En estos momentos, en contextos difíciles de pandemia por Covid (tercera ola, julio 2021), y con la incertidumbre acerca del regreso, o no, a clases presenciales o híbridas, existen también preocupaciones que tienen que ver con la participación del magisterio en la toma de decisiones y en la construcción horizontal de una agenda educativa nacional.

Una vez más es conveniente reconocer que, aunque parezca una frase de lugar común, el maestro y la maestra son los actores claves y centrales de los procesos educativos, pero que no han sido revalorizados o revalorados.

¿Cuál es el canal o los canales adecuados, efectivos y directos para que la voz de las y los profesores sean escuchados por los gobernantes en México?

¿De qué manera las políticas públicas educativas incorporan las necesidades del magisterio que trabaja, día a día, en las escuelas y aulas?

¿Cuáles son los medios para escuchar a las y los directivos escolares, y demás figuras profesionales que forman parte del sistema educativo nacional?

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Es cierto que el Poder Legislativo, específicamente la Cámara de Diputados, define los criterios, montos y proporciones de la distribución del gasto público federal. Pienso específicamente en el rubro del gasto educativo. Sin embargo, es conveniente que éste órgano esencial del Estado mexicano también tome en cuenta la voz y el peso social de las y los docentes, de manera directa. ¿Cómo lograr eso? ¿A través de la movilización social o con ésta y con la incorporación de las voces y votos magisteriales en las instituciones del Estado responsables de la educación?

Hace algunos años existió el Consejo Nacional Técnico de la Educación (CONALTE), que estaba presidido por el o la titular del ramo educativo, es decir, de la SEP. También existían los Consejos Estatales Técnicos de la Educación, que estaban integrados, paradójicamente, por docentes de larga experiencia en la labor educativa, pero que no necesariamente eran especialistas, técnicos o estudiosos de los procesos educativos.

Desde 2019, el Estado mexicano creó, o más bien reformuló (al reconvertir o reconfigurar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE), un organismo público no sectorizado y sin autonomía constitucional, que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MejorEdu), que tiene un papel y una actuación importante en la definición de las políticas públicas del sector. (1)

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La estructura cupular en la toma de decisiones educativas

El Capítulo II, Título Segundo, de la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación, que se refiere a la “integración y facultades del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación”, en sus Artículos 7, 8 y 9, señala:

Art. 7. “El Sistema contará con un Comité consultivo y deliberativo, cuya función será: I. Coadyuvar en las acciones del Sistema, a fin de contribuir a la mejora continua del Sistema Educativo Nacional de manera integral; II. Intercambiar información del Sistema Educativo Nacional y promover la vinculación interinstitucional sobre experiencias relativas, provenientes de los estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales que contribuyan a la mejora continua de la educación, y III. Conocer y opinar sobre las propuestas que la Comisión emita en materia de mejora continua de la educación.

“Art. 8. Los integrantes del Comité acordarán los lineamientos que regirán su funcionamiento, así como las actividades específicas de colaboración encaminadas a lograr los principios del Sistema.

Los convidados: Las maestras y los maestros están fuera del tablero político

“Art. 9. El Comité estará integrado por: I. La persona titular de la Secretaría de Educación Pública, quien lo presidirá; II. La Junta, cuya persona que la presida coordinará las actividades del Sistema; III. Las personas titulares de las subsecretarías que formen parte de la Secretaría; IV. La persona titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; V. Las Presidencias de las Comisiones de Educación del H. Congreso de la Unión; VI. Un representante de las instituciones de formación inicial docente; VII. Un representante del Consejo Técnico, diferente a la persona que presida la Junta, y VIII. Un representante del Consejo Ciudadano. La presidencia del Comité, invitará de manera permanente a representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de la Función Pública y del Instituto Nacional de las Mujeres a las sesiones, de igual forma podrá invitar a representantes de instituciones públicas, de organismos públicos autónomos, así como a docentes, especialistas, y demás actores sociales involucrados en el proceso educativo que puedan contribuir al logro de los fines del Sistema, que asistirán con voz, pero sin voto.” (2) (Itálicas de J.C.M.A.)

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Pues aunque se tenga voz, pero si no se cuenta con voto efectivo y directo, las y los protagonistas de los procesos sustantivos de la educación, es decir, las maestras y los maestros, están fuera del tablero político; fuera de las decisiones centrales en materia de educación.

Una sencilla propuesta

Es necesario crear un organismo público, asegurar un voto calificado o diseñar una instancia que reúna las voces del magisterio y reconozca, efectivamente, su peso político y social específicos; que contribuya a la definición de los criterios principales o esenciales de las políticas públicas educativas nacionales (PPE), a partir de las demandas sociales y las necesidades profesionales de las y los profesores, y que trabaje conjuntamente con las instancias públicas de que dispone el Estado mexicano, responsables de asegurar el derecho a la educación.

¿La próxima legislatura federal (Cámara de Diputados) podría tomar en cuenta este tipo de propuestas y lanzar una iniciativa para que la voz y el voto de las y los profesores sean considerados en la confección de las políticas públicas educativas nacionales y estatales?

Más allá de los sindicatos magisteriales; de las y los miembros distinguidos de la sociedad civil; de las y los académicos y especialistas de las universidades e instituciones de educación superior (formadoras o no de profesionales de la educación); de las cúpulas empresariales; de los organismo internacionales y demás actores políticos que influyen en el trazado de las PPE, es importante abrir espacios de colaboración e incorporar la voz de quienes llevan a cabo las tareas sustantivas de la educación básica: Las y los maestros de base.

Lo que hoy se observa es, sin embargo, que no existen esos espacios requeridos para que las y los docentes se expresen; y si existen, éstos se encuentran mediados, filtrados o negados sutilmente para que no se hagan sentir las necesidades y los problemas que enfrenta cotidianamente el magisterio nacional.

El maestro y la maestra no son “nuevos actores” en los sistemas, instituciones del Estado ni en los procesos que permiten asegurar el pleno derecho a la educación, son los actores claves y centrales, indispensables, de los procesos educativos.

Fuentes consultadas:

(1) Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación. Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019. “Art. 24. La Comisión se constituye como un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.

(2) Misma Ley. Según el Capítulo II, “Del gobierno, organización y funcionamiento de la MejorEdu, establece en su Art. 29: “La Comisión está integrada por: I. La Junta Directiva; II. El Consejo Técnico de Educación, y III. El Consejo Ciudadano. Para el desempeño de sus labores se auxiliará, en los términos previstos en esta Ley, de una Secretaría Ejecutiva y las áreas administrativas…”

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Publicado en SDPnoticias