Semanas antes del domingo 2 de agosto, en miles de hogares mexicanos ya se libraba una batalla silenciosa. Una maestra de México — cualquier maestra, la de la esquina, la de tu colonia, la de tu propia familia— reorganizaba su casa entera para someterse a un examen de promoción horizontal. Consiguió o compró una computadora que cumpliera con los requisitos de autenticación biométrica. Instaló el software exigido por la plataforma. Encargó a sus hijos con los tíos o con la abuela, incluido el más pequeño, que no entendía por qué el comedor de toda la vida se había convertido, de la noche a la mañana, en una oficina de examen con reglas marciales. Amarró a la mascota, calculando la distancia exacta para que no ladrara, porque el sensor de la videocámara —ese vigilante electrónico que todo lo escucha— dispara alertas de detección de sonido que ponen todavía más nerviosa a quien ya está al borde del colapso. Afuera, el mundo seguía su vida normal y enajenada: pasó el camión del agua gritando su pregón, la música del carro del gas, la camioneta que compra fierro viejo anunciándose a gritos, y hasta el vecino que decidió, justo ese domingo, podar el pasto con una desbrozadora. La instrucción había sido tajante: “¡no hagan ruido!” Pero el ruido no se negocia con un vecino ni con una ciudad, ni con el mundo entero. Solo se sufre.
Con los nervios al tope, la maestra empezó a responder. Y entonces descubrió que las preguntas no tenían nada que ver con lo que había estudiado. No coincidían con la bibliografía sugerida, no correspondían a su función, no medían lo que decían medir. Horas después, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) le informaría, con la frialdad de un correo electrónico institucional, que el instrumento aplicado “no correspondía a la función por la que participa”. Es decir: que cuatro horas de su vida, de tensión familiar, de gasto económico y de desgaste emocional, no habían servido absolutamente para nada, todo ese tiempo estaba tirado a la basura.
Un error que no es un accidente, sino un síntoma
Lo ocurrido este 2 de agosto con la Promoción Horizontal 2026 no puede leerse como una simple falla técnica, un tropiezo aislado en un sistema por lo demás sólido. Es la enésima evidencia de que la USICAMM —heredera funcional de aquella Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente que se juró desterrada tras la caída de la reforma educativa de 2013— arrastra los mismos vicios estructurales que decía venir a corregir: opacidad, improvisación y un trato deshumanizado e indigno hacia el magisterio nacional, ahora maquillado con el lenguaje de la “revalorización docente”.
Que decenas de profesores de grupo hayan recibido, sin explicación previa, un examen diseñado para evaluar funciones directivas no es un desliz menor de logística. Es la prueba palpable de que el sistema que decide el futuro salarial y profesional de cientos de miles de maestros en México no tiene la capacidad técnica —o el interés genuino— de garantizar lo mínimo indispensable: que cada persona sea evaluada por lo que efectivamente hace. Y cuando el propio organismo se ve obligado a reconocerlo públicamente, la reparación que ofrece —”vuelvan a presentarse esta tarde” o “regresen el 9 de agosto”— revela hasta qué punto el sistema entiende el tiempo, el esfuerzo y la salud emocional de los docentes como variables desechables, reprogramables a placer, sin costo para nadie más que para quien ya padeció el despropósito.
La ficción de la evaluación objetiva
Detrás de cada examen mal asignado hay una ficción más grande que merece cuestionarse: la de que estos procesos, tal como están diseñados hoy, son efectivamente objetivos, confiables y meritocráticos. Un modelo de evaluación a distancia, mediado por cámaras que vigilan cada movimiento y cada sonido del hogar convertido en centro de aplicación, no solo traslada al ámbito doméstico una carga que debería asumir el Estado; también introduce variables completamente ajenas al conocimiento profesional del docente —la calidad de su conexión a internet, el ruido de su calle, la disponibilidad de un espacio silencioso, el acceso a equipo de cómputo adecuado— como factores que inciden, de facto, en su desempeño. La casa de una maestra en una colonia popular, con ventanas delgadas y vecinos ruidosos, no ofrece las mismas condiciones que la de otra con estudio insonorizado. Eso no es mérito: es desigualdad estructural disfrazada de neutralidad tecnológica.
A esto se suma un patrón ya conocido por el magisterio mexicano: las fallas reiteradas en los procesos de admisión, promoción y reconocimiento que la USICAMM ha protagonizado desde su creación. Cada convocatoria trae consigo denuncias de plataformas caídas, instrumentos mal cargados, resultados tardíos o contradictorios, y una opacidad casi estructural en los criterios de calificación. No estamos ante hechos aislados, sino ante un patrón sostenido que erosiona, aplicación tras aplicación, la poca confianza que le queda al magisterio en un sistema que se supone fue creado para dignificarlo.
Por qué no basta con corregir el examen de esta tarde
Es previsible que, en los próximos días, la USICAMM ofrezca disculpas institucionales, presente cifras de “participantes afectados” y anuncie ajustes administrativos. Pero atender el síntoma sin tocar la enfermedad es una estrategia que México ya conoce de sobra. El problema no es únicamente que se haya aplicado un examen equivocado; el problema es que existe un organismo cuyo diseño institucional carece de los mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y control de calidad indispensables para tomar decisiones que impactan directamente el salario, la estabilidad y la trayectoria profesional de la niñez que México educa a través de sus maestros.
Por si fuera poco, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la organización que debería representar y defender al magisterio frente a estos abusos, simplemente no figura en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Esta ausencia no es casual: deja al docente en un auténtico régimen de excepción laboral, sin representación efectiva frente a un aparato evaluador que concentra, sin contrapesos, la facultad de decidir sobre su vida profesional. Un maestro puede ser evaluado, sancionado, promovido o estancado por un sistema frente al cual no tiene interlocutor sindical con fuerza real. Esa orfandad institucional profundiza cada error técnico, porque no hay quién exija, con capacidad de negociación genuina, una reparación proporcional al daño causado.
La abrogación como punto de partida, no como ocurrencia
Frente a este panorama, la exigencia de amplios sectores del magisterio de que desaparezca la USICAMM deja de ser una consigna gremial para convertirse en una propuesta de política pública con sustento. México necesita la abrogación de este organismo y la construcción, desde cero, de un nuevo sistema de ingreso, promoción y reconocimiento del personal docente que garantice transparencia, equidad, objetividad y certeza jurídica —no como enunciados retóricos en un discurso oficial, sino como principios operativos verificables.
Ese nuevo modelo debe romper con la lógica de la evaluación remota, deshumanizada y sujeta a fallas técnicas recurrentes, para regresar a procesos presenciales, con vigilancia institucional directa y reglas claras que reduzcan al mínimo los riesgos de fraude y de error, y que fortalezcan —esta vez sí— la confianza de los propios docentes en los resultados que determinan su futuro. Y debe hacerlo recuperando lo que alguna vez existió y funcionó con relativa legitimidad: los principios del escalafón contemplados en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional. Un escalafón que valore de manera integral la preparación, los conocimientos, la aptitud, la disciplina, la puntualidad, la antigüedad y la experiencia laboral no es un retroceso nostálgico; es, por el contrario, una fórmula probada de justicia laboral que reconoce al maestro como trabajador con derechos, y no únicamente como sujeto de examen permanente.
Porque al final, lo que se juega en cada aplicación fallida de la USICAMM no es solo un instrumento de evaluación mal diseñado. Es la credibilidad de un Estado que dice apostar por la revalorización del magisterio mientras somete a sus maestros a un régimen de incertidumbre, vigilancia doméstica y errores administrativos que ningún otro sector laboral del país toleraría con la misma resignación. Eso solo ocurre en un Estado donde lo que en verdad importa es todo, menos la educación y quienes la sostienen día con día.
