Este martes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo SIPINNA/EXT/01/2020, “por el que se aprueban acciones indispensables para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia de enfermedad generada por el virus Sars-Cov2 (Covid-19)”.
El acuerdo lo aprobamos en la sesión del SIPINNA el pasado 30 de abril, Día del Niño y de la Niña, con la ya habitual y cuestionable ausencia del presidente de la república, pero con la presencia de la mayoría de aquellas personas que por pleno derecho fuimos designadas para ser parte del Sistema Nacional de Protección de Derechos.
Como todo documento oficial –pues el Sistema es tal vez el único cuerpo mixto de funcionarios y sociedad civil con atribuciones sustantivas en nuestro orden jurídico– tiene un laaargo inicio, pues refiere 39 consideraciones (lo que los abogados buscan para ver si el acuerdo está ‘fundado y motivado’) que dan solidez a las decisiones: los pilares retomados de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de las determinaciones de otras autoridades legítimas para dar apoyo y legitimidad a lo que definimos.
Con tan prolijo proemio y abultado título de cuatro líneas, la idea detrás del acuerdo es muy sencilla: en caso de fuerza mayor, como lo es la emergencia que estamos viviendo, debe reforzarse, vigilar y concretarse el interés superior. Cuando más arrecia, cuanto más severa sea la dificultad, más lúcidos y decididos nos toca ser para poner a las niñas y los niños primero. Prioridad absoluta.
Lo que sigue en el acuerdo ya no es rollo, y no tiene desperdicio: once rubros para marcar cómo con los niños no: no puede haber recorte, no puede haber pausa, no puede haber mezquindad, no puede haber negligencia, no se puede tolerar el abuso.
En salud, se destaca que toca también ahora –y más que nunca– atención a recién nacidos (en lo que llevamos de encierro han nacido más de 700 mil niñas y niños) y su vacunación completa; que es su derecho información completa, confiable y amigable sobre la pandemia; que deben impulsarse prácticas de cuidado cariñoso y sensible; por supuesto, que deben prevenirse los trastornos emocionales por el encierro y, agárrense, sobre todo en Nuevo León, deben cumplirse las medidas de prevención de embarazo de niñas y el acceso a consejería y métodos anticonceptivos para las y los adolescentes.
En alimentación, se manda que se usen los recursos del Ramo 33 para atención y subsistencia alimentaria, además de que las niñas, niños y adolescentes de los hogares más pobres, en las zonas de mayor afectación por Covid-19 y beneficiarios de los programas de desayuno escolar y servicios de alimentos de escuelas de tiempo completo, puedan recibir raciones de los alimentos equivalentes para ser preparados en los hogares. Ello lleva a una gran reflexión sobre el presupuesto actual: si el gobierno federal, con sus proyectos prioritarios y sus becas sin focalización, ya se gastó lo que había para 2020 destinado a Escuelas de Tiempo Completo –pues recortó el presupuesto a la mitad y los estados supieron todo este primer semestre que no hay nada seguro para la segunda mitad del año– ¿va a persistir sin usar sus atribuciones para reasignar fondos a algo tan elemental, literalmente el pan de la boca de los niños más pobres? Vigilaremos que se cumpla el acuerdo, que en esto no puede ser burlado por los funcionarios de SEP o Hacienda.
En prevención y atención de violencias, los mandatos del acuerdo son claros y tajantes: información a las familias sobre crianza cariñosa y sensible, y prevención al maltrato al interior del hogar; optimización de las líneas telefónicas de ayuda y emergencia, que deben también atender a las niñas y los niños mismos, las cuales deberán difundirse extensamente (ya el elemental y memorable 911, estimados lectora y lector, funciona en ese sentido… ayudemos a que las niñas y niños lo memoricen y sepan que pueden usarlo, y que merecen atención inmediata, confiable y de pronta respuesta en domicilio apenas sea ello necesario).
Se obliga a la coordinación y accesibilidad de los servicios de atención a las violencias contra infancia y adolescencia, y que la federación y los estados apoyen a las procuradurías en “forma extraordinaria” asegurando la continuidad de sus trabajos. Se manda apoyar los refugios –que en extremo capricho e irrazonabilidad estaban por ser cerrados– y que se dé conclusión adecuada a las actuaciones de las fiscalías para atender violencia de género y pensiones alimenticias. Evidentemente, activar todo aquello que permita identificar y atender abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.
En el siguiente artículo haré referencia a las obligaciones referidas a agua y saneamiento, acceso a internet, radio y televisión, y finalmente a los temas de educación y de participación de niñas y niños, tan exigidos y tan frágiles estos dos derechos en nuestro tan complicado presente. En tanto, les dejo con este pensamiento: un país tiene que estar a la estatura, enorme, de sus niñas y niños. No puede derrotarse a sí mismo privilegiando el prestigio, la fanfarronería y la imposición de los adultos, sino dando el lugar debido, el definitivo primer lugar, la prioridad a los más jóvenes. En toda emergencia, niñas y niños primero.
