Por: Rafael de Hoyos
En solo unos meses la pandemia borró años de avances económicos y sociales en México y buena parte de América Latina. De acuerdo con el INEGI, el Producto Interno Bruto en México cayó más de 18% el segundo trimestre del 2020, la reducción más profunda desde que comenzó el registro de la serie. Menos actividad económica se ha traducido en menores ingresos para las familias; entre abril y mayo de este año, 2 de cada 3 hogares reportaron una reducción en sus ingresos y 1 de cada 3 reportó que la reducción fue mayor al 50% (EQUIDE, 2020).
Como suele suceder en épocas de contracción económica, aquellos hogares con menores recursos económicos han experimentado una mayor caída en sus ingresos. Un estudio reciente muestra que la desigualdad del ingreso podría aumentar en 4 puntos porcentuales para alcanzar niveles superiores a los observados a finales de los años 90s (Lustig et al., 2020).
Menos ingresos, sobre todo entre hogares de nivel socioeconómico bajo o medio quiere decir más pobreza. Los hallazgos de Lustig y otros sugieren que la pobreza en México podría aumentar 6.4 puntos porcentuales, lo que significa que 8 millones de mexicanos caerían en esta condición debido al efecto del COVID-19.
Estos costos económicos y sociales son enormes, pero no son los únicos y quizá ni siquiera los más altos. Aunque no son palpables – y quizá por ello difícil de dimensionar –, los efectos del COVID-19 en el bienestar de largo plazo pueden ser mucho mayores que los de corto plazo. Si la pandemia afecta los determinantes de la productividad futura (innovación y capacidad para hacer un buen uso de las tecnologías, entre otros), entonces sus efectos serán apreciables durante varias generaciones.
Entre los determinantes de la productividad futura, posiblemente el más importante es la formación de capital humano que se da a través de acceso a la salud y la educación. Cuidar la formación de capital humano, sobre todo entre niñas, niños y jóvenes en condición de pobreza, es el reto más importante para evitar que el COVID-19 afecte las condiciones estructurales de la economía, la productividad y con ello el bienestar de largo plazo.
¿Crisis temporal o impacto permanente?
La pérdida de empleos, reducción en ingresos e incremento de la responsabilidad en el cuidado y educación de los hijos ha provocado un crecimiento en los niveles de ansiedad y estrés dentro de los hogares (Griffith, 2020). Desafortunadamente, esto se ha manifestado en mayor violencia al interior de las familias, afectando particularmente a las mujeres y las niñas y niños (Agüero, 2020). La evidencia para EE. UU. demuestra que el COVID-19 ha aumentado los casos de abuso infantil, ya sea maltrato físico, psicológico, abuso sexual o negligencia (Bullinger et al., 2020 y Bullinger et al., 2020). Incluso en ausencia de maltrato infantil directo, el aumento en los niveles de estrés y ansiedad en el hogar es suficiente para afectar el desarrollo de los más pequeños, inclusive los nonatos que, a través de la madre, resienten el estrés.
En ausencia de una política para proteger el desarrollo de los más pequeños, el impacto negativo del COVID-19 se manifestará por varias generaciones. Las investigaciones del premio nobel de economía James Heckman demuestran que la primera infancia—los cuidados para garantizar el adecuado desarrollo físico, psicológico y emocional desde la concepción hasta el tercer año de vida—es el periodo cuando la inversión en capital humano tiene más relevancia y un mayor retorno. Heckman también ha demostrado que la inversión temprana es complementaria (no sustituta) de la inversión subsecuente. Esto quiere decir que el no invertir en la primera infancia es altamente costoso porque sus consecuencias negativas se manifiestan durante toda la vida (Cuhna y Heckman, 2007).
Los hallazgos de Heckman tienen por lo menos tres implicaciones relevantes para el diseño de políticas públicas para mitigar el impacto de la pandemia sobre la acumulación de capital humano entre niñas, niños y jóvenes en condición de pobreza:
1) Los niños menores de tres años son los más vulnerables, ya que los ambientes tóxicos derivados de la pérdida de empleo, la ansiedad o el estrés, pueden afectar su desarrollo neuronal. Esto tendría un impacto negativo sobre las trayectorias educativas y laborales futuras de los niños más pequeños y vulnerables, reduciendo sus ingresos, empleabilidad y niveles de salud.
2) Los niños pequeños en condición de pobreza son quienes más necesitan de la protección del Estado, puesto que ya estaban en riesgo de no alcanzar un desarrollo físico, psicológico y emocional óptimo inclusive antes de la pandemia; para ellos, sin una política gubernamental bien diseñada y focalizada, el COVID-19 representará el evento que los destinará a una vida de pobreza y marginación.
3) El diseño de una política de desarrollo integral de la primera infancia (DIPI) que garantice la nutrición adecuada y la estimulación e interacción necesarias durante los primeros años de vida sería suficiente para incrementar los aprendizajes, la probabilidad de ir a la universidad, la empleabilidad, el ingreso y el nivel de bienestar futuro entre los niños que hoy viven en pobreza.
Una propuesta de equidad para proteger a los más pequeños
El Estado tiene la responsabilidad de proteger el desarrollo integral de las niñas y niños más pequeños y en situación de pobreza. Una posibilidad para diseñar e implementar un programa que pueda proteger el derecho de niñas y niños es a través de los recursos humanos del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” (JCF).
Seguramente muchos de los aprendices del programa no están beneficiándose de las pasantías debido al cierre de buena parte de la estructura productiva. Estos jóvenes podrían ser capacitados para visitar a los hogares más pobres con madres embarazadas o niños pequeños. Durante la visita al hogar los jóvenes podrían proveer a las familias formación y materiales didácticos sobre la importancia de la lactancia materna y el valor de la interacción cotidiana con niñas y niños pequeños. Un programa similar implementado en Jamaica mejoró la empleabilidad y el ingreso de los beneficiarios 20 años después de haber recibido el programa (Gertler et al., 2014).
Canalizar el programa JCF a una estrategia de primera infancia generaría beneficios para las familias pobres con hijos pequeños o mujeres embarazadas. Al mismo tiempo, beneficiaría al joven porque le proveería habilidades y experiencia laboral implementando una estrategia que realmente estaría construyendo el futuro. Dado el presupuesto del programa JCF, el costo fiscal sería muy bajo: el necesario para financiar la capacitación de los jóvenes y la supervisión de la implementación en campo. Adicionalmente, el riesgo sanitario sería relativamente bajo para jóvenes sin condiciones médicas previas y se podrían evitar contagios en el hogar llevando a cabo los cuidados necesarios como lavado de manos y uso de cubrebocas.
El COVID-19 ha exacerbado retos sociales que eran ya enormes en México y el resto de América Latina. Si no actuamos hoy para proteger a los más pequeños, los estaríamos condenando a un futuro de pobreza y marginación. Esto no solamente es moralmente inaceptable, pero también económicamente errado pues reduce la productividad y el crecimiento económico de largo plazo, aumentando la pobreza y la desigualdad.
Referencias
Bullinger, Lindsey, Carr, Jillian B y Packham, Analisa (2020). “COVID-19 and Crime: Effects of Stay-at-Home Orders on Domestic Violence” NBER Working Paper No. 27667, disponible en:
https://www.nber.org/papers/w27667.
Bullinger, Lindsey, Raissian, Kerri, Feely, Megan y Schneider, William (2020). “The Neglected Ones: Time at Home During COVID-19 and Child Maltreatment” (August 1, 2020), disponible en: https://ssrn.com/abstract=3674064.
Cunha, Flavio y Heckman, James (2007). “The Technology of Skill Formation,” American Economic Review, 97 (2): 31-47.
EQUIDE (2020). “El ingreso de los mexicanos en el contexto de la pandemia”, Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, Universidad Iberoamericana.
https://equide.org/wp-content/uploads/2020/05/PB-Ingresos.pdf
Gertler, Paul, Heckman, James, Pinto, Rodrigo, Zanolini, Arianna, Vermeersch, Christel, Walker, Susan, Chang, Susan M. y Grantham-McGregor, Sally (2013). “Labor Market Returns to Early Childhood Stimulation: a 20-year Follow-up to an Experimental Intervention in Jamaica,” Science 344 (6187), 998-1001.
Griffith, A.K. (2020). “Parental Burnout and Child Maltreatment During the COVID-19 Pandemic”, Journal of Family Violence.
Lustig, N., Martinez Pabon, Valentina, Sanz, Federico y Younger, Stephen D. (2020). “The impact of COVID-19 lockdowns and expanded social assistance on inequality, poverty and mobility in Argentina, Brazil, Colombia and Mexico”, CEQ Working Paper 92, Tulane University, disponible en: http://repec.tulane.edu/RePEc/ceq/ceq92.pdf.
