Cuando está por cumplirse un mes desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de México, los poderes fácticos y los conservadores derrotados por más de 30 millones de votos han reaccionado con virulencia inusitada frente a las primeras acciones, políticas y programas de gobierno.
Aún cuando pretenden encubrir detrás de una aparente imparcialidad ideológica y política, el objetivo de desfondar la Cuarta Transformación, lo cierto es que a través de sus fundaciones o aliados en las organizaciones de la sociedad, han puesto en marcha una estrategia, con al menos tres dimensiones.
En el plano mediático, lo que es una virtud democrática, como la polémica alrededor de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de suspender la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y del derecho de los poderes de defender sus posiciones, es presentada como una catástrofe.
Al respeto, los voceros que defienden los privilegios de los ministros sostienen que la austeridad republicana y la reducción salarial de la “burocracia dorada” es una evidencia de la intención de transgredir la autonomía de los poderes.
En el campo económico, la arremetida abarca la censura del discurso presidencial acerca de los funestos saldos del neoliberalismo en materia de pobreza, desigualdad, inseguridad, violencia y corrupción; y también se manifiesta a través de diversas patrañas, que buscan descarrilar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, con la intención de limitar el financiamiento a: seguridad pública, Tren Maya, Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Plan Nacional de Refinación o Plan Nacional de Electricidad.
La acometida política, por su parte, se desarrolla en múltiples terrenos: descalificación de la eventual institucionalización de las consultas populares; denuncia sobre la presunta regresión a los viejos usos del PRI y la reinstauración de un presidencialismo omnipotente; desencadenamiento de una guerra psicológica encaminada al supuesto establecimiento de un régimen similar al de Chávez y Maduro. Por su lado, las contradicciones, los debates internos y las pifias de los legisladores de Morena, tiene la finalidad de mermar su unidad política y debilitar su cooperación con quien hoy gobierna.
Estos son algunos desafíos y el tamaño de la ofensiva que debe sortear con inteligencia el nuevo gobierno. Para ello, más allá de la fuerza política y social de Morena, requerirá consolidar la confianza de la base popular. Pero de nada sirven actores como el actual usurpador de la dirigencia del SNTE, cuyas acciones iniciales han sido: infringir acuerdos en torno a la institucionalización del voto universal, directo y secreto; desafiar al poder presidencial al reclamar su permanencia hasta 2024; y, al imponer comités ejecutivos seccionales incondicionales de la camarilla que quiso arrodillar los trabajadores de la educación frente a Enrique Peña Nieto, Emilio Chuayffet, Aurelio Nuño, José Antonio Meade y Enrique Ochoa.
Por lo visto, la facción comandada por los judas Juan Díaz y Alfonso Cepeda no quiere entender que el país avanza hacia un verdadero cambio democrático.
Artículo publicado en El Heraldo de México.
