Una de las consecuencias más rudas contra el magisterio que se negó a someterse a la evaluación docente fue el cese del servicio educativo.
Y es que la reforma educativa hizo obligatoria la evaluación al magisterio, así como su vinculación a la permanencia en el servicio, lo cual tuvo como lógica reacción la oposición magisterial, principalmente de aquellos adheridos a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).
Fue durante la administración de Aurelio Nuño, en donde la Secretaría de Educación Pública (SEP), ejecutó la mayor cantidad de ceses de maestros que se resistieron a la política de evaluación magisterial.
Sin embargo, y ante el panorama de un nuevo gobierno que prometió en campaña derogar la reforma educativa, muchos maestros que fueron cesados del servicio recuperarían su empleo en el próximo sexenio.
Según López Obrador en los compromisos que firmó con el magisterio en Guelatao, Oaxaca, «habrá justicia para todos los afectados por la imposición de la mal llamada reforma educativa. Habrá justicia para cesados injustamente, para presos políticos y para las víctimas de la violencia. Asimismo, enviaremos desde el inicio de gobierno las iniciativas de reformas a las leyes que vulneran la dignidad y los derechos de los maestros de México”.
Para ello, se usarán todas «las facultades del Ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas al magisterio nacional”.
Cabe señalar que el próximo Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, destacó que uno de los objetivos principales del Gobierno de López Obrador es, revalorizar la figura del maestro, la cual fue lastimada con la reforma educativa.
