Como es de esperarse, cada que hay una movilización social cuyas demandas son justas y legítimas, diversos medios de comunicación, especialmente aquellos que son afines al gobierno o que ven afectados sus intereses corporativos, emprenden una campaña de criminalización, desinformación, desprestigio, crítica punitiva y hasta de odio en su contra.
Lo que en hemos presenciado en los últimos días entorno a la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no es la excepción, porque el lenguaje que han empleado estos medios, ha buscado encuadrar su protesta no como un reclamo laboral justo y, como decía, legítimo, sino como un acto de sabotaje, desorden y agresión a la ciudadanía, por ejemplo, aquí algunos títulos hallados en la red o leídos durante la trasmisión de ciertos noticieros: “La CNTE amenaza la logística del Fan Fest en el Zócalo”, “Chantaje magisterial: CNTE usa el mundial de rehén para presionar al gobierno”, “Con la consigna si no hay solución no rueda el balón, la CNTE asedia la inauguración”, “A la sombra del mundial, la CDMX se encuentra asediada por bloqueos de la CNTE”, “Caos urbano, maestros ahorcan la circulación y secuestran las principales vías de la capital”, “La CNTE toma como rehenes a millones de automovilistas y usuarios del transporte”, “CNTE se la cobra a negocios, ¿cuántos millones de pesos ya perdieron por bloqueos”, “Plantón frena la reactivación, comerciantes del centro histórico exigen desalojo de la CNTE” y “Sheibaum califica de provocación las protestas de la CNTE antes de la inauguración”.
Resulta obvio que, al priorizar la información sobre las pérdidas económicas, el tránsito vehicular o la pérdida de la “imagen mundialista” en lugar de las demandas de fondo que son las pensiones dignas y salarios justos se logra un efecto punitivo, porque se aísla socialmente a las y los integrantes de la CNTE, tienden a desgastar la simpatía hacia el gremio y se construye un consenso de que, por ejemplo, el retiro de los campamentos en el centro de la ciudad es una necesidad de orden público. Esto, desde luego lo sabe y conoce muy bien un gobierno neoliberal vestido de izquierda; tan lo sabe y lo conoce que, desde el pulpito presidencial, se ha expresado un discurso que iguala esta movilización a la derecha como si fueran o representaran lo mismo, pero también, se victimiza al afirmar que siempre ha estado abierto al diálogo pero que la Coordinadora responde a un interés político en un intento de afectar la imagen de México ante el mundo. Nada más falso que eso.
Se ha dicho hasta el cansancio, pero muy pocos medios de comunicación así lo han reportado, que la presidenta Sheinbaum en plena campaña electoral prometió la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007; promesa que, hay que decirlo, también fue de su antecesor López Obrador, sin embargo, ni este ni la actual mandataria nacional cumplieron o han cumplido con lo que prometieron. En su lugar, un discurso vacío y lleno de soberbia se ha expresado: es imposible derogar esta ley porque no hay recursos para ello. En el fondo de estas palabras subyace una defensa irrestricta a los dueños de las AFORES (Administradoras de Fondos para el Retiro) y a las cantidades millonarias que les llenan los bolsillos cada año. Parece que se les olvida que muchos sabemos que, en México, operan actualmente 10 de estas administradoras cuyas ganancias dejarían a más de uno boquiabierto.
Aquí hago un paréntesis para señalar que, tras la reforma de 2007, las y los trabajadores de la educación que ingresaron al servicio a partir de ese año, así como los que optaron por el esquema de capitalización individual y no por el décimo transitorio ante una clara falta de información en ese año y anteriores, se distribuyeron a diversas Afores, resaltando las “beneficiadas”: Afore PENSIONISSSTE, Afore Banorte u otras privadas a las que el magisterio migró por no contar con otra opción porque por Ley tenía y tiene que cumplirse. En fin.
La principal ganancia de estas administradoras no se da por “los rendimientos” como bien pudiera pensarse, sino por el cobro de comisiones obligatorias sobre el saldo total acumulado de la cuenta individual de cada maestro o maestra. El mecanismo de cobro es un tanto sencillo de explicar: independientemente de que los mercados financieros nacionales o internacionales tengan un año de pérdidas o de ganancias, las Afores cobran puntualmente su porcentaje cada mes por el simple hecho de administrar y custodiar el dinero de las cuentas.
Desafortunadamente la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) no desglosa públicamente las utilidades netas que provienen exclusivamente del sector magisterial, dado que los recursos de las y los maestros se unifican en Sociedades de Inversión (Siefores), sin embargo, la magnitud del negocio se hace evidente al observar las ganancias globales del Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) donde este gremio representa uno de los fondos estables más robustos, de ahí que se entienda que, al cierre de los periodos anuales recientes por ejemplo, el cobro general de comisiones supere los 19 mil millones de pesos. De hecho, se dice que, existen algunos reportes de la CONSAR donde se observan las utilidades netas del conjunto de las Afores, mismas que rondan los 14 mil o 15 mil millones de pesos anuales.
Con lo anterior, ¿podría comprenderse por qué no son tocadas ni con el pétalo de una rosa dichas Afores?
Ahora bien, la propuesta de Martín Batres, director del ISSSTE (curiosamente simpatizante de los movimientos sociales como los de la CNTE antes de que fuera “gobierno”) es una tomada de pelo, simple y sencillamente porque no rompe con el esquema de cuentas individuales establecido en la reforma de 2007, es decir, se trata de un nuevo enfoque híbrido que busca expandir la presencia y rectoría del sector público dentro del sistema vigente pero que en absoluto toca el sistema establecido mediante Afores, porque PENSIONISSSTE es eso, una administradora que, si bien es cierto no es privada sino pública, mantiene el esquema establecido que, también hay que decirlo, no fortalece ni mejora la pensión después de la jubilación, aún y cuando sea complementada con el fondo de pensiones para el bienestar, porque, como su nombre lo dice, es un fondo o “parche asistencial” de corto plazo; esto porque: a) las fuentes de su financiamiento son limitadas y extinguibles, b) es un “complemento” no una tasa de reemplazo garantizada por ley, c) el factor demográfico y la insostenibilidad a mediano plazo influyen en demasía (la edad de jubilación propuesta por el actual gobierno genera y generaría una presión fuerte al gasto público), d) no rompe con la lógica mercantil de la ley de 2007 (porque opera encima del modelo de capitalización individual sin tocarlo, como ya he dicho).
En resumidas cuentas, para aquellos que argumentan a favor de quien se encuentra en el poder en estos momentos, hay una clara defensa de un mecanismo neoliberal impuesto por el calderonismo en su momento; quien diga que no, se equivoca. Preguntémosles a este gobierno por qué no comenzar por una migración voluntaria colectiva del magisterio, es decir, por qué no se reforma la ley para que se construya un esquema de migración al régimen del artículo décimo transitorio de todos aquellos que se encuentran en cuentas individuales, o bien, por qué no se elimina la UMA para el cálculo de las pensiones.
Sí, ya sé, la respuesta sería “es imposible” porque no hay recursos para ello, sin embargo, insisto, en tal postura subyace una defensa irrestricta a las Afores y, en general, al neoliberalismo.
Con esta última idea preguntó: ¿quién parece ser un aliado de la derecha?, ¿la CNTE que ha tenido esta misma demanda desde el 2007 o el actual gobierno? Entonces, ¿el segundo piso de la cuarta transformación es un lobo con piel de oveja?
Bien se dice que “el que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen”.
Al tiempo.
