A veinticinco años de la publicación de La universidad necesaria en el siglo XXI, de Pablo González Casanova (1922-2023), muchas de las preocupaciones planteadas por el autor conservan una vigencia sorprendente. Si bien el mundo ha experimentado profundas transformaciones tecnológicas, económicas, culturales y políticas, las interrogantes fundamentales sobre el papel de la universidad pública continúan abiertas. ¿Cuál es la responsabilidad social de las instituciones de educación superior? ¿A quién deben servir sus conocimientos? ¿Cuál es el sentido de la formación universitaria en sociedades caracterizadas por la desigualdad, la incertidumbre y la aceleración del cambio? Estas preguntas, lejos de haber sido resueltas, adquieren hoy una renovada relevancia.
Cuando González Casanova advertía sobre las amenazas que enfrentaba la universidad pública, lo hacía en un contexto marcado por el avance de las políticas neoliberales y por la creciente influencia de la lógica empresarial en la organización de la vida social. Su preocupación principal radicaba en el riesgo de que la educación superior dejara de concebirse como un derecho y un bien público para convertirse en un servicio sujeto a las reglas del mercado. Desde su perspectiva, la privatización no debía entenderse únicamente como la transferencia de recursos o responsabilidades al sector privado, sino como la incorporación de una racionalidad que redefine los fines mismos de la educación.
Con el paso de los años, esta preocupación ha demostrado ser pertinente. En numerosos países, las universidades han sido sometidas a dinámicas de competencia permanente, sistemas de evaluación centrados en indicadores cuantitativos y exigencias de productividad que, en ocasiones, desplazan la reflexión crítica y el compromiso social que históricamente han caracterizado a estas instituciones. La eficiencia, la rentabilidad y la innovación se han convertido en conceptos recurrentes en el discurso educativo contemporáneo. Sin embargo, pocas veces se discute con suficiente profundidad si estos principios son compatibles con las funciones sustantivas de la universidad o si, por el contrario, terminan subordinando la formación humana a objetivos predominantemente económicos.
La discusión resulta especialmente relevante en América Latina, una región marcada por profundas desigualdades sociales. En contextos donde amplios sectores de la población continúan enfrentando dificultades para acceder a una educación de calidad, la universidad pública representa mucho más que una institución académica. Constituye una posibilidad de movilidad social, un espacio para la construcción de ciudadanía y un mecanismo de democratización del conocimiento. Por ello, cualquier intento de debilitarla o reducir su alcance tiene consecuencias que trascienden los límites del ámbito educativo.
Uno de los aspectos más significativos de la reflexión de González Casanova es su insistencia en comprender la universidad como parte de procesos sociales más amplios. Las dificultades que enfrentan las instituciones de educación superior no pueden explicarse únicamente a partir de problemas administrativos o presupuestales. Estas responden también a transformaciones estructurales relacionadas con la distribución del poder, la concentración de la riqueza y la redefinición de las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad. En este sentido, la crisis de la universidad pública forma parte de una discusión más amplia sobre el tipo de sociedad que se desea construir.
Desde esta perspectiva, la defensa de la universidad pública se trata, ante todo, de defender la posibilidad de que existan espacios dedicados a la producción de conocimientos orientados por el interés público y no exclusivamente por la rentabilidad económica. Se trata, además, de preservar ámbitos donde el pensamiento crítico pueda desarrollarse con libertad y donde las preguntas fundamentales sobre la justicia, la democracia, la cultura y el bienestar colectivo mantengan plena legitimidad.
No obstante, defender la universidad pública no significa ignorar sus problemas. Las instituciones de educación superior enfrentan desafíos reales que exigen procesos permanentes de transformación. Entre ellos destacan las desigualdades en el acceso y la permanencia estudiantil, la necesidad de fortalecer la pertinencia social de los programas educativos, las dificultades para consolidar una investigación de impacto y la urgencia de construir formas de gobierno más participativas y transparentes. A estos desafíos se suman otros que apenas comenzaban a vislumbrarse cuando González Casanova escribió su obra: la expansión de los entornos digitales, la educación en línea, la inteligencia artificial, la internacionalización de los sistemas educativos y la creciente complejidad de los problemas globales.
La irrupción de nuevas tecnologías ha abierto oportunidades inéditas para la producción y circulación del conocimiento. Sin embargo, también ha generado nuevos riesgos. La abundancia de información no necesariamente conduce a una mayor comprensión de la realidad. Por el contrario, la proliferación de contenidos fragmentados, la difusión de noticias falsas y la dependencia de plataformas tecnológicas plantean interrogantes sobre el papel que debe desempeñar la universidad en la formación de ciudadanos capaces de analizar críticamente la información disponible. En este contexto, la función universitaria adquiere una relevancia renovada: formar sujetos capaces de pensar, discernir y actuar responsablemente en escenarios cada vez más complejos.
La universidad que queremos para el presente y el futuro debe ser capaz de responder a estas exigencias sin renunciar a sus principios fundamentales. Debe promover la excelencia académica sin caer en prácticas excluyentes; impulsar la innovación sin someterse a la lógica del mercado; fortalecer la investigación sin desvincularse de los problemas sociales; y formar profesionales competentes sin olvidar la dimensión ética de su quehacer. La calidad educativa, entendida en sentido amplio, no puede reducirse a indicadores de desempeño o rankings internacionales. Debe expresarse en la capacidad de las instituciones para contribuir al bienestar colectivo, ampliar las oportunidades de desarrollo humano y fortalecer la vida democrática.
Asimismo, la universidad debe asumirse como un espacio de construcción de esperanza. En sociedades caracterizadas por la incertidumbre, la polarización y el debilitamiento de los vínculos comunitarios, la educación superior tiene la responsabilidad de imaginar alternativas y generar condiciones para la transformación social. Esto implica reconocer que el conocimiento no es una mercancía, sino un patrimonio común que debe ponerse al servicio de la solución de los problemas públicos.
A más de dos décadas de la publicación de la obra de González Casanova, su llamado a defender el carácter público de la educación mantiene plena vigencia. La universidad que queremos no es aquella que responde exclusivamente a las demandas del mercado ni la que limita su función a la certificación de competencias laborales. Es una universidad comprometida con la formación integral de las personas, con la producción crítica del conocimiento y con la construcción de una sociedad más justa, democrática e incluyente.
En última instancia, el futuro de la universidad pública dependerá de nuestra capacidad para reconocer su valor estratégico y defender su misión histórica. Como señalaba González Casanova, la educación constituye una de las herramientas más poderosas para ampliar la libertad humana. Preservar y fortalecer la universidad pública no es únicamente una tarea de quienes trabajan en ella; es una responsabilidad colectiva vinculada al futuro mismo de nuestras sociedades.
Fuente:
Pablo González Casanova, La universidad necesaria en el siglo XXI, Era, México, 2001.