Son dignas de reconocerse las medidas emergentes que ha tomado el gobierno del presidente López Obrador, en el sentido de aplicar medidas compensatorias para resarcir la pauperización y la precariedad del esquema salarial base del magisterio mexicano.
Sin embargo, los ejes de la política salarial (y temas afines) del Estado mexicano hacia el magisterio, son los mismos que se han aplicado durante los últimos 42 años: Tope a los aumentos anuales al salario de los trabajadores de la educación (3.4% de aumento anual, directo al salario, durante la última década); sistema meritocrático para repartir incentivos económicos y compensar el salario base; irregularidades en el manejo de las pensiones (cosa que afecta a toda la burocracia federal); retención de pagos en algunas entidades federativas; contratos de corto plazo que violentan derechos laborales, etc.
Tanto el gobierno federal como los gobiernos de los estados han aplicado las mismas políticas salariales (y sus accesorios) hacia el magisterio nacional y local: Además de los problemas señalados, ejemplos concretos y constantes son los contratos cortos que niegan derechos laborales a docentes de la escuela pública. Este problema se ha registrado y generalizado en educación básica, media superior y superior.
Por si faltara algo a este cuadro, el poder político en México cuenta con un sindicato a modo el cual, en la más reciente de sus demostraciones de cinismo, se ha declarado “ejército intelectual” del presidente de la República.
En particular, hay que subrayar el hecho de que existe un sistema de incentivos económicos montados sobre una pirámide meritocrática, desde 1992. Primero, en ese año, mediante el diseño y operación del programa de Carrera Magisterial (esquema voluntario de concursos para lograr promociones horizontales); después, a través de la aplicación de esquemas similares en los sistemas de incentivos económicos previstos en la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD, 2013), y en la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LSCAMM, vigente desde 2019).
Dicho en otras palabras: El Estado mexicano ha dispuesto de una bolsa financiera no para aumentos salariales generalizados, sino para la cima de la meritocracia magisterial, donde ha participado, históricamente, sólo una parte minoritaria del personal docente.
Hoy, todavía hay un tope salarial que no se ha derribado desde entonces. La política salarial no ha cambiado. Esa sí es transexenal. Además, el incremento al salario magisterial de este año (2022), en promedio (aprox. 3.5% base generalizado), estará por debajo del índice inflacionario del último año (6-7%).
Según los documentos oficiales, el aumento salarial para el magisterio (3.5% más 1%, así anunciado por el titular de la SHCP), será ligeramente superior (en 2022) que el promedio de incremento salarial anual otorgado durante la última década (3.4%), directo al salario, aparte las prestaciones.
Éste era el panorama que se registraba hace 5 años: De acuerdo con una nota del periódico La Jornada: “En lo que va de la presente administración federal (de Peña Nieto), los más de 1.2 millones de trabajadores de la educación, tanto de formación básica como de educación media superior y superior, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no han alcanzado un incremento directo salarial superior al tope establecido para el aumento en las percepciones mínimas, incluso no ha superado el 3.5 por ciento desde 2014″, (nota de Laura Poy, 28 de abril, 2017).
Con el incremento salarial escalonado al magisterio recién anunciado, (16 de mayo, 2022), tenemos una “revalorización salarial escalonada”. Este hecho no tiene nada que ver con la demanda por “una escala móvil de salarios”, que algunas gremios lanzaron en los tiempos de los topes salariales, durante los años 80′s del siglo pasado.
Para el magisterio, en esta parte de las políticas públicas educativas y salariales sí hay consenso de las élites gobernantes, porque se traduce en una política salarial de Estado con acciones transexenales, de espalda a las y los trabajadores, que se han puesto en operación desde 1980.
Con esto, lo que se podría interpretar como un avance en materia de política salarial del actual gobierno de la “4T”, en realidad es la continuidad de una política laboral de contención al salario de las y los trabajadores de la educación.
A los problemas salariales, habrá que agregar los diversos conflictos que existen y que lesionan en sus derechos a miles de maestras y maestros del país, quienes laboran en algunas dependencias u organismos públicos dedicados a la educación: Prepa en línea; profesores del Programa nacional del Inglés para la educación básica; reivindicaciones diversas por las que luchan docentes de educación física, de educación espacial, asesores técnico pedagógicos, así como profesores del sistema de universidades “Benito Juárez”, entre otros.
Por último, diría que hay escasas ideas, por parte de las élites gobernantes de ayer y hoy, para romper los esquemas meritocráticos y el impopular tope salarial.
Justamente, una de las alternativas que no se han probado es la puesta en práctica de un robusto y bien cimentado programa de profesionalización magisterial, con alternativas de formación continua que respondan a las necesidades del sistema educativo nacional, y que asegure el derecho a la educación para todas y todos; ello serviría también para eliminar, de paso, los sistemas de evaluación al magisterio con perspectiva meritocrática.
Juan Carlos Miranda Arroyo en Twitter: @jcma23
