El Instituto de Pensiones de los maestros colimenses: historia de complicidades.


Al grito de “¡SNTE! ¡SNTE! ¡SNTE!”, los integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 39 del SNTE festejaron de manera enjundiosa, el pasado 28 de septiembre de 2018, en el Congreso, la aprobación de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima. No les importó que se haya decretado la extinción del anterior organismo de Pensiones, descaradamente saqueado, sin siquiera advertirse acciones para sancionar a los culpables. No les importó, mucho menos, el enojo de la base magisterial, a la cual, por cierto, como en otras ocasiones, no invitaron a la jubilosa celebración en el recinto legislativo. Se dijo que este nuevo instituto, junto con la normatividad recién creada, garantizaría por varias décadas un entorno favorable para los compromisos pensionarios con el magisterio.

La aseveración anterior no tardó en desmoronarse. A poco más de un año de la aprobación de la ley mencionada, en el mismo lugar, el secretario de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, Kristian Meiners Tovar, compareció ante la LIX Legislatura del Congreso del Estado. En tal evento, el funcionario reconoció que existe un adeudo del Gobierno del Estado al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL) por un total de 179 millones de pesos, monto derivado de retención de cuotas de trabajadores, aportaciones patronales pendientes y retraso en el pago de la deuda con respecto al extinto instituto de pensiones, la cual, por cierto, deberá ser cubierta en un plazo de veinte años por un escandaloso total de 730 millones de pesos. Ante este adeudo tan escandaloso, una de las integrantes de la legislatura cuestionó sorprendida: “¿Dónde carajos está el dinero de los trabajadores del Estado?”, pregunta que ronda por la cabeza de los miles de docentes de sostenimiento estatal a los que puntualmente, cada quincena, se les descuentan las cuotas correspondientes sin que éstas se vean finalmente reflejadas en los servicios que ofrece su instituto pensionario.

Los hechos posteriores a la creación de la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima han dejado claro que el problema de las pensiones, jubilaciones y demás prestaciones del magisterio no radicaba únicamente en la inviabilidad de los procedimientos financieros que prevalecían, sino, sobre todo, en la falta de voluntad y rectitud de algunos y en la silenciosa, pasiva e indiferente complicidad de otros. Quedó demostrado pues que las cuotas del magisterio para su sistema pensionario, tengan o no un sistema viable financieramente, siguen quedando a disposición del patrón, con la complacencia de quienes se supone deberían combatir ferozmente este tipo de malas acciones.

El episodio que se ha vivido con el tema de las pensiones, de ser analizado con humildad, debe representar una gran lección no sólo para la cúpula sindical, sino para la base magisterial. El alejamiento de los intereses de la base por parte de los jerarcas sindicales ha tenido consecuencias negativas. Fueron ellos quienes impulsaron electoralmente al gobernador que hasta hoy ha afectado al magisterio estatal; fueron ellos también quienes aceptaron la nueva ley de pensiones sin poner como condición el resarcimiento de los daños anteriores y sin siquiera inmutarse ante las campañas de desprestigio que se orquestaron contra quienes merecidamente gozan de una jubilación. No es en vano pues que en las pasadas elecciones los candidatos del partido del SNTE hayan tenido un apoyo prácticamente nulo por parte del magisterio, lo que casi los lleva a la pérdida del registro electoral. No es casualidad tampoco que las figuras sindicales sean blanco de desprecio y reclamos cada vez que se atreven a pisar una escuela. No es fortuito tampoco que empiecen a tomar cada vez mayor fuerza voces que piden incluso un cambio radical e inmediato en la conformación del comité sindical. El SNTE tiene que mirar hacia adentro y ver qué fue lo que provocó todo ese entorno. La explicación del alejamiento de la base en los tiempos difíciles es por demás ingenua.

Para la base los aprendizajes también deben ser mayores. Por una parte, entender que la unidad sindical que tanto se pregona y se pide a los agremiados no debe ser acrítica e incondicional: el silencio no es conveniente cuando a todas luces el barco se dirige a un destino indeseado. Se debe asumir que la defensa de los derechos laborales empieza por el trabajador mismo y, ante hechos como los referidos en este escrito y la pasividad de quienes ostentan cargos para evitarlos, la indiferencia es también una manifestación de complicidad ante las injusticias que se cometen. Esperar un llamado que probablemente nunca llegue es como esperar a recibir la indicación de abandonar un edificio cuando éste se está consumiendo en llamas.

Así pues, el agremiado debe también reconocer su responsabilidad en situaciones como las que se están viviendo. El trabajador común y corriente debe reflexionar en las consecuencias de sus propios actos que parecieron intrascendentes: desde las elecciones sindicales en las que votó apegado a la llamada telefónica que recibió un día antes y no a sus propios intereses, pasando por los desfiles en los que se desplegaron pancartas de agradecimiento al gobernador hasta aquellas asambleas delegacionales en las que en vez de abordar temas laborales prioritarios, se optó por degustar un desayuno. Vale la pena pues cerrar este escrito con una reflexión del gran Paulo Freire: “¿Quién sentirá mejor que ellos [los oprimidos] los efectos de la opresión? ¿Quién más que ellos para ir comprendiendo la necesidad de la liberación? Liberación a la que no llegarán por casualidad, sino por la praxis de su búsqueda, por el conocimiento y reconocimiento de la necesidad de luchar por ella” (2005, p.42).

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REFERENCIAS

FREIRE, Paulo (2005). Pedagogía del oprimido (segunda edición). México: Siglo XXI.


Rogelio Javier Alonso Ruiz
Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía.

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