El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) nació en el seno de la reinvención de una organización cuyo propósito, desde su creación al final de la Segunda Guerra Mundial, ha sido promover el desarrollo económico. No cualquier tipo de desarrollo, sino uno anclado en valores de libre mercado, capital humano y competencia. En este marco, PISA puede entenderse como un artefacto político diseñado para orientar las políticas educativas hacia esa lógica económica. Por ello evalúa, de manera sistemática, las áreas de conocimiento consideradas fundacionales para la productividad: lectura, ciencias y matemáticas.
Los defensores de PISA sostienen que es un termómetro o un barómetro; sus críticos, en cambio, argumentan que es un látigo. Como estudioso del tema, he señalado en diversos textos que PISA ha sido, es y puede ser ambas cosas, y más. Independientemente de la postura, es innegable que la encuesta PISA impulsa, empuja e incluso obliga conversaciones sobre el estado del aprendizaje. A partir de esas conversaciones se erige, una y otra vez, lo que la opinión pública interpreta como “el problema” de la educación básica.
En México, cada tres años asistimos a la pasarela de titulares alarmistas sobre los resultados de las y los estudiantes en PISA. Frases como, “México está reprobado”, “México en último lugar” o “Los estudiantes mexicanos no saben leer” se repiten con puntualidad. Estos titulares no subestiman los hechos: los sobregeneralizan, los simplifican y los sensacionalizan para generar tráfico digital y moldear percepciones. Desde el ámbito educativo, sin embargo, necesitamos conversaciones más profundas y menos sesgadas.
México lleva 26 años consecutivos con resultados bajos en PISA, siempre en el fondo del ranking de los países de la OCDE. Lo paradójico es que, incluso antes de la primera ronda en 2000, las políticas públicas mexicanas habían comenzado a alinearse con la visión de la OCDE: durante los últimos 26 años se creó un organismo para fomentar la cultura de la evaluación; se desarrollaron tres evaluaciones nacionales a gran escala; se modificó el currículo para adoptar enfoques basados en competencias; se transformó el esquema de ingreso y promoción docente; y se implementaron tres programas distintos de incentivos salariales. Después de nueve rondas y más de dos décadas, no se observan alzas significativas en los puntajes de México en PISA.
La presidenta de México atribuye el puntaje de ciencias en PISA 2025 a la Nueva Escuela Mexicana (NEM), mientras que muchos internautas atribuyen los puntajes bajos también a la NEM. La evidencia, sin embargo, es clara: PISA evalúa aprendizajes acumulados a lo largo de 12 años de escolaridad obligatoria. Los estudiantes evaluados en 2025 fueron formados mayoritariamente bajo el enfoque por competencias, no bajo el nuevo plan de estudios de la NEM.
Aun reconociendo que el logro de aprendizajes en México es multifactorial, creo firmemente que parte del problema radica en que las políticas públicas han puesto el foco en los síntomas como puntajes, rankings y titulares, y no en las causas estructurales: desigualdad, financiamiento, infraestructura, formación docente, condiciones escolares y trayectorias educativas fragmentadas. Mientras sigamos discutiendo únicamente los resultados de PISA, y administrando políticas aisladas a manera de paliativos curriculares, seguiremos atrapados en la misma conversación cada tres años.
