Inmensa consternación ha causado el fallecimiento del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, que en vida laboraba en el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México. Desafortunadamente, con cerca de 35 años de servicio, el pasado 21 de julio se quitó la vida, debido a una acusación de una estudiante hecha el 14 del mismo mes, por un presunto abuso o contacto indebido.
El video que ha circulado por las redes sociales en donde se observa y escucha al maestro dando su versión de lo acontecido habla por sí solo: niega categóricamente los hechos, pero también, enfatiza que la acción que estaba por realizar era un acto de rebeldía y protesta dadas las deficiencias del sistema de justicia penal y de los procesos administrativos.
Nuevamente un docente es enjuiciado de buenas a primeras; y no, no me refiero a la denuncia que la alumna haya hecho sobre el presunto tocamiento por parte del profesor, me refiero al juicio social y mediático que ipso facto genera una sentencia absoluta: él es culpable, sin que se hubiera iniciado el debido proceso.
Entiendo y entenderé que las leyes garantizan el bienestar de las niñas, niños y adolescentes (NNA); de hecho, en este mismo espacio informativo, he fijado una postura clara en defensa de las y los menores de edad por maltrato, acoso o abuso sexual infantil por parte de sus mayores, sean profesores o no, sin embargo, qué alternativa puede tener una maestra o maestro cuando muchas y muchos estudiantes lo acusan pública y falsamente solo porque la calificación obtenida en un examen o tarea no fue de su agrado, porque le pidió que guardara silencio mientras sus compañeros exponían un tema, porque tuvo que reportar su comportamiento ante el prefecto o directivos, porque lo sorprendió llevando una sustancia prohibida, porque le faltó al respeto a una chica o chico o porque le “mentó la madre” a cierta profesora, etcétera.
Peor aún, qué alternativa puede tener una maestra o maestro si ante tales actitudes o comportamientos de las y los estudiantes, las madres y padres de familia, en lugar de dialogar con sus hijas e hijos, de inmediato denuncian a las y los profesores por las redes sociales y organizan a otros padres de familia para “correrlo” de su centro de trabajo solo por ser un “mal maestro”, que se equivocó al intentar establecer ciertas normas y valores en clase que no las enseñan y exigen en casa.
Si lo anterior no fuera suficiente, qué alternativa puede tener una maestra o maestro cuando sus autoridades (de cualquier nivel) no mueven un solo dedo para salir en su defensa ante una acusación infundada, sobre todo, cuando hay todas las atenuantes o pruebas que determinan su inocencia o no culpabilidad sobre algo que se le acusa y, en su lugar, lo “ponen” a disposición de otras autoridades a las cuales “les vale gorro” su destino. En verdad, qué alternativa puede tener una maestra o maestro cuando en nuestro país no hay una legislación federal que garantice la protección de las y los profesores ante este tipo de acusaciones y, aunque se tuviera, LA SENTENCIA SOCIAL Y MEDIÁTICA EMITIDA será una marca que llevaría consigo por el resto de su vida solo por el simple hecho de ser denunciada o denunciado.
Es triste, penoso y lamentable enterarse día a día de casos como los del profesor Jasso que, si bien es cierto no terminan en suicidio, sí en medio de un caos e incertidumbre desmedida, ¿y todo por qué? Por intentar hacer su trabajo.
Repito, no niego que no haya trabajadores de la educación que, abusando de su condición han cometido semejantes atrocidades en contra de un menor de edad; eso es innegable, como también es innegable el que haya estudiantes, muchas veces apoyados (por no decir solapados) por sus mismos padres, que denuncian falsamente a sus profesores.
No es ahorita, dese hace un buen rato, varios docentes, investigadores, académicos, columnistas, etcétera, han dado cuenta del tremendo “embudo” que esta situación ha generado en el sistema educativo; se ha convertido en problema real al que, hay que decirlo, la autoridad educativa y gubernamental no le quiere entrar.
No es desconocido que, en nuestro país, la protección legal y administrativa para el profesorado frente a acusaciones falsas de alumnos o de violencia o acoso por parte de sus tutores se encuentra fragmentada. Insisto, se entiende que las NNA sean una prioridad para el estado, sin embargo, ES EVIDENTE la existencia de vacíos probatorios que dejan en estado de indefensión o desprotección defensiva a las y los maestros.
Se supone que existe un marco legal y de derechos humanos al que un profesional de la educación puede acudir o ampararse en caso de una acusación o denuncia infundada, por ejemplo, la Ley General de Educación en su artículo 90 y 93, reconoce a las y los profesores como agentes fundamentales del proceso educativo y mandata la protección de su integridad laboral y profesional. También, el artículo 20 Constitucional, sobre la presunción de inocencia, establece que ninguna persona debe ser considerada o tratada como culpable ante una simple acusación o señalamiento administrativo o penal hasta que exista una resolución fundada. Y, para finalizar, no hay que perder de vista que en los códigos penales federal y estatales existen penas para quienes rindan testimonios falsos ante las autoridades, sin embargo, pese a lo anterior, se sabe que cuando la acusación proviene de un menor de edad, el proceso para acreditar el dolo o la manipulación ejercida por terceros es demasiado complejo.
En el ámbito legislativo ya se han propuesto y aprobado algunas reformas sobre este tema, pero, desafortunadamente, dichas aprobaciones y su contenido difiere por entidad, por ejemplo: a) en Aguascalientes, el congreso aprobó reformas en su código penal agregando agravantes específicas a los delitos existentes de falsedad de declaraciones y difamación digital; sanciona penalmente a quien mienta ante el ministerio público para fabricar un delito a un docente en el ejercicio de sus funciones y castiga el uso de plataformas digitales para emprender linchamientos mediáticos contra las y los profesores; b) en Tlaxcala ya se cuenta con una ley que sanciona penalmente las acusaciones falsas contra el personal docente y educativo; específicamente, se tipificó como delito la presentación de querellas o denuncias basadas en hechos falsos o inexistentes a sabiendas de su falsedad y, cuando exista una agravante por afectación laboral del docente (ya sea que se le haya separado parcialmente de su centro de trabajo, suspendido o cesado), la pena de prisión podría incrementarse hasta en una mitad adicional.
Llegado a este momento de la lectura se podría comprender que hay un vacío legal en todo este asunto; en primer lugar, porque la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes exige actuar a las autoridades bajo el interés superior de la niñez, cuestión con la que estoy completamente de acuerdo, de ahí que sea pertinente la separación cautelar de la o el maestro para evitar un riesgo procesal; en segundo lugar, porque es evidente LA FALTA DE SIMETRIA PROCESAL, porque mientras la Constitución garantiza la presunción de inocencia, en la práctica administrativa de los planteles escolares la separación del aula funciona como una sanción social previa.
Es claro que es necesario trabajar en un artículo constitucional o ley federal específica que concilie la protección a la infancia con la protección al docente. Como se ha visto, hay estados de la República Mexicana que ya dieron el primer paso, ¿cuándo se discutirá en la cámara de diputados y senadores?
No, no estoy de acuerdo con algunas declaraciones que han señalado que “si no era culpable el profesor por qué se quitó la vida” o el “se hubiera matado antes”; quienes a diario transitamos en los espacios escolares, sabemos que suceden infinidad de eventos entre profesores y estudiantes que hacen pensar en lo difícil que se ha vuelto ejercer esta profesión en los últimos años.
Ojalá que en casa se fomentara y/o enseñara los valores tan necesarios en estas épocas, y que en las escuelas se volviera a dialogar (las veces que sean necesarias) sobre los grandes retos y desafíos que enfrenta esta profesión.
La denuncia por el simple hecho de ser denuncia no debería dejar de existir, sin embargo, ¿no acaso todas y todos nos convertimos y verdugos una vez que esa denuncia se hace pública a través de las redes sociales?
Tremendo dilema al que nos enfrentamos en estos días.
Descanse en paz el profesor Jasso.
