En los días pasados y por segunda vez en el año, el tema central en el Congreso ha sido la educación. Hace unos meses, cuando la reforma constitucional, Acción Nacional advirtió que a pesar de que contenía muchos aspectos positivos tenía también un dardo envenado (por ello votamos en contra) y en menos de cinco meses se confirmó nuestra advertencia: la educación fue entregada a los intereses corruptos de la auténtica mafia del poder.
Los tres ordenamientos secundarios impulsados y aprobados por Morena y por sus aliados son la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, y la Ley del Organismo de Mejora Continua de la Educación, pero irónicamente el debate no fue sobre temas educativos sino sobre temas laborales.
El derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes de México pasó a segundo plano ante los intereses laborales de unos cuantos maestros, y el presidente López Obrador prefirió sacrificar el futuro y los sueños de millones de mexicanos, con tal de mantener su alianza política con cuatro de las 60 secciones que tiene el sindicato de maestros.
Según lo aprobado en la Cámara de Diputados, los egresados de las Normales y de la Universidad Pedagógica Nacional tendrán plazas automáticas y esto además de que viola la Constitución al entregar la rectoría de la educación (que es y debe ser del Estado) a un pequeño grupo de personas, rompe con el esquema de concurrir a un concurso libre para ganar una plaza por mérito académico, no por favores sindicales.
La evaluación fue prácticamente eliminada e incluso el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue degradado a una simple “comisión”, cuyo objeto es la mejora educativa, no la evaluación magisterial.
No está de más señalar dos puntos adicionales, el primero es que no existe una evaluación de impacto presupuestal y por lo tanto no hay manera de garantizar que lo aprobado sea viable. El segundo es que también se violó el proceso legislativo en la aprobación de las leyes citadas y se legisló a espaldas de los ciudadanos e incluso a espaldas de la oposición.
Con la reforma aprobada la educación fue derrotada pero aquí no termina la batalla. Los legisladores del PAN iremos a tribunales porque se está violando la Constitución cuando menos en cuatro aspectos evidentes: se viola el principio de interés superior de la niñez a una educación de excelencia, se viola la Rectoría del Estado y se violan las condiciones de igualdad a las que concurrirán los aspirantes a los procesos de selección.
Artículo publicado en Siempre.mx
