El 8 de septiembre los trabajadores estatales de la educación básica de Michoacán tenían 38 días sin salario. Ese mismo día el dirigente de la sección XVIII de la CNTE fue citado en el palacio de Bucareli de la Ciudad de México; en la reunión estuvieron todos los funcionarios necesarios para presentarle una propuesta que daría solución de fondo al problema magisterial: el secretario de Gobernación, el titular de la unidad de administración y finanzas de la Secretaría de Educación, el responsable del fondo de nómina educativa, el secretario de Educación en Michoacán y, en calidad de gestor e interlocutor ante la Federación, el gobernador electo en esa misma entidad y su equipo de transición en el tema educativo.
Más tarde, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador electo (en funciones hasta el primero de octubre) de extracción morenista, se atribuyó la gestión de 3 mil 800 millones de pesos adicionales que llegarían el 20 de septiembre; primero, para saldar tres quincenas atrasadas a los docentes; segundo, regularizar y garantizar a partir de ese momento los salarios de todo 2021; tercero, cubrir las prestaciones que se adeudan al magisterio desde 2020. La tan anunciada federalización de la nómina, según dijeron, sería un proceso que tendría lugar hasta 2022.
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La respuesta convenció parcialmente al magisterio disidente, pero contenía cuatro inconsistencias: tenían que esperar, prácticamente, otra quincena antes de empezar a recibir sus salarios; no había garantías de seguridad para que el gobierno de Silvano Aureoles, como lo hizo en otros momentos, no desviara los recursos hacia otros fines; sólo contemplaba dar solución a los trabajadores de educación básica, no de media superior ni superior; tanto la Federación como el gobierno estatal, ya habían incumplido sus ofrecimientos, aun cuando los hicieron igualmente públicos. Las protestas magisteriales no cesaron y ante el negro panorama se convocó a la primera Convención Estatal de Trabajadores de la Educación, buscando unificar a todos los sectores educativos afectados.
Ya pasó el 20 de septiembre, y tal cual previeron los maestros de la CNTE, Silvano Aureoles está ausente de los problemas de su gobierno, llevando a Michoacán a la peor crisis económica y de agresión a los trabajadores de la que se tenga registro; los recursos adicionales de la Federación no llegaron; han transcurrido ya 54 días sin que 28 mil trabajadores de educación básica del sistema estatal hayan podido cobrar su salario; 10 mil de educación media superior no han recibido las quincenas pagaderas por el gobierno estatal desde agosto y prestaciones anteriores; la Universidad Michoacana había funcionado con 70 por ciento de su capacidad económica, con graves consecuencias en las percepciones de su personal, pero lo peor vendrá en octubre, cuando ya no dispondrá de ningún recurso financiero para nómina; en universidades e institutos tecnológicos se están haciendo despidos masivos para cambiar casi en su totalidad a su planta de trabajadores e imponer a los afines al gobierno silvanista.
Sin embargo, la crisis abarca a todas las instituciones públicas, la dimensión integral de la deuda que deja el actual gobierno local es de 45 mil millones de pesos; una parte se irá a 20 años de endeudamiento, castigando a la ciudadanía michoacana, otra tendría que pagarse de manera inmediata si se quiere echar a andar las funciones sustantivas del estado y apaciguar las crecientes protestas sociales que hacen de Michoacán una entidad ingobernable y de su capital una ciudad intransitable.
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El 60 por ciento de las escuelas públicas de educación básica no retornaron a clases presenciales ni virtuales, estamos hablando de 7 mil centros educativos; a partir del lunes suspenderían actividades 25 instituciones del sistema de universidades e institutos tecnológicos.
En esta semana los maestros de la CNTE cerraron bancos, centros comerciales, instalaciones de Pemex, puentes de conexión con otras entidades, oficinas de recaudación de rentas y abrieron al libre peaje las casetas de carreteras privadas; al mismo tiempo que miembros del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior bloquearon entradas y salidas de la ciudad capital, Morelia.
El proceso de entrega recepción de Michoacán, sin iniciar aún, que debería finiquitar el primero de octubre con un acto protocolario, coloca al sector educativo en medio de un conflicto que agudiza la difícil situación por la que atraviesan las familias de los docentes: el gobierno saliente se niega a entregar la administración, en espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anule la elección para gobernador; en tanto que, el entrante no dispone de la información ni del control del sistema de finanzas para operar las partidas adicionales que enviaría la Federación, a decir del gobernador electo. La transición será más complicada, todavía, si el 27 de septiembre se instala un plantón en la capital michoacana, como centro logístico y de operaciones para las protestas de los trabajadores de todos los niveles educativos, a dos días del último informe del gobernador Silvano Aureoles, a tres días de la visita del Presidente de la República para celebrar el natalicio de Morelos y a cuatro de que tome protesta el nuevo gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
