La evaluación docente y la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) derivada de la reforma educativa, vulneran derechos humanos y laborales, reclamaron maestros al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
En un documento titulado “Sistematización de inconformidades, dudas e inquietudes de los docentes sobre las evaluaciones del Servicio Profesional Docente”, el organismo de la evaluación recoge una serie de escritos de los maestros expresando sus inconformidades respecto a la evaluación a la que fueron sometidos.
“Por lo que respecta a la Evaluación del desempeño docente, los escritos presentados por los sustentantes han versado principalmente sobre el proceso de la evaluación, en lo general, al considerar que ésta y la Ley General del Servicio Profesional Docente vulneran derechos humanos y laborales, y, en lo particular, sobre el procedimiento de notificación (por ejemplo, falta de respeto de los tres meses previos y la forma de realizarla) y los resultados de la evaluación, tanto en su calificación global como en alguna de sus etapas”, advierte el organismo de la evaluación en el documento.
Destacó mención especial en aquellos escritos con reclamos respecto a la etapa 2 Expediente de Evidencias de enseñanza, “en los cuales indican que les están consignando en la plataforma sus resultados como NP (no presentados)”.
En ese sentido explicó que por lo general, los maestros manifiestan que cuando solicitan una aclaración sobre su expediente de evidencias a la Dirección de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), les indican que: “Se realizaron las gestiones ante las instancias correspondientes, sin embargo, se informa que no se encontraron evidencias, ni texto de análisis por calificar”.
Por último, el INEE señala que la problemática con mayores señalamientos fue lo relativo a las notificaciones fuera del plazo de ley o problemas con la plataforma, particularmente en el caso de los docentes de Oaxaca, con 494 (32% del total). Y en segundo lugar la violación a los derechos humanos de los docentes, mayormente en el Distrito Federal, con 166 (10.75%).
