Por: Junta de Gobierno del INEE.
Producto de la Reforma Educativa, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) está obligado a rendir cuentas de su actividad. Además de los informes que anualmente publica cumpliendo con esta responsabilidad, en 2018 dio a la imprenta el cuadernillo INEE: cumplimiento de sus mandatos y principales resultados, que contiene una visión condensada del trabajo de la institución. El texto transcrito a continuación se extrae de las “Conclusiones” de dicho documento.
“En la implementación de los mandatos constitucionales y legales se ha puesto de manifiesto que evaluar la educación obligatoria es una tarea compleja que implica ir más allá del aprendizaje de estudiantes en sus resultados cognitivos, para abordar también los no cognitivos, así como otros ámbitos de su formación como personas y ciudadanos. Supone, además, colaborar en la Evaluación del Desempeño Docente y de las autoridades escolares, y evaluar programas, currículo, materiales, intervenciones pedagógicas e institucionales, innovaciones y toda una gama de tareas asociadas al financiamiento, la formación y la actualización docentes, la cobertura, la equidad y la inclusión educativa. Con lo anterior, el Instituto amplió sus tradicionales objetos de estudio a través de la evaluación y ha intensificado sus tareas, acciones y proyectos de medición, evaluación y difusión de resultados..
”En esta tarea, las evaluaciones que realiza el INEE han sido técnicamente sólidas y objetivas. Al mismo tiempo, se ha buscado que sus propuestas de mejora y transformación sean viables y cuenten con el suficiente soporte normativo y técnico, lo que se ha expresado en los lineamientos y las directrices que emite. Adicionalmente, el principio de justicia en las evaluaciones, respetando los derechos de los sujetos evaluados y priorizando los temas de imparcialidad, igualdad y equidad, ha sido un reto, sobre todo en el caso del ejercicio de la función reguladora, puesto de manifiesto en los procesos de validación y supervisión, en particular, cuando la evidencia muestra que el principio de justicia se violenta.
”La Junta de Gobierno del INEE es consciente de la responsabilidad que significa fomentar que la información producida, tanto por las evaluaciones como por sus procesos, no pase sin mayor uso a formar parte de los libreros de los funcionarios o los académicos. Por ello realiza importantes acciones para mejorar la comunicación de los resultados de las evaluaciones a los responsables de las políticas. El mandato de contribuir a la garantía del derecho a la educación de calidad obliga a tener en cuenta, desde el inicio de todos sus trabajos, el de garantizar su uso, relevando el aporte de la información a las acciones en materia de educación de todos los actores, desde las autoridades hasta las aulas. Así, se reconocen avances en las publicaciones especiales dedicadas a funcionarios y docentes, o el diseño y la puesta en marcha de un banco de datos y resultados de evaluaciones, el Sistema Integral de Resultados de las Evaluaciones (SIRE). Sin embargo, falta mucho todavía para que la información producida sea un insumo regular en el diseño y la implementación de políticas educativas, y el trayecto es aún largo para llegar a los consejos técnicos escolares, a las aulas o a los padres de familia como usuarios consuetudinarios y efectivos de las salidas de información o los instrumentos normativos, e incluso, de las recomendaciones de políticas que produce el Instituto.
”De manera especial, es necesario destacar el mandato constitucional planteado al INEE respecto a la coordinación de un sistema que antes no existía: el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE). La norma actual faculta al Instituto para establecer relaciones con la autoridad educativa federal y las autoridades educativas locales, convirtiéndolo en una autoridad que organiza las acciones correspondientes a la evaluación de la educación con distintos niveles de gobierno. Con ello se ha generado un nuevo modelo de distribución de competencias en materia de evaluación educativa en el que tanto las autoridades educativas, partícipes del SNEE, como el INEE tienen atribuciones de evaluación. Ante esa nueva configuración en la que el Instituto se convierte en autoridad en evaluación, se han tenido que cimentar y conseguir los acuerdos, así como la coordinación necesaria para hacer efectiva la concurrencia en la materia.
”Por ello se ha construido un andamiaje de interacción entre los actores involucrados. La tarea de articulación no ha sido sencilla, pero producto de esta intención y labor, en conjunción con la autoridad educativa federal y las autoridades educativas locales, hoy, la Política Nacional de Evaluación de la Educación (PNEE) y todos los instrumentos que la acompañan han sido elaborados a partir de un proceso de construcción colectiva que ha permitido, además, el fortalecimiento de profesionales especializados en evaluación en los niveles estatales, así como la recuperación de sus iniciativas, abonando con ello a la operación de un federalismo efectivo. Queda pendiente, sin embargo, el seguimiento y la profundización de esta labor de promoción y desarrollo de capacidades evaluadoras en los estados, siempre en el marco de una política nacional que asegure la búsqueda del objetivo común de mejora de la calidad.
”Para finalizar, conviene señalar que hay algunos asuntos no resueltos que exigirán mayor atención en el futuro inmediato. Un tema por explorar tiene que ver con las articulaciones y el posible traslape en los objetos de atención y análisis del INEE con otros organismos autónomos, como la evaluación de políticas educativas, que por su naturaleza son consideradas parte de la familia mayor de políticas de desarrollo social. Otro asunto de altísima relevancia tiene que ver con el hecho de que las evaluaciones y las directrices efectivamente incidan en decisiones de mejora de la educación en todos sus niveles. Estas mejoras deberán hacerse evidentes y palpables, no sólo para políticos y funcionarios, sino para cualquier comunidad escolar, padres de familia, organizaciones de la sociedad civil y público en general. Estos temas sin duda se mantienen como preocupaciones y retos en la agenda de acción del INEE autónomo a futuro, consciente siempre de que su resolución pasa no sólo por la consideración de aspectos técnicos, sino, sobre todo, por una dimensión de política pública y desarrollo institucional”.
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (INEE) (2018). “Conclusiones”. En INEE: cumplimiento de sus mandatos y principales resultados, 29-30. Ciudad de México: INEE.
