Iniciativa: luz y sombra.

AMLO presentó este 12 de diciembre una iniciativa de reforma constitucional; la de Diputados fue la Cámara receptora, y se turnó a comisiones para ser ...
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AMLO presentó este 12 de diciembre una iniciativa de reforma constitucional; la de Diputados fue la Cámara receptora, y se turnó a comisiones para ser estudiada. Los legisladores pueden proponer ajustes y adiciones, y aún no es claro si un dictamen consolidado se alcanzará antes de que concluya el presente periodo de sesiones.

En la iniciativa presentada hay luces y sombras para el ejercicio del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes (NNJ). Esta reforma educativa -en ciernes- de López Obrador, a diferencia de la Peña Nieto, hace referencia a elementos enriquecedores como la integralidad; explicita, en lugar del genérico y rancio «educandos», que el interés supremo en educación está en «niñas, niños y jóvenes»; adiciona -en lo que sería un cuarto párrafo del Artículo 3º, el derecho de los maestros «a un sistema permanente de actualización y formación continua para cumplir con los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional, así como a que sea reconocida su contribución a la educación». En la práctica, la mejor manera de defender el derecho a aprender de NNJ es defender el derecho a aprender de sus maestros. La dignificación de su tarea debe ser permanente y creciente, y eso acabaría siendo materia de legislación secundaria para dar paso a una «Carrera Profesional del Magisterio».

Tres aspectos, en contraste, son los más preocupantes que tiene el texto de la iniciativa. Uno: al eliminar, en lugar de refrasear, el segundo párrafo vigente del Art. 3º, desaparece la condición de garantía constitucional para los NNJ de que la infraestructura, los métodos, la organización escolar y la preparación y desempeño de sus maestros y directivos estén al servicio de su derecho a aprender. Eso es un grave retroceso en el registro de derechos y garantías, pues dicho párrafo vigente se interpreta como una forma efectiva de hacer valer el interés superior de la niñez que está en el Art 4º. No debe perderse el principio de progresividad en los derechos de los más jóvenes. Una redacción corregida nos puede dar un Tercer Párrafo que sume lo que se quiere valorar con detalle en los maestros sin pegarle a lo logrado a favor de los niños.

Dos: al borrar por completo la actual Fracción III, no sólo se elimina la evaluación de desempeño que condiciona actualmente la permanencia; al tirar el agua sucia de la tina con todo y niño bañado, se eliminaría el anclaje constitucional para los concursos de ingreso y promoción. No se pueden perder los derechos profesionales a ingresar a la carrera docente a través de un mecanismo universal, justo, imparcial, público y transparente, como tampoco perder la aspiración a ampliar ingresos, reconocimiento y responsabilidades en promociones a través de concursos, y no por puntajes de escalafón mecánico y menos con el dominio de las dirigencias sindicales. Ante lo afirmado por miembros de la CNTE en Michoacán sobre «pase directo de normalistas» y como airada reacción ante una supuesta declaración del SNTE sobre herencia de plazas, resultó muy significativo que en las redes sociales surgiera el hashtag #NoCedasMoctezuma. Dejarlo todo a que se precisará «más adelante» es otro riesgo de retroceso.

Tres: La educación inicial desapareció en esta propuesta de 3º reformado. Que es la verdadera estrategia central de equidad e inclusión está demostrado. Ya se sabe que no es posible ni deseable institucionalizar a seis millones de niñas y niños de cero a tres años de edad, y que preescolar no es lo mismo que inicial. En el medio afirmamos que la política nacional de Primera Infancia debe lograr flexibilidad entre los servicios de los Centros de Atención (en sus 29 modalidades) y la activación de las familias con visitas y equipos itinerantes. Pero no está. A diferencia de la veloz reacción ante la omisión de la autonomía universitaria, las voces ante esta inexplicable desaparición se han alzado lentas y dispersas.

No sólo los maestros; también las familias de 34 millones de NNJ necesitan saber si habrá «compromiso cumplido».


Artículo publicado en Reforma.

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