Cuando hace unas semanas hicimos la pregunta ¿qué va a pasar con los trabajadores de la educación que se encuentran en situación de vulnerabilidad? Esto frente a las condiciones difíciles que se vivirán durante el retorno a las clases presenciales (próximo agosto 2020), las autoridades educativas contestaron que se evaluaría caso por caso y que eso estaría supeditado a un examen médico, una certificación o una prueba sobre la presencia o no de la enfermedad Covid-19.
En los hechos, sin embargo, las autoridades educativas federales y estatales, en términos generales, no tienen disposición ni herramientas administrativas (jurídicas) para dar más licencias médicas o permisos para que las y los docentes, directivos escolares, asesoras y asesores técnicos, así como otras figuras educativas y personal de apoyo a la educación, que tienen antecedentes de enfermedades o situación adversa de salud (como diabetes, cáncer, hipertensión, obesidad, asma u otras enfermedades crónicas), no se incorporen de inmediato a las labores de la “nueva realidad” social y educativa (la noción de “nueva normalidad” no termina por convencerme).
Así, en los hechos, las autoridades educativas dan signos o pistas de retorno, pero hacia la “vieja normalidad”. De esa manera se traza el camino hacia la “regresión burocrática”. No permisos, no concesiones, no autorizaciones, no condescendencias. La lógica administrativa que viene será la de ¡¡¡No más suspensiones de clases, no más interrupciones injustificadas, no más ruptura de la continuidad institucional!!! (Aunque cuando llegan los Juegos Magisteriales, una buena parte de las maestras y los maestros interrumpen clases). Como si las y los trabajadores fueran los responsables de la cuarentena-cincuentena. Por lo tanto, se nos viene la etapa del no, no, no. La palabra favorita de la burocracia. Entonces, la otra pregunta sería: ¿Quedarán en el abandono y sin protección legal e institucional las y los trabajadores de la educación que presenten esos cuadros o síntomas de enfermedades, o que sean mayores de 60 años? ¿Qué cada quien se rasque con sus propias uñas?
El Poder del escritorio
A propósito de lo anterior (y casi como mera coincidencia) la semana pasada me enteré que un organismo público desconcentrado, administrador de la educación básica en un estado de la República (no digo de qué entidad, pero cualquiera puede deducir a cuál me refiero), pidió a sus directivos(as) altos y medios: Directores de área, jefes de departamento, jefes de sector, supervisoras y supervisores escolares y directoras(es) de escuela, el viernes por la noche, que hicieran una relación de nombres y claves presupuestales o claves de plazas magisteriales, de aquellos trabajadores y trabajadoras que estarían en situaciones de vulnerabilidad para identificarlos. ¿Cuál será la política específica a seguir acerca de estos trabajadores?
Aparte de que esa información podrían obtenerla directamente, es decir, desde la dirección de recursos humanos, se nota que el movimiento burocrático es como un “acto reflejo”, porque implica solicitar información de manera absurda, sin sentido. Ello nos indica, además, cómo funciona el poder del escritorio y cómo se justifica la existencia disfuncional de la burocracia dorada. La burocracia que caracteriza a la etapa del “posneoliberalismo”. Así en la educación pública; en los servicios de salud, y en todos, sin excepción, los demás ámbitos del sector público. Por cierto, algunos segmentos de la iniciativa privada, no se quedan atrás en estas regresiones burocráticas (por ej.: los servicios bancarios).
Más allá de la corrupción: la burocratización
Ello muestra, una vez más, que el “cambio de régimen” (que habría de incluir la modificación de los patrones administrativos cerrados y verticalistas), no llegará a su término o no sucederá pronto. No al menos en los próximos cuatro años. Las prácticas institucionales (los hábitos y las costumbres) se comen a las buenas intenciones del presidente López Obrador, de acabar con el régimen “neoliberal” para dar paso al “posneoliberalismo”.
Esta burocracia educativa, en particular, que insiste en solicitar información sin sentido a sus directivos y mandos medios, y que termina por perder la mirada hacia las necesidades apremiantes de sus trabajadores de base; es decir, una burocracia que se define por poner al trámite por delante y a las personas por detrás, es el sello del accionar público del Estado mexicano, hoy. Es la marca de nuestras instituciones nacionales y locales que se encargan de (des)administrar al sistema educativo.
Para finalizar este breve comentario, planteo otra pregunta-reflexión: ¿Qué capacidad financiera tiene el Estado mexicano (a través del ISSSTE) para dar soporte al personal educativo y de apoyo a la educación, ante los escenarios laborales y del derecho a la salud que se presentarán a partir del siguiente ciclo escolar 2020-2021?
Una más ¿Habrá fondos, así mismo, para contratar a personal interino que ocuparía temporalmente los puestos de trabajo de quienes se encuentran en situación vulnerable?
La posición y el papel del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y demás organizaciones gremiales, en ese sentido, y que están para defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras del sector (ello sin afectar el servicio educativo), se pondrá nuevamente a prueba. Y los altos dirigentes gremiales ¿Se quedarán acaso limitados en su actuación como simples “soldados intelectuales” del nuevo régimen?
Ahí está sobre la mesa no sólo el paquete de combatir las nocivas prácticas de la corrupción en las instituciones nacionales y estatales, a partir de la llegada del “posneoliberalismo”, sino también las añejas prácticas burocráticas en general, y en especial, de la educación pública.
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@jcma23
Publicado en SDPnoticias
