A pesar de que el término tiene orígenes militares, una de las mejores noticias en educación de todo el año es que por fin tenemos Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI). Desde hace mucho tiempo toda clase de expertos activistas, funcionarios y familias han estado arrastrando el lápiz, haciendo antesala, convenciendo escépticos, repasando cuentas, comunicando datos, soñando alternativas. Todo país que aspire mínimamente a la justicia necesita una vigorosa política pública nacional sobre primera infancia. Y como bebé grandote, estamos dando nuestros primeros pasos.
Una confluencia afortunada entre el desarrollo de la Ruta Integral de Atenciones o RIA por sus siglas (tooodo lo que necesita una niña o niño en México, y que es su derecho, desde que nace y hasta cumplir seis años, e incluso con referencias al embarazo y la pregestación), que veníamos trabajando los participantes en la Comisión de Primera Infancia de SIPINNA (el Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fruto de la ley correspondiente de 2015), coordinada por la Secretaría de Salud, y el mandato de la reforma constitucional reciente, que conectó en el artículo tercero la responsabilidad del Estado mexicano para ofrecer educación inicial universal y desarrollar una estrategia nacional, nos puso de nuevo en la mesa para un proceso de muchos actores.
La secretaria Cordero, de Gobernación, donde está incrustada la Secretaría Técnica de SIPINNA, dijo en broma que sería el juez del matrimonio entre las dos secretarías, por el enorme acuerdo y sinergia de estos últimos meses. En la construcción de la ENAPI participaron los Institutos Nacionales de Salud, los subsecretarios Bucio y López Gatell, Bienestar y DIF, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las especialistas de Marina, los activistas de las más de 400 organizaciones de sociedad civil que reúne el Pacto por la Primera Infancia, la Conferencia Nacional de Gobernadores, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Registro Civil, UNICEF…
El tema es que los servicios dividen pero las personas integran. Niñas y niños son unidades íntegras, y no ‘son’ del DIF o de la SEP o de Salud. Su vida no la debe definir la guardería, Conafe, la clínica del IMSS, el jardín de niños; vamos, no debemos –como siempre recuerda la aguerrida Red por los Derechos de la Infancia– ni siquiera aceptar el pensamiento que los niños pequeños son apéndices de sus familias y no, como corresponde, titulares de derechos.
Tendremos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el texto normativo de la ENAPI: toda niña y niño, por el mero hecho de serlo, tiene derecho a atenciones que se traducen en intervenciones de muchos actores, cada uno según sus atribuciones y capacidades, pero con la misma deliberada finalidad: el desarrollo integral. Así México finalmente se suma a la marea internacional de no invisibilizar a niñas y niños de cero a seis años e imaginar que son saquitos de órganos que sólo hay que nutrir y vacunar; son personas que requieren promoción, defensa y garantía de sus derechos, y todos los integrantes de la sociedad estamos emplazados a favorecerla y concretarla.
Obvio, nos vamos a tardar. Pero como análogo al primer hombre en la luna, que dijo, mientras dejaba el último escalón de su módulo hace 50 años, que era un pequeño paso para un hombre pero un gran salto para la humanidad, la publicación de la ENAPI es un pequeño paso administrativo, pero un gran salto para la niñez. Hay pocos triunfos conjuntos de sociedad civil y gobierno; celebremos éste.
