A casi ya un sexenio de puesta en marcha la reforma educativa 2013 en México, es conveniente realizar una valoración de sus posibles alcances y límites. Es un momento pertinente para realizar una serie de balances acerca de las orientaciones y acciones que le dieron vida a la reforma vigente. La finalidad es poder reflexionar sobre el curso de acción de esta política educativa. Es importante contemplar las acciones que formula el Estado y los elementos que intervienen en las políticas educativa. Pues una cuestión es las acciones que el Estado implementa debido a las orientaciones de los diferentes organismos internacionales (OCDE, UNESCO, Banco Mundial) y, otra, es cómo se desarrolla en la realidad y con los niveles de influencia de los diferentes actores En este sentido, es necesario identificar cuáles son los elementos que constituyen una política educativa y qué elementos influyen en las acciones de la política educativa.
De acuerdo con Pedró y Puig (1998:23), los elementos que constituyen una política educativa son:
1) Contenido: una política educativa se adopta para conseguir unos resultados concretos.
2) Programa: en un principio una política educativa no es una sucesión de actuaciones o decisiones inconexas, sino que se debe presuponer que unas y otras se adoptan con la coherencia de un programa político, en el sentido de una línea consistente de actuación mantenida a lo largo del tiempo.
3) Orientación normativa: las decisiones que se adoptan y que configuran una política educativa presuponen en los decisores una voluntad orientada a establecer normas, a aprobar leyes.
4) Un factor de coerción: quien adopta una política, para garantizar que se llevará a la práctica, debe estar investido de autoridad suficiente y, por tanto, debe tener legitimidad para hacerlo. El factor de coerción presupone que las políticas, lógicamente, pueden llegar a ser impuestas y, por supuesto, también resistidas.
5) Competencia social: una política se define por su competencia, es decir, por afectar a un sector concreto. Los actos y disposiciones implicados por una política educativa afectan a la situación, los intereses y comportamientos de los administrados.
Una vez que tenemos algunos de los elementos que constituyen a una política educativa, es pertinente identificar cuáles son los aspectos bajo los cuales se configuró la reforma educativa actual.
En cuanto al primer elemento, se puede identificar a la evaluación como el corazón de la reforma educativa. La evaluación se convirtió en el tema y discurso esencial de las autoridades y los diversos medios de comunicación. La evaluación de los docentes tenía que concretarse. En este tenor, hay algunos aspectos que dificultaron su concreción y que se deberían de repensar: a) El número de docentes evaluados hasta ahora es menor al que se esperaba, esto principalmente obedeció a situaciones de carácter técnico y político. En cuanto al primer aspecto, hubo diversas dificultades, como: el constante cambio de fechas para la evaluación, problemas con los equipos de cómputo e internet, situaciones adversas al momento de colocar las evidencias en la plataforma, entre otros. En cuanto a lo político, la evaluación no se pudo llevar a cabo al mismo tiempo en todas las entidades, pues la CNTE jugó un papel fundamental para que no se realizara en tiempo y forma. Además, habría que referir que la evaluación para el ingreso al servicio educativo, no se oferta con la misma dinámica en las distintas entidades. Por ejemplo, en el estado de México se oferta un número muy limitado para el ingreso a la docencia. Paradójicamente, es la entidad con el mayor número de docentes. Lo anterior nos indica que el tener una evaluación idónea no es garantía de acceso al servicio educativo, pues ello depende del número de plazas disponibles (las plazas se asignan de acuerdo al orden de una lista de prelación) y que oferte la entidad, pues al parecer no se ofertan todas, pues no corresponden con el número de docentes faltantes en las escuelas. Es decir, discrecional.
La otra cuestión, es que no sabemos si propiamente el servicio educativo capta a los docentes idóneos o, de lo contrario, habría que revisar la estructura del examen para conocer si realmente mide lo que tiene que medir. En un estudio que realizan Cordero Arroyo y Jiménez Moreno (2018:17) identifican que los resultados de los egresados de las escuelas Normales son mejores que los de otras formaciones universitarias; sin embargo, refieren que es necesario cuestionar si el medio que se utiliza para la identificación es realmente sensible a las características de una formación específica para el trabajo del aula. Es un aspecto que quizá habría que repensar en las próximas evaluaciones, pues el impacto que tienen estas evaluaciones en la vida de un docente, es crucial, pues lo puede dejar fuera o adentro del servicio educativo, así como posibilitar o no, una práctica docente que aspire a la calidad de acuerdo a los marcos de referencia bajo los cuales se sustentan las pruebas a las que se somete.
En relación al segundo aspecto, tiene como denominador común la evaluación al desempeño docente y acciones encaminadas a su logro como mecanismos para: la evaluación para el ingreso, la permanencia, la promoción y el reconocimiento, sobre las que tendríamos que reflexionar. Por ejemplo, una de las acciones que se emprendieron para apoyar a los docentes nóveles o a los que obtuvieron resultados no favorables en su primera evaluación, fue la tutoría. Sin embargo, la tutoría hasta el momento tiene deudas importantes con el magisterio, pues realmente no cumple con su enmienda. Los motivos son diversos, por ejemplo: destinar mucho tiempo a la tarea de tutor, un incentivo económico que se entrega después de cumplir dos años consecutivos con esa labor, muchos requisitos para ser tutor, además de que no hay una capacitación a los tutores (Aldrete, 2017). La tutoría se convierte en un requisito administrativo a cumplir, más que una labor de tipo pedagógica.
Otro elemento que se enlazó a la evaluación fue la formación docente, con el objetivo de trabajar para mejorar la práctica docente. Sin embargo, hay una tendencia a la evaluación de la rendición de cuentas y no una evaluación para la mejora (Cajiga y Moreno, 2016). La formación docente no es una ocupación primordial para las autoridades, al parecer, la evaluación tiene un peso que se carga a la rendición de cuentas y al control que se pueda ejercer sobre los docentes.
Por otro lado, la aprobación de leyes, se dio. El punto importante es, cómo se desarrolla, cuál ha sido su comportamiento. En un primer momento, se percibe que las prácticas discrecionales de ingreso al servicio educativo no han terminado, incluso el presidente del INEE, Eduardo Backhoff señala que “cambiar los usos y costumbres de conceder plazas por amistad o interés de quienes tenían o todavía tienen dicha atribución es una tarea difícil que hay que ganar todos los días” (la jornada, 8 de agosto del 2017). El hecho de que el gobierno federal haya centralizado ciertas decisiones, ello no implica que la actuación del sindicato se haya aniquilado, posiblemente, tomó otro lugar y se valió de diferentes mecanismos para hacerse presente.
De acuerdo con Sarason (2003), cuando la política educativa opera con las mismas estructuras organizacionales del pasado, se le mira pocas probabilidades de éxito y más dificultades. No se pueden seguir diseñando e implementando acciones si no hay una dinámica distinta en el servicio educativo. Por ello, es relevante que se haga una reflexión de los elementos que constituyen la reforma educativa y de los aspectos que influyen en el curso de acción de la política educativa, pues no se puede tener solo una mirada racional de las acciones.
