En días pasados, corrió como reguero de pólvora en los medios que cubren la fuente educativa, la noticia de que el Gobierno Federal, habría de asumir la nómina magisterial de las entidades federativas, dado lo mencionado por Oscar Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en conferencia de prensa el pasado martes 26 de abril, cuando dio a conocer los cuatro ejes de trabajo del nuevo modelo educativo propuesto por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El gasto educativo es el egreso más importante que el gobierno federal realiza, pues, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP) en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 se propuso un presupuesto educativo de 836 mil 400 millones de pesos, que, para ponerlo en contexto, para el mismo año de 2021, de acuerdo a cifras del Sistema de Administración Tributaria (SAT) México recibió por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) un total de 1213 mil millones de pesos, por lo que se puede decir que siete de cada diez pesos que se recaudan por concepto de IVA, se destina al gasto público en educación.
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Desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación (AMNEB) en que se descentralizaron muchas de las decisiones administrativas a los estados, las constantes exigencias de recursos por parte de entidades federativas provocadas por las malas negociaciones locales, la corrupción, el desvío de los recursos documentados puntualmente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y negociados políticamente para que luego “no pase nada”, así como la histórica inequidad de aportaciones federales en dicho gasto, ya que hay entidades que aportan más de la mitad del presupuesto educativo, como hay estados que no aportan un solo peso.
A pesar de que no es la primera vez que se pone en la mesa este tema, lo cierto es que los cambios que se han vivido en la presente administración federal hacen pensar que pueda ser una situación que se convierta en realidad en muy poco tiempo, lo que pone a pensar a más de cuatro entidades federativas que utilizaban ese gasto “por mientras” en otras cosas, dejando a Trabajadoras y Trabajadores de la educación sin sueldo por meses.
Por una parte, la administración federal expresa que se establecerá su implementación mediante esquemas graduales, con la finalidad de dar certeza jurídica, laboral y salarial a las y los trabajadores de la educación, lo cierto es que la sola mención de dicha medida ha provocado no pocas inquietudes, sobre todo en aquellas entidades en donde existe diferente tinte político al ejecutivo federal, dicen que si para una decisión como el quitar un docente o un trabajador manual le pasan la factura a la federación, ni imaginar lo que va a pasar ahora que eventualmente se centralice la nómina y los pretextos de uno y otro nivel educativo se van a dar con más frecuencia
Por otra, es cierto que hoy las tecnologías de la información y la comunicación se encuentran en sus mejores niveles de certeza la historia, de igual manera que las bases de datos y sistemas de información, sin embargo, el temor más grande radica en la incertidumbre con respecto a los tiempos de los tramites ante el desconocimiento del papel que desempeñarán las administraciones estatales, la manera de enfrentar los trámites, los tiempos de pago de las y los docentes nóveles, quien asumirá los costos de los servicios médicos y sociales, si la nómina de quienes ya gozan de una jubilación corre algún peligro, etc.
Esperemos que pronto se tenga información oportuna y válida de dichos “esquemas graduales” para así estar ciertos de lo que va a suceder y no incrementar los ya de por sí elevados niveles de estrés que se viven en la actualidad en el magisterio nacional.
manuelnavarrow@gmail.com
