A partir de la reforma constitucional en materia educativa del pasado 15 de mayo, se generaron en consecuencia, la emisión de las leyes secundarias que regulan la misma, como son la Ley General de Educación (LGE), la Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación (LRMCE) y la Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y Maestros (LGSCMM).
Hablando de la primera de ellas, entre otras cosas, ha causado una importante polémica, la eliminación que se hace, incluso dentro del mismo título del decreto que le da origen, a la eliminación de la ley de Infraestructura Física Educativa, que era el organismo responsable del Estado para construir o rehabilitar las escuelas a lo largo y ancho del territorio nacional.
El actuar del propio Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa dio igualmente mucho de que hablar por el claro incremento de sus precios, en donde algunos casos fueron documentados en este espacio, como fue el trístemente famoso caso del programa nacional de bebederos impulsado por la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal pasado, en la cual, la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), señaló graves deficiencias y un costo indidividual de más de 100 mil pesos.
En el país el 11.5% de las escuelas de nivel básico no cuentan con baños, y de ese porcentaje 47.1% no tiene drenaje, el 25.7% están construidos con materiales precarios, en algunos lugares como Chiapas, Guerrero y Oaxaca la ausencia de sanitarios funcionales aumenta a casi 50%. A nivel nacional, 31% de las escuelas no tiene agua corriente y 46% no cuenta con los servicios de drenaje básicos; en Oaxaca, estas cifras ascienden a 60 y 82%, respectivamente, 10% no tiene electricidad, 36% no gozan de alguna área deportiva y 94% no puede acceder a un laboratorio de acuerdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013 (Cemabe) realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que fue usado claramente con fines electorales y, además de que no se atendieron las escuelas prioritarias, se endeudó a las entidades dederativas por muchos años por el 25% de sus recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
En los primeros días de este mes se ha formalizado en el Diario Oficial de la federación (DOF), el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa “La Escuela es Nuestra”. Es momento de ver y comprobar si esta medida viene a generar no solo una optimización de los recursos que de por si es importante, sino la manera en que se ejecutan las obras, partiendo de las muy importantes medidas de seguridad que se requiere en aspectos de infraestructura, así como de la honradez en la ejecución de los recursos por parte de cada una y de cada uno de los integrantes de los Comités Escolares de Administración Participativa que se contemplan en la normatividad establecida.
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