En 38 páginas, además de aquello que hay en los anexos estadísticos, ayer se presentó la rendición de cuentas que la Constitución mandata al Ejecutivo: el informe anual de gobierno. La rectoría de la educación en México, que corresponde a la SEP, no ha sido jamás tarea sencilla, y ordenar la información relevante –bueno, comenzando por tener la información relevante, y que sea confiable, pues en la gama de la negligencia hasta la corrupción hay toda clase de agujeros que hacen que la cubeta de los datos llegue perforada y derramando– es un verdadero reto. Se trata de plasmar lo importante del quehacer educativo del país desde el ángulo de los titulares de las obligaciones –el presidente, y su oficial designado, el secretario; acá voy a dar un vistazo desde el ángulo de los titulares del derecho, las niñas, los niños y los jóvenes en México.
Amerita revisión detallada, y sobre todo el ejercicio de cuestionamiento, glosa y precisiones que les corresponde hacer a nuestros representantes, los legisladores, para que no se quede en una carretada de números y el reporte se convierta en verificación de rumbo y en acreditación de confianza. No dejemos de exhortar y de exigir que las comparecencias no sean un paseo de banderas partidistas –ni de quién pregunta, ni de quién responde- sino un verdadero rendir cuentas al pueblo.
Del texto quiero destacar dos aciertos: primero, ya se subrayan las prioridades del Programa Sectorial; es decir, todo el sexenio deberá ser juzgado por el alcance de metas en los seis objetivos que el propio gobierno apunta: a) la garantía de equidad, inclusión, interculturalidad e integralidad; b) la garantía de calidad/excelencia; c) la revalorización de los maestros; d) la generación de entornos favorables; e) la garantía de cultura física y promoción de estilos de vida saludables; f) el fortalecimiento de la rectoría del Estado y de la participación social. El proyecto de toda la educación mexicana, así formulado, es claro, genera consenso, hace la necesaria continuidad con los esfuerzos hasta ahora emprendidos.
El segundo acierto es que se le da espacio e importancia a las estrategias nacionales que surgen del mandato de la Constitución: la de Primera Infancia, la de Educación Inclusiva, y la de fortalecimiento a las Normales. Acá el punto ya no es tan declarativo: mientras que para la Primera Infancia, con un gran trabajo de convergencia con los estados y la sociedad civil hay mucho que se está realizando, con la de Inclusión los temas está apenas apuntados, y con las Normales trágicamente ausentes… para ser una nueva etapa, las Normales siguen en semáforo rojo, sin desprenderse –buena parte de ellas– de los abusos y grotesca manipulación que las manchan.
El resto del informe es muy disparejo; temas fundamentales como el gasto educativo, se despachan en apenas media cuartilla, mientras que algunos detalles son de microscopio y en un resumen de resultados del sistema educativo nacional con más de 30 millones de alumnos, se reportan talleres cortos e intercambios de 54 estudiantes. Los números son peculiares: se plasma, por ejemplo, que la promoción a supervisores sólo se concretó con 32 (o 45, el texto es oscuro) personas, un número muy bajo y fuera de contexto con las promociones anteriores, o bien, se reportan 34 mil plazas menos en el FONE en este año con respecto del inmediato anterior, lo cual es de celebrarse si fue compactación o extinción por corrupción detectada, pero se trataría de un volumen totalmente inusual de reducción.
En todo caso, hay dos temas más que el Informe toca y que debe dárseles máxima relevancia. Uno es lo reportado sobre Escuelas de Tiempo Completo. Con claridad se reconoce que este año fiscal se operó con la mitad del presupuesto que se venía asignando, a pesar de reconocer que es uno de los programas con mejores resultados y mayor impacto. Si en este país tan desigual desde el arranque un programa de jornada larga, –más asignaturas, mejor infraestructura, incentivos a los maestros y alimentos para los estudiantes– es un tesoro, una compensación apenas inicial pero sólida de la inequidad para poblaciones marginadas, imaginemos ahora su importancia en la etapa que sigue: todas las escuelas debieran ser de tiempo completo para recuperar aprendizajes, nutrición y paz en las familias, además de un empujón a la reactivación económica. Necesitamos más escuelas de tiempo completo, no la mitad; en el Informe se reconoce que el recorte es un descontón derivado del Presupuesto de Egresos de la Federación. El Informe no lo dice, lo digo yo: es un despojo que no debe permitirse, y menos reproducirse para 2021.
Tema dos: las evaluaciones. El Informe da importancia, como debiera ser obvio, a las mediciones del logro de aprendizaje, y reporta los tímidos avances que tenemos en Planea y lo que resultó en PISA. Incluso se colocan en una tabla los resultados de Planea como medida de la meta 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que México tiene obligación de cumplir y reportar a la comunidad internacional. Pero aún los titulares de MEJOREDU siguen declarando, más obsesionados con el pasado que comprometidos con el futuro, que no saben si se realizarán de ahora en adelante; señales contradictorias, si el gobierno federal ya coloca estas mediciones como referente.
Una nota de conjunto: el presidente, en su discurso, no se acuerda de los niños ni destaca el esfuerzo educativo. El equipo de la SEP tendrá que trabajar con más ahínco en dar una visión más estratégica y sin tanta variación en la calidad de la información que ofrecen al escrutinio público. Pero seguiremos leyendo el Informe para valorar lo que hay y lo que falta, lo que se hizo y el reto que viene.
