En una escuela pública, a finales del ciclo escolar pasado, se recibió la visita de trabajadores del INIFED (Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa) comunicando que se instalarían bebederos en la institución. No obstante que el director del plantel señaló que la escuela ya contaba con bebederos, el personal del instituto argumentó que el recurso ya estaba asignado y la obra tendría que realizarse forzosamente. Se mencionó que los bebederos estarían listos a finales del mes de mayo y, actualmente, la obra inconclusa se encuentra abandonada. Semanas después, tras varios meses en que el directivo escolar solicitó al instituto de infraestructura local, mediante numerosos y reiterativos oficios, la realización de obras de mantenimiento y reparación en la escuela, finalmente éstas se concretaron. La suma autorizada para las obras fue exorbitante (casi medio millón de pesos); sin embargo, las acciones realizadas, a simple vista, no se acercaban al presupuesto: tala de árboles, impermeabilización y reparación de superficies deterioradas, principalmente.
Casos como el anterior, ocurrido en la capital del Estado de Colima, ayudan a entender las lamentables condiciones de infraestructura generales de las escuelas mexicanas. Las acciones para mejorar la infraestructura generalmente son lentas, pues requieren de un proceso burocrático largo que impide la atención oportuna de las necesidades. El trabajo en la infraestructura educativa además es mal focalizado, pues se aleja en muchas ocasiones de las necesidades reales y más urgentes de los planteles. Finalmente, como se vio en el caso y de acuerdo a la opinión generalizada de los actores educativos, los presupuestos asignados para las obras educativas se perciben como sobreestimados, lo que motiva a sospechas en torno a la limpieza en el manejo de los recursos.
Los resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2017 del Programa Escuelas al Cien, operado, entre otros organismos, por el INIFED y los institutos de infraestructura local, da cuenta de un mal uso de los recursos destinados al mejoramiento material escolar. Según el informe especial elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) (2018), “los recursos del programa no se aplican en los lugares con mayores carencias del país” (pp. 33-34), perpetuando así las inequidades educativas. Además, el documento apunta a la inflación deliberada de presupuestos: “las acciones y cobertura del programa, desde el punto de vista de los Institutos de Infraestructura, es más amplia, respecto a la visión del personal de los Centros de Trabajo” (p. 56).
Considerando lo señalado, no resulta extraño el alarmante estado de la infraestructura educativa mexicana. Al respecto, el INEE (2018) da algunas pinceladas del panorama físico de los planteles: “sólo una tercera parte de las primarias públicas tiene al menos una computadora para uso educativo” (p. 140), “uno de cada 10 preescolares y primarias no dispone de un sanitario en su inmueble” (p. 136) y “en alrededor de cuatro de cada 10 escuelas existe al menos un aula que requiere mantenimiento, pues presenta goteras o filtraciones de agua, o bien tiene fisuras o cuarteaduras graves en techos, muros o pisos” (p. 136). El descuido de las instalaciones escolares ha sido de tal grado que existen escuelas que no tienen la capacidad de atender dignamente las necesidades fisiológicas de los alumnos.
Producto de las modificaciones legales educativas que bajo el presente gobierno federal se han suscitado, el INIFED ha sido eliminado. Aunado a lo anterior, ha surgido el programa La Escuela es Nuestra, cuyo propósito es mejorar las condiciones de infraestructura de los planteles. Su novedad, además de priorizar la selección de planteles ubicados en zonas de muy alta y alta marginación o concentración indígena, radica en el hecho de que los subsidios económicos serán entregados directamente a las comunidades escolares. Para el logro de lo anterior, se constituirá en cada plantel un Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), conformado por padres de familia (en quienes recae la presidencia), docentes, directivos y alumnos. Cada CEAP se encargará de realizar un diagnóstico de la situación de infraestructura del plantel, para posteriormente elaborar un plan de trabajo, contemplando la suma de recursos asignada, cuyo gasto deberá ser comprobado una vez que finalicen las obras.
El programa La Escuela es Nuestra parece responder a algunas de las problemáticas que se han descrito con respecto a la atención que se le da a la infraestructura escolar. En primera instancia, el hecho de que los comités se integren por agentes directamente relacionados con el plantel, seguramente favorecerá que los recursos sean empleados en necesidades reales y prioritarias: no volverá a suceder, como se relató al inicio de este escrito, casos en los que a una escuela se le instalen dos veces bebederos. Es digna de aplauso la conformación de los CEAP, pues promueven una visión democrática y plural, en la que las decisiones no fluyen verticalmente, sino horizontalmente. Nadie mejor que los alumnos, los padres de familia y los maestros conocen las necesidades de cada plantel. Los criterios de selección para participar en el programa claramente se orientan hacia la equidad: atender primeramente a los más necesitados; derivado de lo anterior, en la lista de planteles participantes para la primera etapa del programa, se observa, por ejemplo, un total de 5,608 escuelas chiapanecas, por 50 ubicadas en Nuevo León.
Al ser asignados directamente a los CEAP, los recursos seguramente se verán reflejados más rápidamente en la realización de obras. Aparentemente, se reducirán los intermediarios, lo que además pudiera tener consecuencias favorables en el combate a la sobreestimación de los costos que tanto ha caracterizado a las instituciones oficiales de infraestructura educativa. No obstante, lo anterior también representa un reto importante para el buen manejo de los recursos: al dispersar el dinero en tantas manos, la vigilancia del mismo se volverá más compleja, aunque, debe decirse, que en ésta intervendrá la comunidad escolar. No debe considerarse que tal manera de organizar el manejo de los recursos económicos garantiza la eliminación de la corrupción, pero es justo señalar que dentro de la vigilancia de los mismos se involucra a los primeros interesados en las mejoras de los edificios escolares.
El Programa La Escuela es Nuestra representa una modificación radical a la manera en que se ha abordado el asunto de la mejora de la infraestructura educativa, no sólo por la forma de asignación de recursos, sino por la participación de la comunidad escolar. El planteamiento del programa, al menos en apariencia, es bueno. No obstante, su éxito también dependerá del presupuesto que reciba: de poco servirá esta forma de organización si el alcance presupuestario del programa es limitado. Asimismo, el éxito del programa radicará en la capacidad de los CEAP para generar programas pertinentes y efectivos, por lo que se hace necesario un acompañamiento permanente a los mismos, así como una capacitación. Los criterios de selección, privilegiando a los planteles en condiciones de marginación más marcadas, parecen estar orientados a atacar quizá el peor defecto del sistema educativo mexicano: la inequidad, esa tendencia a darle las peores escuelas a quienes tienen peores condiciones de vida.
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REFERENCIAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (2018). Programa Escuelas al Cien. Informe Especial. Resultados de su fiscalización. Cuenta pública 2017. Disponible en: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017b/Documentos/Informes_Especiales/Programa_de_Escuelas_al_Cien.pdf
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (2018). Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa La Escuela es Nuestra. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5574403&fecha=03/10/2019
INEE. La Educación obligatoria en México. Informe 2018. México: autor, 2018.
