Hace unos días, la cúpula nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) asestó uno de los golpes más abiertos y cínicos a la democracia sindical en la historia reciente de nuestro gremio. Bajo el argumento de que la política partidista puede “contaminar” la vida interna del sindicato, Alfonso Cepeda Salas sugirió que el Consejo Nacional determine suspender las convocatorias y posponer las elecciones seccionales hasta después del proceso electoral del 7 de junio de 2027.
La paradoja del discurso cupular
El hallazgo de que la política externa representa un peligro para la autonomía del gremio resultaría conmovedor si no proviniera, precisamente, del dirigente que convirtió su posición sindical en un trampolín político para acceder a una senaduría plurinominal. Hablamos de la misma gestión que presumió la entrega de más de un millón de afiliaciones partidistas utilizando la infraestructura, los recursos y las secciones del sindicato.
En la narrativa oficialista, operar la estructura sindical para afiliar maestros y repartir tabletas institucionales se califica como “participación”. Sin embargo, cuando las bases exigen ejercer su derecho constitucional al voto libre, directo, secreto y universal para renovar a sus directivas, el proceso se cataloga repentinamente como un “riesgo de injerencia”.
Aplazar la democracia no es defender la autonomía
Pretender proteger la democracia sindical impidiendo que los trabajadores acudan a las urnas es un despropósito conceptual e institucional. La analogía es transparente: suspender las elecciones para evitar interferencias externas equivale a cerrar las escuelas para evitar que alguien interfiera en el aprendizaje.
La legislación laboral vigente en México ya establece los mecanismos jurídicos y las sanciones correspondientes para denunciar y castigar cualquier intento de intromisión por parte de funcionarios, gobernadores o partidos políticos en la vida interna de un sindicato. Lo que no resulta legal ni éticamente admisible es castigar a la base trabajadora despojándola de sus derechos político-sindicales bajo la premisa de una falsa contención.
De “prórroga excepcional” a la eternización del control
Este nuevo pretexto responde a un cálculo evidente de sobrevivencia y conservación del aparato de poder. Al ligar el calendario sindical con la coyuntura electoral de 2027, la dirigencia busca institucionalizar la prórroga continua. Con decenas de secciones a lo largo y ancho de la República operando ya con gestiones estatutarias vencidas, postergar tres años más la apertura de las urnas busca consolidar una zona gris de ilegalidad continuada.
El fondo de esta maniobra no es la preocupación por la injerencia de los partidos, sino el temor explícito a perder el control de las secciones locales frente a la irrupción de un magisterio informado, crítico e independiente. Conservar intacta la estructura nacional funciona como un activo de negociación indispensable para los proyectos y aspiraciones políticas personales de la cúpula.
Reconstruir la relación sin intermediarios
Como ha señalado la Presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, la transformación del país y la relación con el sector educativo debe ser directa y sin intermediarios. Sostener dirigencias vencidas mediante el congelamiento arbitrario de convocatorias busca mantener filtros corporativos que secuestren la voz del docente frente a grupo.
La autonomía sindical no consiste en blindar a los dirigentes frente a la voluntad de sus agremiados; consiste en garantizar que los trabajadores elijan con total libertad a quienes habrán de representarlos. El voto de la base no amenaza al SNTE. Lo que amenaza al sindicato es una dirigencia que confunde representación con propiedad y vida sindical con un proyecto político personal.
