Una reforma representa un cambio a nivel sistema en las “reglas del juego” para darnos una mejor idea de “qué debemos y podemos hacer”. Una transformación, en cambio, implica cambiar leyes, políticas, prácticas y actitudes, “lo que realmente hacemos”. La transformación de la educación pasa necesariamente –pero no exclusivamente– en comunidades escolares, y requiere de un acompañamiento constante desde el sistema educativo. Con las reformas de 2013 logramos, como país, avanzar en construir procesos para el ingreso y la promoción docente, desarrollar un perfil con formación específica para directores, apoyar la gestión escolar en escuelas marginadas, realizar el primer censo del sistema educativo y poner orden a la nómina docente federalizada, entre otros.
Pero no se logró transformar la realidad, principalmente porque no se brindó a los agentes de cambio –funcionarios en secretarías de educación estatales, supervisores y asesores a nivel zona, directores, maestros, estudiantes y sus familias, y actores sociales– el acompañamiento que necesitaban para ser transformadores activos de la educación.
La administración pasada erró porque no apoyó lo suficiente a las personas para que pudieran comprender, apropiarse de e implementar una nueva visión de la educación. Las reformas de 2013 no se tradujeron en una transformación significativa en el país.
A seis años de distancia, tenemos una nueva reforma constitucional y, en estos días, su aterrizaje en la legislación secundaria. Atestiguamos peleas por las plazas, por quién va a tener el poder de decidir quién puede ser maestro y con base en qué criterios. Pero, de nuevo, poco se escucha sobre cómo vamos a apoyar a las personas adentro del sistema para que puedan transformar realidades.
Lograr las aspiraciones de esta reforma significa garantizar que cada escuela cuente con un acompañamiento efectivo que promueva el desarrollo de la misma como una comunidad de aprendizaje inclusiva, integral, intercultural y de excelencia. Esta garantía representa una de las deudas más importantes de la pasada administración, que no logró poner en marcha el Servicio de Asistencia Técnica a las Escuelas.
Pero si se aprueban las iniciativas de legislación secundaria como están, la nueva administración empezaría con el pie izquierdo. El nombrado Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas recibe un tratamiento inadecuado: no se establece la necesidad de desarrollar perfiles para la asesoría, ni procesos de selección que cumplan los criterios de ser públicos, transparentes, equitativos e imparciales; deja en manos de la SEP la decisión sobre quiénes podrán llegar a ser asesor técnico (AT) o técnico pedagógico (ATP) y los criterios y procesos para esto. Y al definir estos puestos como de “reconocimiento” temporal, difícilmente se subsanará el reto histórico de contar con suficientes asesores para acompañar a todas las escuelas; peor aún, todo indica que no establecer la categoría de AT o ATP es tema financiero y no educativo.
Transformar implica acompañar, a los AT y ATP para que, a su vez, puedan enfocarse en acompañar a docentes y escuelas. No se ha logrado en el pasado, y si queremos un futuro distinto, debemos cambiar nuestra actuación en el presente, empezando por la ley.
Artículo publicado en El Heraldo de México.
