En el ámbito de las políticas públicas, existen tantas definiciones de como actuar, como ejemplos de decisiones adoptadas por los diferentes niveles de gobierno, sin embargo, lo más importante, a fin de poder establecer si una acción fue adecuada o no, es desarrollar el análisis y la evaluación correspondiente.
Hoy nos encontramos en uno de los aspectos medulares de lo que serán las decisiones en el ámbito educativo que habrán de desarrollarse en los próximos años en nuestro país, por lo que bien vale la pena hacer un ejercicio de lo desarrollado anteriormente y con ello, buscar generar las mejores decisiones.
De acuerdo con Salazar (1999, pág. 43), toda política pública involucra tres sistemas: el político, el administrativo y el social. El político porque es donde se toman las decisiones, el social, porque de alguna manera se busca resolver una problemática específica y el administrativo, porque siendo el que va a ejecutarla, resulta en lo que finalmente se hace o no para resolverlo.
En el caso de la educación, muchos son los factores que inciden para que se pueda brindar un servicio de calidad y la infraestructura es uno de los que políticamente se ha lucrado de mayor manera a lo largo del tiempo. Para determinar la gravedad de los problemas, el gobierno federal anterior, en teoría aplicó 29.3 millones de cuestionarios en 273,317 centros de trabajo, censando a casi dos millones de personal al servicio de la educación y más de 23 millones de estudiantes, encontrando, a decir de las autoridades anteriores, las grandes carencias en este aspecto y poder enfocar los recursos de mejor manera. Pocos fueron los usos de dicha información.
De acuerdo con el análisis desarrollado por las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales con motivo de la Reforma Educativa del presente gobierno (pág. 203), establece que, en lo referente a la mejora de la infraestructura física de las escuelas, a través de Programas como “Escuelas Dignas”, “Reforma Educativa” y “Escuelas al CIEN”, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que […] la falta de un diagnóstico integral y actualizado sobre el estado físico de los planteles, aunado a la ausencia de tramos de control bien definidos y la falta de coordinación entre las instancias federales y estatales, implicó que se careciera de un plan estratégico, que permitiera programar y asignar recursos con una visión sistémica.
Es por ello por lo que, poniendo la vista hacia el futuro, es momento de generar las condiciones para que se desarrolle un mayor enfoque de revisión del actuar de nuestras autoridades de todos los niveles y no perdamos otros seis años en donde en lugar de búsqueda de mejoras, se lleve a cabo una búsqueda de votos, como lo hizo el gobierno federal anterior.
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