La actual reforma educativa no tiene parangón en la historia porque ataca un grave problema de la educación nacional. La expresión principal de este problema fue la compra y venta de plazas. Todavía en años recientes cualquier persona, sin importar credenciales o calificaciones, podía obtener una plaza de profesor a cambio de dinero.
El origen de este problema se remonta a la segunda mitad del siglo XX, con la expansión espectacular que experimentó la matrícula y la ausencia de un sistema moderno de planeación y gestión de la carrera profesional de los docentes.
Hubo, además otro fenómeno. Comenzó a darse, lo que un académico ha llamado la colonización de las esferas directivas de la educación. Los sindicatos, usando su fuerza política, comenzaron a colocar en los puestos directivos de la educación nacional a amigos, cómplices o aliados.
Este proceso condujo, a la postre, a la gestación de un ordenamiento viciado. Al controlar los puestos directivos, los líderes sindicales actuaban, simultáneamente, como representantes de los trabajadores y como sus patrones. Se estableció así una relación viciada que favoreció la corrupción y el clientelismo.
Este modelo cristalizó incluso en estados, como Oaxaca y Michoacán, donde los profesores, disidentes de la corriente sindical oficial tuvieron acceso a la dirección educativa. Es el caso de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y del IEEPO de Oaxaca.
En este marco se produjo un estancamiento educativo y una progresiva caída de los aprendizajes de los niños. Hay múltiples evidencias sobre este tema (Guevara, G. 2016). Los vicios en el modelo de gestión contribuyeron a desprofesionalizar el trabajo docente y a generar un caos en la esfera administrativa del sistema educativo.
Durante décadas los gobernantes aplicaron una política de laxitud o complicidad con las élites sindicales (después de todo, los sindicatos de maestros son una fuerza que interesa a cualquier político). Esta política se modificó en 2012 cuando los principales partidos políticos tomaron cartas en el asunto y se decidieron a hacerle frente.
La reforma educativa de 2012 buscó, sin ambages, atacar de frente el problema. Para acabar con la arbitrariedad era necesario crear un sistema de gestión de la carrera docente con base el principio del mérito profesional. Esto significaba que el nuevo modelo se apoyaría en el principio de otorgar plazas y puestos a cada quien de acuerdo con su mérito.
El mecanismo más apropiado para definir el mérito profesional es la evaluación. La Ley General del Servicio Profesional Docente, aprobada en 2013, estableció que el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de los docentes se harían con base en concursos de oposición basados en evaluaciones. Poner en práctica este nuevo sistema ha sido una empresa enorme.
Su instrumentación tropezó con dificultades, tanto políticas como técnicas. Hubo que remontar los obstáculos que surgieron del caos administrativo, de las restricciones de tiempo y de la magnitud de la tarea. No obstante, se puso en práctica y hasta el momento actual 750 mil docentes han participado en las distintas evaluaciones.
Muchos opinan que el nuevo modelo de gestión de la carrera docente es perfectible. De acuerdo, lo que no debe ocurrir, en ningún caso, es suprimirlo y pretender regresar al orden antiguo que tanto daño hizo a la educación nacional.
Fue publicado en Campus Milenio
