En un desplegado publicado el viernes 26 de junio pasado por el Secretario General del SNTE, Profr. Alfonso Cepeda Salas, firmado por todos los dirigentes nacionales y la mayor parte de los secretarios generales seccionales, el SNTE fija su posición en su relación con el Gobierno Federal y, al mismo tiempo, se deslinda; “rechaza y condena cualquier forma de radicalismo, violencia, provocación, chantaje y extorsión”, atributos que, sin el menor rigor de análisis, se le etiquetan a la CNTE.
El SNTE reafirma que su estrategia para lograr beneficios para los agremiados es el diálogo y la negociación.
Sin embargo, omiten o parecen olvidar que los derechos, logros y transformaciones más relevantes del mundo laboral se han conseguido mediante acciones legítimas, universales y constitucionales de lucha de los trabajadores y de los pueblos del mundo. México no ha sido la excepción.
Así se conquistaron derechos fundamentales de los que hoy gozamos: el derecho al trabajo; la jornada laboral de ocho horas; la educación laica y gratuita; la salud pública; la vivienda digna; el acceso al agua; la jubilación; el salario mínimo; el derecho de huelga, de manifestación y de libertad de expresión; así como el voto universal, directo y secreto para elegir gobernantes y dirigentes sindicales, entre muchos otros.
Conseguir estos derechos e incorporarlos a la Constitución ha costado enormes sacrificios: encarcelamientos, torturas, secuestros, desapariciones e incluso la vida de luchadores sociales, políticos y ciudadanos. Estos actos han sido perpetrados por gobiernos de todos los niveles, por patrones, por caciques y también por dirigentes sindicales.
El diálogo y la negociación son herramientas indispensables para avanzar; pero cuando estos se estancan o se cierran, los trabajadores, sus dirigentes y los ciudadanos recurren, aquí y en todo el mundo, a otros mecanismos que la propia Constitución les reconoce: marchas, plantones, paros y huelgas, para defender sus derechos y conquistar mejores condiciones laborales, económicas, pensionarias y de vida.
Los firmantes del documento sostienen que, gracias al diálogo y la negociación con el Gobierno, han logrado importantes incrementos salariales, la basificación de más de un millón de plazas, resolver diversas injusticias derivadas de la USICAMM y que únicamente queda pendiente el tema de las pensiones.
Veamos:
1. El salario
El salario base tabular (concepto 07) de la plaza inicial de un maestro de primaria era, en 2018, de 9,850 pesos mensuales. Para septiembre de 2026 ascenderá a 13,593 pesos mensuales. Es decir, en ocho años aumentará 3,743 pesos mensuales, equivalente a un incremento del 38 %.
En ese mismo periodo, la inflación acumulada fue del 45.54 %.
El salario mínimo, que en 2018 era de 88.36 pesos diarios, para enero de 2026 aumentó a 315.04 pesos diarios, lo que representa un incremento del 257 % en ocho años.
El Secretario de Educación, Mario Delgado, y el Secretario General del SNTE, Alfonso Cepeda, afirman al unísono que los incrementos globales, al sumar salario base, prestaciones y bonos, alcanzan el 70 %. Lo que no explican es que los incrementos a prestaciones y bonos, aunque necesarios, no se incorporan al salario base y, por tanto, no repercuten en el monto de la jubilación.
La verdadera recuperación salarial solo será posible cuando se establezca una política permanente de fortalecimiento sustancial del salario base (concepto 07), tanto para el personal docente como para el personal de apoyo y asistencia a la educación, de manera que dicho incremento tenga efectos en el cálculo de las pensiones y jubilaciones.
2. La USICAMM
El tema de la USICAMM sigue sin resolverse, a pesar de que hace dos años la Presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a eliminarla.
Ni la SEP, ni el SNTE, ni la CNTE han presentado una propuesta seria que sirva de base para discutir un nuevo modelo. Ante ello, la Presidenta anunció la realización de una Consulta Nacional dirigida al magisterio.
Ha llegado el momento de que las maestras y los maestros expresen con claridad sus opiniones, no solo sobre los mecanismos de contratación y promoción, sino también sobre el contenido de la reforma educativa que México necesita.
3. Las pensiones
La dirigencia nacional del SNTE afirma estar a favor de la reforma o incluso de la abrogación de la Ley del ISSSTE.
Si ello es cierto, ¿por qué no pone sobre la mesa una propuesta sustentada en estudios actuariales y proyecciones financieras que garanticen la viabilidad jurídica, financiera y social de un nuevo sistema de pensiones a largo plazo?
¿Por qué no hace del conocimiento de los agremiados dicha propuesta, siendo ellos los principales actores de la seguridad social, para que participen en su discusión, expresen sus opiniones, hagan suyo su contenido y fortalezcan una propuesta verdaderamente consensuada?
4. La democracia sindical
Finalmente, el Secretario General del SNTE afirma que “el diálogo y la negociación se apoyan en la permanente consulta a nuestras compañeras y compañeros a lo largo y ancho del territorio nacional”.
Sin embargo, esto no ocurre en el SNTE.
Las decisiones fundamentales se toman en la cúpula sindical.
El resultado de la negociación salarial no se consulta con las bases; se aprueba en el Consejo Nacional y posteriormente solo se informa a los trabajadores lo ya acordado.
Lo mismo sucede en materia educativa, laboral y de pensiones. Ahí están como ejemplo la Reforma Educativa impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y la Reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, aprobada durante el gobierno de Felipe Calderón.
Si algo ha estado ausente en el SNTE es, precisamente, la democracia sindical.
