cada cuestionamiento y problemática. #MiDerechoDocenteEs tener la oportunidad de tomar decisiones que impacten en nuestro quehacer cotidiano.
Como docente, estoy consciente de lo relevante que puede ser la evaluación concebida como un derecho a crecer en lo profesional, además de ser una herramienta para mejorar mi práctica. Pero cuando este proceso se vuelve sólo un instrumento punitivo sin criterios, indicadores, o peor aún, carece de una preparación o acompañamiento en los procesos y etapas que implica, o sin que los resultados me guíen sobre los aspectos que debo mejorar en mi práctica, se convierte en un mero trámite obligatorio, estresante y sin sentido.
#MiDerechoDocenteEs tener oportunidades de capacitación y asesoría basada en las exigencias propias de la profesión, los cambios en cuanto al marco conceptual, legal y político, y los procesos de evaluación; pero principalmente sobre mis áreas de oportunidad y las necesidades reales de mi contexto escolar. Los docentes debemos tener una mejora continua que nos permita enriquecer nuestro trayecto formativo y por tanto, una mayor calidad en cuanto a nuestro desempeño profesional. Lo anterior implica la obligación de las Autoridades Educativas de otorgar una formación continua de alta calidad a través de instancias competentes y especializadas en el ramo educativo.
#MiDerechoDocenteEs contar con condiciones de infraestructura dignas y los materiales básicos que se adapten a las exigencias del Nuevo Modelo Educativo, libros de texto de calidad acordes a los aprendizajes clave y equipamiento tecnológico que permita a los estudiantes mayores oportunidades de aprendizaje. Esto es un punto que como docentes, no sólo nos preocupa, sino que nos ocupa; y es fundamental para que mis alumnos logren los estándares educativos nacionales e internacionales y puedan competir en el marco de la globalización.
No estoy exigiendo ideales utópicos. Mis derechos docentes están legislados tanto en la Ley General de Educación como en la LGSPD. Están claramente plasmados en un papel, pero muy lejos de donde deben estar, las escuelas, los alumnos y los docentes. Por tanto, ante la propuesta del próximo gobierno de emitir una nueva ley en materia educativa, exigimos a nuestro Presidente electo Andrés Manuel López Obrador y los legisladores, que se aseguren de estipular mecanismos regulatorios para que las Autoridades Educativas Estatales hagan valer los derechos docentes y se extrapolen a nuestra realidad laboral mediante acciones concretas.
