El fin de semana tocó el turno a la Reforma Educativa. En una conferencia de prensa, Esteban Moctezuma, futuro secretario de Educación Pública, dejó en claro que la reforma se va a derogar.
La contrarreforma traerá consigo un nuevo marco legal, producto de una consulta popular en la que la evaluación docente permanecerá vigente, aunque sin consecuencias laborales. Supongo que esta afirmación debe traer claridad, o ¿no? Durante meses, López Obrador habló de “cancelar la reforma” (2015-febrero 2016), luego precisó y dijo “modificar la Ley General del Servicio Profesional Docente” (Zacatecas, 10 de febrero).
Tiempo después, robusteció su propuesta de manera notable, llegando a sorprendernos a varios (Foro 10 por la Educación, 8 de mayo), hasta que finalmente regresó sobre su propuesta original de cancelarla totalmente (Oaxaca, 12 de mayo). No termino de entender los incentivos detrás del candidato, ahora presidente electo, al posicionarse frente a la Reforma Educativa.
Lo que mueve a López Obrador, ¿son razones políticas o educativas? La pregunta no es ociosa, ni ingenua. En campaña, todo candidato busca votos, pero en gobierno se necesita claridad de proyecto y viabilidad para el mismo.
Enrique Peña Nieto cometió el error de politizar la transformación educativa y, con ello, creer que todo se resume en la modificación legal de 2013. La transformación es un proceso y, en este sentido, AMLO tiene la ventaja de centrarse en aterrizar las modificaciones legales en cambios concretos en la práctica.
A no dudarlo, hay muchas cosas que mejorar en el proceso, pero no todo es “desechable”; de ahí una exigencia sobre la precisión. Nos corresponde a las partes entender qué de los cambios propuestos es salvable o modificable. Si bien el punto de desencuentro al día de hoy se encuentra en la evaluación docente, esto no tiene por qué incluir los procesos de selección y asignación de maestros, el derecho de los docentes a la tutoría y a formación de calidad, el impulso del liderazgo educativo y de la autonomía escolar, el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE), o la agenda de primera infancia. Entonces, si no todo es desechable, ¿qué sí funciona y cómo hacemos para salvaguardarlo?
Si bien AMLO se alió a lo más radical de la educación en México, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la línea dura de la Maestra Elba Esther, dudo mucho que quiera compartir el poder con ellos y, mucho menos, someterse.
Ningún político toma decisiones sin “una intencionalidad”. Que el nuevo gobierno tome las decisiones correctas nos exige a las partes – gobierno, sociedad civil, académicos, familias, docentes, sindicato, medios de comunicación “entender” cómo, desde la técnica, se encuentran los mejores argumentos para la política.
Artículo publicado en El Heraldo de México.
