La evaluación docente del desempeño para efectos de la permanencia en el empleo ha sido a lo largo del sexenio una evaluación fraudulenta. Quienes la operaron desde la SEP y desde el INEE sorprendieron la buena fe de la sociedad mexicana. No se necesitan posgrados para saber que evaluar el DESEMPEÑO de un trabajador es necesario observarlo en su zona de trabajo y revisar su expediente administrativo abarcando, digamos, unos tres años atrás. Ninguna de las dos cosas toma en cuenta la evaluación docente del desempeño para efectos de permanencia en el empleo, y por eso es fraudulenta. Quiénes la defienden no saben qué defienden.
Negarse a presentarla en este noviembre ya en curso puede justificarse con dos razones. Una de ellas la justifican los teóricos (Arendt), cuando una protesta es consciente y pública y se entiende como protesta civil. La otra, que quiero proponer, descansa en lo numérico para medir la transición que va del castigo administrativo a la negociación política. Dicho de otra forma: basándonos en lo numérico, cómo tener una interpretación para aplicar la desobediencia civil de manera que no constituya delito. Lo explico de la siguiente forma, es la segunda de las dos maneras de fundamentarse:
Cuando un alumno líder de su aula (no necesariamente el jefe de grupo que es regularmente el líder formal), cuando el líder real del salón propone que se vayan de pinta alguien refuta diciendo que los pueden castigar. El líder del grupo replica que si se van todos nada pasa porque no pueden castigar a todos. Esta es la tesis de la propuesta para argumentar lo político desde lo numérico, pero la detallaremos. Hay una frontera entre el castigo administrativo y la suspensión del castigo desde la perspectiva de lo numérico, siendo este número muy relativo y dependiente de las circunstancias:
En la pequeña ciudad M un ciudadano bloquea intencionalmente el tráfico. Es uno, la autoridad lo arresta. En la misma ciudad M cuatro ciudadanos bloquean intencionalmente el tráfico y el jefe de la policía duda en aplicar la norma que le permite arrestar a los cuatro. En el momento en que duda y no aplica la norma entra a la escena lo político. En la populosa capital P de cierto estado el lunes cuatro ciudadanos bloquean y la autoridad lo arresta; el martes cuatrocientos bloquean y la policía carga y arresta a los cuatrocientos. El miércoles se plantan dos mil y el presidente suspende la norma que le permite arrestar y negocia, a pesar de que tiene cuatro mil policías para cargar contra los dos mil y arrestar. La frontera numérica no es, pues, 4 o 400 o 4 mil, sino que se fija cuando se suspende la norma con base en la presión del número. Entra allí lo político, pero falta algo.
En el ejemplo de los alumnos que se van de pinta el profesor puede aplicar la norma consistente en reprobar al alumno faltista, y efectivamente la aplica, lo reprueba. Se entera el subdirector y valida el acto administrativo que reprime la infracción. Se entera el director y decide suspender la norma y su aplicación; aquí entra lo político siempre y cuando el supervisor no pretenda sostener aplicable la norma. Entra lo político la primera vez que se suspende la norma sin responsabilidad, porque si se suspende pero hay castigo entonces sigue siendo un tema administrativo al no desaparecer la coacción. Suspender la norma sin responsabilidad implica que no haya un superior que coaccione para fincar responsabilidades.
El PRI, como gobierno federal establecido 2012-2018, decidió aplicar la norma de despedir docentes porque no se evaluaban. Desde la dirección de la escuela y hasta la presidencia de la república la norma se mantuvo. Nadie la suspendió y el tema se sostuvo en sus límites administrativos. Hoy, para hacer justicia, el presidente electo López Obrador decide suspender la norma docente y sus consecuencias y devolverles el trabajo a los despedidos. Al dejar sin efecto la norma Amlo entra en lo político por dos razones: porque suspende la norma, y porque nadie encima de él hay para que lo coaccione en sentido contrario. Ejecuta un acto soberano.
Ahora abordemos la decisión de los docentes de si asisten o no a la fraudulenta evaluación docente supuestamente del desempeño en el actual noviembre. Pueden y deben dejar de asistir los maestros apoyados en las dos interpretaciones que ya apuntamos de que negarse a asistir es un acto justo. Repitamos: la desobediencia civil para que lo sea debe ser consciente y pública. Yo añado que debe ser numéricamente representativa para saltar de lo administrativo a lo político suspendiendo la aplicación de la norma, la norma es la ley docente.
Pues bien, la resistencia docente que ya viene sabrá cumplir con los dos criterios. Será pública y numéricamente significativa cuando lo docentes se manifiesten en contra de la fraudulenta evaluación y se nieguen a entrar al campo de concentración (KL) que es el usual gimnasio Omega en Xalapa. (¿Qué significa KL?) Pueden y deben negarse los docentes por el bien de ellos mismos, por el bien de niños y jóvenes, por el bien de México, incluso por el bien del PRI, pero para el PRI ya es demasiado tarde.
