Nadie duda de que una aspiración nacional es contar con ciudadanos informados, productivos y comprometidos con el país. Asimismo, la inmensa mayoría de mexicanos pensamos que para lograr esta aspiración es necesario contar con un sistema educativo capaz de formar a este tipo de personas. De aquí que la reforma educativa busque asegurar el derecho de todos los niños y jóvenes del país a recibir una educación de calidad que les permita adquirir el máximo aprendizaje posible.
La reforma educativa centra su atención principalmente en un componente esencial del sistema educativo: la profesionalización de los docentes. La premisa inicial es que no es posible tener buenos resultados educativos si no se cuenta con maestros bien formados. De aquí que la apuesta que se hizo fue cambiar los procesos para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los profesores de la educación obligatoria que imparte el Estado. La idea es contar con los mejores docentes, para lo cual se privilegió el mérito personal y la superación profesional. Lo que se espera con este cambio es mejorar la planta docente, así como la de quienes tienen funciones directivas (directores, subdirectores, supervisores, etcétera).
Sin embargo, no basta contar con mejores maestros para tener buenos estudiantes. Se requiere atender por igual otros componentes del sistema educativo que, hoy por hoy, actúan en contra del aprendizaje de los estudiantes. Tales son los casos de la pobre infraestructura de los centros educativos, la falta de equipamiento escolar, los programas y materiales educativos desactualizados, las prácticas pedagógicas memorísticas, la falta de participación social, así como la falta de autonomía de las escuelas y la gestión de los directores que privilegia la función administrativa. Por ello, y con justa razón, un reclamo que se le hace a la reforma educativa es que sólo atiende la parte de los docentes, como si los demás componentes no tuvieran un peso importante en el funcionamiento del sistema educativo y no debieran de atenderse en forma simultánea. De aquí la exigencia del sector magisterial y del sector académico de que se formule un modelo educativo integral y que no sólo se atienda la parte laboral del magisterio.
En este momento, y hasta que no se aclare en qué consistirán los demás cambios, las críticas a la reforma tienen sentido. Hay que explicitar cómo se atenderán los demás componentes del cambio educativo: cómo se piensa tener mejores escuelas y qué cambios tendrán los nuevos planes y programas de estudio, que no sea otro que un cambio en los contenidos (que, por cierto, en el pasado no han mejorado los resultados). Pero, especialmente, ¿cómo se mejorarán los procesos educativos de tal manera que la gestión escolar (la del maestro, la de los directivos y la de las autoridades educativas) esté orientada en el aprendizaje de los estudiantes?
Esta última pregunta es pertinente si se recuerda que en la encuestas, nacionales e internacionales, que se le han hecho a los docentes y directivos sobre sus prácticas escolares, destaca su preocupación por el tiempo excesivo que le dedican a cumplir con diversas tareas administrativas, que francamente compiten con el aprendizaje de los estudiantes. Por ello, así como necesitamos mejores docentes, programas y centros escolares, es necesario contar con mejores procesos educativos (no sólo pedagógicos), dentro y fuera de la escuela, que trabajen coordinadamente para cambiar de una cultura centrada en los procesos administrativos, a una cuyo centro de atención sea el aprendizaje de los estudiantes. Un indicador de estar logrando este cambio será el interés de los estudiantes por aprender. Sólo así podremos aspirar a tener una educación de calidad y, con ello, garantizar el derecho que tienen los niños y jóvenes del país a lograr el máximo aprendizaje posible, como lo marca la Constitución y como es la aspiración de la mayoría de los mexicanos.
