El pasado 29 de mayo, el Secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, presentó en conferencia de prensa, el protocolo de regreso a clases para el siguiente ciclo escolar; éste está conformado por nueve puntos que, a decir de este funcionario, se pondrían en marcha a partir del próximo 10 de agosto del año en curso, desde luego, si las condiciones relacionadas con los contagios por Covid-19, lo permiten.
Dicho protocolo contiene nueve puntos: 1. Comités participativos de Salud Escolar (relación entre la escuela y el centro de salud local, así como sanitización y limpieza); 2. Garantizar acceso a jabón y agua o gel; 3. Cuidado de maestros y maestras en grupos de riesgo; 4. Cubrebocas o pañuelo obligatorio; 4. Sana distancia en las entradas y salidas, recreos escalonados, lugares fijos asignados, asistencia alternada a la escuela por apellido durante el curso remedial; 6. Maximizar el uso de espacios abiertos; 7. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias y reuniones; 8. Detección temprana (con un enfermo se cierra la escuela); 9. Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes (VanguardiaMx, 30/05/2020).
Desde mi perspectiva, ésta es una medida meramente administrativa que, poco o nada aporta al sector educativo, dadas las condiciones que prevalecían en cada escuela antes de la contingencia. Consecuentemente, considero que la SEP, vive en vieja normalidad disfrazada de nueva normalidad que no augura nada bueno. Esto es así porque, como he señalado en anteriores entregas, cientos de instituciones educativas de nuestro país, presentan diversas deficiencias/carencias que, en su momento he argumentado y evidenciado a través de diversos datos y fuentes, con la intención de hacer visible la inadecuada infraestructura educativa con la que cuentan estos centros escolares; la falta de servicios públicos como agua, luz, drenaje (entre otros) para su adecuada operación; la limitada o raquítica asignación de recursos financieros y materiales para, por ejemplo, el aseo de los diversos espacios que conforman las escuelas; el hacinamiento de los salones en las aulas; la falta de espacios para el desarrollo de actividades físicas o, simplemente, de recreo. En fin, como he dicho, son varias las cuestiones que, antes de la contingencia, estaban viviendo los maestros, maestras, alumnos y padres de familia, en cientos de instituciones educativas.
Ahora bien, no sé si usted lo haya percibido, pero el protocolo como tal, asigna una responsabilidad directa a los directivos, profesores, padres de familia y, también, a los alumnos. Todo está pensado para que, como parecería lógico, estos actores hagan conciencia y asuman una responsabilidad que, podría ser de su competencia, y hay algo de cierto en ello; sin embargo, ¿piensa la SEP que, con la emisión de este protocolo, ya ha hecho su trabajo?, ¿no le corresponde tomar otras medidas para, por ejemplo, evitar los hacinamientos en las aulas?, ¿no le corresponde gestionar un mayor presupuesto para la contratación de especialistas de la salud con la idea de que haya uno de éstos en cada escuela o zona escolar?, ¿no le corresponde levantar un censo a través del cual se den a conocer las condiciones de cada una de las escuelas y de cada uno de los profesores que pueden estar en condición de riesgo y, con base en esto, diseñar un mecanismo para subsanar lo que los resultados puede arrojar dicho censo?, ¿no le corresponde gestionar ante las instancias competentes a nivel nacional (por ejemplo, con la Conagua y con la Comisión Federal de Electricidad) para que se haga llegar agua y luz a las poblaciones que no cuentan con ello?, ¿no le corresponde gestionar diversas acciones para que los profesores y alumnos cuenten con una computadora personal, internet gratuito y todo aquello que resulte necesario para el logro de las actividades “en línea” que ésta misma sugiere?, ¿no le corresponde realizar diversas acciones para ofrecer diversos cursos, talleres, seminarios, entre otros, con la finalidad de capacitar al magisterio mexicano?, ¿no le corresponde poner su atención en los grupos más vulnerables, como lo son las personas con discapacidad que, por obvias razones, no pueden acceder a los programas televisivos, plataformas o redes sociales con la intención de continuar su proceso formativo y/o de desarrollo?, ¿no le corresponde buscar alternativas que vayan más allá de un simple curso “remedial” que, poco a nada, propiciará la generación de aprendizajes en los alumnos durante el periodo que la SEP ha establecido? En fin, ¿no le corresponde todo esto?
No dudo que los programas sociales que, el Presidente de México, propuso impulsar en este sexenio no sean esenciales y que, por tales razones, haya habido diversos recortes a otros programas que, a decir del mandatario, no eran indispensables fortalecer. Lo que creo es que, en materia educativa, se han tomado decisiones poco sensatas, sobre todo, cuando pensamos en el bienestar y salud de quienes asisten a los miles de centros escolares de la República Mexicana. Pongo un ejemplo: en el municipio en el que radico, específicamente, en la cabecera municipal, existe solo un centro de salud y diez escuelas (públicas y privadas) de diferentes niveles educativos (cendi, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y superior); recientemente, este centro de salud, cerró sus puertas porque ahí se atendió a pacientes infectados por Covid; hasta el momento en que cierro estas líneas, no ha reabierto sus puertas, no ha habido un proceso de sanitización del lugar y tampoco hay especialistas del sector salud atendiendo a la población que así lo requiere. ¿Cómo se espera que se formen comités de salud si, para acabar pronto, este centro de salud, con el personal asignado (2 médicos y tres enfermeras), se vería rebasado para la atención de las diversas circunstancias que demanda la población que asiste a esos centros educativos a formarse, misma que rebasa, por mucho, la cantidad de 1500 seres humanos?
Desde hace rato he venido sosteniendo que la SEP viene dando palos de ciego y, con este breve ejemplo, confirmo que así ha sido. La realidad que viven los pobladores de las comunidades, municipios, estados y regiones, es tan diversa que, con decisiones erradas por parte de la autoridad educativa federal, poco podrán atenderse. Ciertamente, a nivel local, a los gobiernos les corresponde hacer su trabajo; desde luego, a los habitantes también nos toca hacer nuestra parte, pero discúlpenme, yo me formé para ser maestro, no médico y, en el caso de detectar que uno de mis estudiantes presenta fiebre (por ejemplo), no puedo ni podré determinar si es por un resfriado, infección intestinal o por Covid. Un padre de familia cuyo oficio esté relacionado con el campo, ¿podrá valorar si su hijo tiene una gripe, faringitis u otras enfermedades que no sean Covid?
En suma, considero que la SEP, desaforadamente, ha intentado demostrar que opera con éxito. Claro, los resultados de la encuesta que aplicó el ejército de intelectuales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a diversos “actores”, así se lo hicieron creer. Sin embargo, la realidad que viven los maestros, maestras, padres de familia y alumnos, difiere en demasía con ello.
Ciertamente, un protocolo es un conjunto de reglas o normas cuya finalidad, como parece obvia, es delinear una serie de acciones para ponerlas en marcha en un momento determinado; no obstante, dicho protocolo se conforma a partir de un diagnóstico de la realidad a la que desea o piensa aplicarse, ¿cuál es la realidad que observa la SEP entonces?
Referencias:
–Redacción VanguardiaMx. (30/05/2020). SEP presenta protocolo para regreso a clases ante Covid-19. VanguardiaMx.
Recuperado de: https://vanguardia.com.mx/articulo/sep-presenta-protocolo-para-regreso-clases-ante-covid-19
