Clientelismo político en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

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La movilización masiva es el alma de la CNTE y en ella basa su poder.


La CNTE fue fundada en diciembre de 1979 en Chiapas. En sus orígenes, maestros disidentes lucharon desde la base contra un poder muy superior que era parte del engranaje del sistema corporativo vigente.

La CNTE nació para enfrentar y resistir la antidemocracia sindical, el control corporativo, la injusticia, la arbitrariedad, la persecución política, la violencia física y la represión.

Sin embargo, al transformarse en la expresión hegemónica en algunas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la Coordinadora repitió los vicios que antes combatió.

Los liderazgos de las secciones 7, 18 y 22 de la CNTE se adaptaron a la cultura sindical dominante y, en lugar de promover un proyecto sindical distinto, ejercieron sobre sus agremiados el control político de antaño, y los maestros críticos e insubordinados fueron acosados y sometidos.

En estas secciones, la CNTE pasó de ser una expresión disidente a constituirse en un grupo de presión cuyo poder se sustenta en mecanismos de control político y clientelar sobre maestras y maestros.

En cuatro décadas, la CNTE sólo ha conquistado seis secciones sindicales por la vía estatutaria (7 Chiapas, 22 Oaxaca, 09 Ciudad de México, 18 Michoacán y recientemente –en diciembre de 2024– las secciones 34 y 58 de Zacatecas). Actualmente sólo cuatro secciones tienen carácter estatutario (7, 22, 34 y 58).

Clientelismo y movilización masiva del magisterio

La CNTE se autodescribe como una organización revolucionaria de masas, con ideas afines al marxismo-leninismo y al maoísmo, entre otras.

La movilización masiva es el alma de la CNTE y en ella basa su poder. Es el medio para presionar a las autoridades, es la forma de probar el grado de compromiso de los agremiados con el “movimiento democrático”, es el modo de hacerse visible y también es el medio para educar a la base, como escribió Carlos Monsiváis.

La movilización se ejerce de diferentes formas: mitin, marcha, plantón, bloqueo, toma de edificios. Cada una se realiza con propósitos específicos y de acuerdo con la intensidad de presión que se desea ejercer.

El rechazo, la oposición, la resistencia, estar en contra de todo, es el primer paso para la construcción de las jornadas de lucha. De ahí el permanente rechazo de la Coordinadora a prácticamente todas las políticas oficiales.

La táctica de lucha de la CNTE se resume en la expresión “movilización-negociación-movilización”. Se moviliza a la base para exigir diálogo, pero se continúa con la movilización hasta lograr el cumplimiento de las demandas. En caso de no lograrlo, se radicaliza la movilización.

La movilización es esencial para la CNTE: si se desmoviliza, pierde visibilidad y capacidad de presión. De ahí la importancia que la organización concede a mantener activa y movilizada a su base.

Con la movilización se cultiva el clientelismo político, es decir, el sistema informal de intercambio de favores entre el patrón y el cliente.

En el caso de la CNTE, el patrón (dirigencia) demanda participación sindical, lealtad, apoyo, votos y subordinación. A cambio, los clientes (maestras y maestros) obtienen acceso preferencial al disfrute de sus derechos laborales.

La piedra angular de la movilización sindical es la llamada constancia de participación sindical. Sin ella los maestros están impedidos de ejercer plena y libremente sus derechos. La constancia es la llave de entrada a cambios de adscripción, interinatos, ascensos, incremento de horas, becas-comisión, entre otros derechos. Para obtener la constancia se requiere que maestras y maestros participen en las actividades sindicales programadas.

La fuerza de la CNTE está en el control de estos procesos, por eso rechaza e incumple sistemáticamente las disposiciones legales en la materia.

Los docentes de las secciones 7, 18 y 22 vienen en masa a la Ciudad de México a sumar puntos para el tabulador de participación sindical (o “marchómetro”), los cuales se acreditan en la constancia de participación sindical.

Independientemente de si se logran o no las demandas generales objeto de la jornada de lucha, los docentes regresan a sus comunidades con los puntos ganados.

Consecuencias del clientelismo político de la CNTE

La investigación educativa ha mostrado que la calidad de la enseñanza y las características profesionales de los docentes constituyen factores relevantes para explicar las diferencias en los resultados de aprendizaje, aunque éstos también están condicionados por factores sociales, económicos, familiares y escolares.

Cuando el acceso a plazas, promociones u oportunidades profesionales se vincula a criterios político-sindicales en lugar de basarse fundamentalmente en las capacidades profesionales, se genera un riesgo para la profesionalización docente.

Además, el clientelismo desmoraliza y genera frustración entre los buenos maestros y directivos escolares, quienes advierten que el esfuerzo, la preparación académica y el desempeño no constituyen factores determinantes para su desarrollo profesional.

Pero lo más grave es que el clientelismo sindical provoca el cierre de escuelas y la suspensión de clases, con la consecuente afectación del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.

¿Qué hacer?

Encontrar una salida no es sencillo. Sin embargo, pueden plantearse algunas medidas orientadas a reducir los espacios de discrecionalidad y fortalecer la profesionalización docente.

1. Fortalecer las instituciones responsables de regular la carrera docente. Una forma de debilitar el corporativismo y el clientelismo político-sindical consiste en fortalecer las instituciones encargadas de operar la legislación que regula la carrera de las maestras y los maestros. Se requieren instituciones federales y estatales sólidas, profesionales y autónomas en su actuación, capaces de aplicar rigurosamente las disposiciones legales y evitar acuerdos informales con grupos sindicales que negocien intereses particulares al margen de la ley.

2. Garantizar la independencia de los funcionarios responsables de la carrera docente. Los funcionarios de los organismos encargados de regular la carrera de las maestras y los maestros deben actuar con independencia respecto de las organizaciones y expresiones sindicales, y sujetarse estrictamente a las disposiciones legales y a criterios de imparcialidad y transparencia.

3. Preservar los mecanismos de selección basados en las capacidades profesionales. El marco legal debería mantener mecanismos objetivos de selección para el ingreso al servicio, la promoción a cargos de dirección y supervisión, y la asignación de incentivos económicos. Cualquier modificación que reduzca la transparencia y objetividad de estos procesos podría ampliar los espacios de discrecionalidad y fortalecer prácticas corporativas y clientelares, con efectos negativos sobre la profesionalización docente.

4. Crear una plataforma de transparencia. Para fortalecer la certeza y legitimidad de los procesos de selección, sería conveniente contar con una plataforma nacional de acceso público que transparente, sin restricciones, la información relativa a la asignación de plazas docentes y promociones. De esta manera, cualquier persona podría comparar el número y tipo de plazas convocadas con las efectivamente asignadas.

5. Crear una instancia autónoma de vigilancia. Como complemento de la propuesta anterior, podría establecerse una comisión u observatorio con autonomía técnica que supervise los procesos de asignación de plazas y promociones, verifique el cumplimiento de las reglas y avale públicamente sus resultados.

Concluyo: el desafío consiste, en última instancia, en construir un sistema de carrera docente en el que los derechos laborales no dependan de la lealtad político-sindical ni de la discrecionalidad de la autoridad, sino de reglas claras, instituciones sólidas y procedimientos transparentes.

* Texto leído en el foro “Educación en México: daño de larga duración y agenda de reconstrucción”, convocado por el Consejo Consultivo Pensando en México. Movimiento Ciudadano. Ciudad de México 20 de agosto de 2026.