Hemos planteado en este espacio las dificultades que tiene la reforma educativa 2019 de transitar en el espacio legislativo federal. No pasará ningún diálogo SEP-CNTE que vaya en contra de la letra y espíritu del dictamen del 27 de marzo en comisiones. Es por eso que el Presidente López Obrador envía a tres de sus secretarios de despacho (Gobernación, Educación, Hacienda) el Memorándum del 16 de abril planteando una suspensión temporal de las consecuencias de la reforma educativa 2013. Comentaremos algunos puntos y valoraremos su viabilidad política:
El inciso a) es como una suerte de declaración de principios. Bien. En el inciso b) se apunta: “Mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”. Este es el párrafo más completo e inteligente del texto. Pocas veces el Ejecutivo y sus representantes se han dirigido con tanto tino a las consecuencias de la reforma del PRI-2013 donde no todo sólo hubo agresión desde las evaluaciones. Las agresiones fueron múltiples y por eso celebramos que se hable aquí de “todas las medidas”. Perfecto.
El inciso c) afirma que las plazas quedan bajo cuidado del gobierno. Es una respuesta explícita desde el gobierno al CEN del SNTE que tiene como plan de trabajo, desde el Consejo Nacional 47 del jueves 22 de noviembre, rescatar el 50% de las plazas de la SEP para asignarlas desde el sindicato (minuto 10:45 en bit.ly/2FIKTXK). A pesar de ser parte del plan de trabajo sindical, y de que lo aplaudió el Consejo Nacional, es extraño que este punto no aparezca en el desplegado del SNTE del 10 de abril. Ni soterrada ni pública: la intención del SNTE ha sido desechada.
El inciso d) del Memorándum dice lo siguiente: “La Secretaría de Gobernación realizará las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a la brevedad a maestros y luchadores sociales que todavía se encuentran en prisión por haberse opuesto a la susodicha reforma o por haber participado en otras causas sociales justas, así como a retirar las imputaciones legales formuladas por instancias del gobierno federal para castigar activismos pacíficos en lo político, social, laboral, ambiental, agrario y de defensa del territorio. De igual modo deberá indemnizarse a familiares de quienes perdieron la vida por la política autoritaria que prevaleció en los gobierno anteriores”. Igual que el b) tiene una visión completa del escenario. Repito, pocas veces el gobierno federal, o ninguna vez, hasta hoy, había abarcado la totalidad de los agravios derivados de la reforma educativa PRI-2013. Ahora pretendamos un análisis.
Es de suponerse que al haber advertido el presidente, con varios días de anticipación, que remitiría el Memorándum a sus secretarios, tuvo que haber consultado su redacción a su área jurídica a cargo de Scherer Ibarra. Es de apuntarse también que no estamos hablando aquí de que el Ejecutivo abroga o deroga una norma, impedido por los artículos 29 y 49 constitucionales. De lo que se trata es de suspenderla temporalmente. Dice el preámbulo que “en tanto se alcanza un entendimiento con maestros (…) y con base en las facultades del cargo que detento, me permito presentar a ustedes los siguientes lineamientos y directivas”. No se nos escapa que el presidente no apunta cuáles son esas facultades suyas de que habla y que tampoco dice para qué efecto expide los “lineamientos y directivas”.
La reforma y sus actos administrativos se han suspendido en diversos momentos. En mayo de 2015 la suspendió Chuayffet frente a las elecciones intermedias de ese año (bit.ly/2PdDbrP); el INEE se quejó pero se mordió la lengua porque en agosto de 2016 fue el propio INEE quien la suspendió (bit.ly/2Gv77vR), según que para corregir los defectos de la evaluación docente. En este espacio criticamos que por mal hecha la evaluación se suspendiera para los docentes de 2016 pero se mantuviera para los “reprobados” del 2015. A esto el llamamos en cierta nota, La atroz filantropía del INEE (bit.ly/2PcQBEx), que ocasionó catastróficas represalias contra el firmante. Volvamos.
Así como creemos que los diálogos SEP-CNTE no van a ninguna parte porque no hay como aterrizarlos en el Poder Legislativo, consideramos que, en términos políticos, el Memorándum es transitable. Diremos por qué. Partimos del supuesto de que todas las fuerzas políticas (PRI, PAN, PRD, MC, Morena, PT) están en disposición de deliberar y acordar. No es otra cosa el dictamen del 27 de marzo aprobado en comisiones legislativas por consenso de todas las fuerzas políticas. El documento, que sigue estacionado, fue avalado el 27 de marzo por 48 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones.
Son suficientes los votos para que esos partidos políticos no se interpongan en la voluntad del Ejecutivo de lograr un consenso provisional con su Memorándum. No deben echar de lado esos partidos políticos que el Ejecutivo está respetando escrupulosamente la esfera legislativa. Transcribo el preámbulo del Memorándum: se aplicará “en tanto se alcanzan los cambios constitucionales y de las leyes derivadas”. Nunca más respetuoso el presidente que en este párrafo. Así, lo que sigue es atenerse a la letra y al espíritu del transitorio tercero del dictamen del 27 de marzo. Dice lo siguiente:
“Artículo Tercero. Quedan sin efecto los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio”. Así, el transitorio tercero del dictamen legislativo del 27 de marzo, y los incisos b) y d) del Memorándum ejecutivo del 16 de abril marchan en la más perfecta consonancia política. Los partidos, plenamente respetados por el Memorándum en su esfera legislativa, deben acompañarlo. No veo razón para que estos partidos quieran descarrilar las sanas intenciones políticas del Memorándum.
