En un mundo donde las noticias circulan a raudales, en días recientes se difundió en las redes sociales una información que es falsa; me refiero a que, derivado del fallo mediante el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la reforma educativa que da preferencia en los procesos de ingreso a los egresados de las Escuelas Normales públicas (EN), de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y del Centro de Actualización del Magisterio (CAM), se dijo que a dichos egresados se les otorgaría una plaza docente de manera automática en el servicio público, lo cual, como ya he dicho, es total y absolutamente falso.
Como se recordará, la reforma educativa promovida e impulsada en 2019 por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada en ambas cámaras de representantes en ese mismo año; en esta, como se sabe, se estableció otorgarles preferencia a las y los egresados de estas tres escuelas formadoras de docentes en los procedimientos de ingreso al servicio público educativo, es decir, para ocupar un lugar en el Sistema Educativo Nacional (SEN). Lo anterior fue contrario a lo que se estableció en la reforma peñaniestista de 2013, donde cualquier egresado de educación superior podía concursar por una plaza en dicho sistema; de hecho, por aquellos años así lo decía el ex secretario de educación, Aurelio Nuño, sin tapujos: “cualquier individuo con título de licenciatura puede concursar por una plaza docente”. Expresión y ley que causó un enorme disgusto entre quienes se encontraban estudiando en las EN, la UPN o los CAM, así como también, entre las y los maestros en servicio. El resultado de este disgusto fue una lucha constante del magisterio, que capitalizó muy bien el lopezobradorismo en las elecciones de 2018 y que culminó en 2019 con la reforma al artículo 3º Constitucional con las adecuaciones que estoy comentando.
Hago un paréntesis para precisar que, desde la reforma educativa de 2013, que también fue aprobada en las cámaras de representantes e implementada durante el sexenio de Peña Nieto, se generó un debate en los siguientes años que se ha tornado ríspido entre egresados de otras Instituciones de Educación Superior (IES) y los de estas tres escuelas formadoras de docentes. El lógico, las tensiones crecen cuando se abre la puerta a un espacio que ya de por sí es privilegiado: me refiero a la educación de niñas, niños y adolescentes. Un espacio donde el conocimiento pedagógico y didáctico que se adquiere y desarrolla en las escuelas formadoras de maestras y maestros, resulta fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje; conocimiento pedagógico y didáctico que no se adquiere y desarrolla si se estudia en una universidad o instituto tecnológico, en una licenciatura en derecho, ingeniería o medicina, por ejemplo. Esta última idea siempre ha sido el punto fino de la discusión, pero un poco más adelante hablaré de ello.
¿Por qué la SCJN avaló recientemente el que los egresados de las EN, UPN y CAM tengan preferencia en los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento? El antecedente nos indica que en octubre de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), promovió una acción de inconstitucionalidad (122/2019) contra diversos artículos de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (aprobada en ese mismo 2019); por lo que respecta al tema que nos ocupa, el del ingreso al servicio, diré que la CNDH cuestionó la prioridad que en la ley se estaba otorgando a los egresados de las escuelas formadoras de docentes, porque, de acuerdo a este organismo, ello vulneraba el principio de igualdad y mérito en el acceso al servicio público. En razón de este cuestionamiento, los magistrados hace unos días fijaron postura y fallaron a favor de lo establecido en 2019, es decir, a favor de la prioridad mencionada en este texto, dando argumentos con relación a la igualdad, pero también, en lo relativo al mérito.
Sobre esto último tema, el relativo al mérito, quiero detenerme un momento, porque no estoy ni estaré de acuerdo con un sistema de acceso al servicio de naturaleza meritocrática. Y no estoy ni estaré de acuerdo porque su concepción refleja en sí misma un acto discriminatorio y excluyente. Entiendo perfectamente que dicho mérito tiene una clara connotación individual, pero ¿socialmente?, es decir, en México, con tantos problemas estructurales en diversos ámbitos es pertinente emplear el “mérito” como mecanismo para que, por ejemplo, alguien ingrese al servicio público educativo. ¿Y qué pasa en las EN, la UPN o los CAM?, ¿cuál es el valor otorgado al proceso de formación que se brinda en esos espacios donde se educan las y los futuros docentes? Entiendo también las más diferentes concepciones y todo lo que se puede discutir sobre este concepto, sin embargo, algo es claro, emplear un sistema meritocrático como ya he dicho es, y será, desde mi perspectiva: excluyente y discriminatorio.
Es cierto, tal y como lo señala Sergio Dunstan en su más reciente artículo intitulado “No cualquiera puede ser maestro: el giro constitucional en el ingreso al magisterio”, cuando refiere que la SCJN respaldó una concepción en la que el mérito se construye en relación con el sistema educativo y con los fines públicos que este persigue, pero, estudiar cuatro la docencia con la intención de ejercer profesionalmente en un futuro y no aprobar un examen de ingreso al servicio público, que es la base de ese sistema meritocrático… ¿no es discriminatorio y excluyente?, ¿no acaso la docencia no es una profesión de estado? Peor aún, si a todo esto le agregamos el más deficiente y pésimo sistema de ingreso que opera de Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, tanto a nivel federal como a nivel local, la cosa se complica mucho, pero mucho más. Ahí tenemos el caso de Jalisco o Puebla, esta última entidad está envuelta en un escándalo cuyo impacto ha sido a nivel nacional, derivado del conocimiento público de cientos de casos de asignación de plazas docentes a familiares, amigos, funcionarios de gobiernos anteriores, etcétera. Vaya, la corrupción en el más amplio sentido de la palabra.
Ahora bien, bajo este argumento, el de la discriminación y exclusión, bien valdría pensar y profundizar en el diálogo y discusión sobre los procesos de formación que se desarrollan al interior de las escuelas formadoras de maestras y maestros, porque, aunque no nos guste, también tienen mecanismos que discriminan y excluyen, por ejemplo, el del ingreso. Es obvio, no cualquiera puede ser maestra y maestro, por ello habría que pensar en todo un mecanismo que permitiera captar, desde la educación media, a aquel estudiante con el perfil para estudiar y ejercer la docencia. También es obvio que habría que repensar y revisar esos procesos de formación desde el día uno hasta el último de su carrera, asunto que es todo un tema, por las más diversas aristas que de este se desprenden y, finalmente, su egreso e incorporación al servicio público.
Desde mi perspectiva, quiero dejar clara mi postura porque lo he dicho en todo este tiempo y lo seguiré sosteniendo: no cualquiera puede ser maestra o maestro. ¿Por qué? Pondré un ejemplo: personalmente, sería incapaz de realizar en estos momentos de mi vida (y antes también) una cirugía de corazón abierto, ya que primero tendría que estudiar o prepararme seis u ocho años para atreverme a hacerlo, ¿por qué alguien que no domina los saberes y conocimientos relacionados con la pedagogía y didáctica tendría que ser docente en un jardín de niños, primaria, secundaria o bachillerato aprobando solo un examen de oposición? En fin, he aquí el eterno debate entre la disciplina y la praxis.
Finalmente, considero muy necesario que las propias EN, la UPN y los CAM hagan (y hagamos) una autocrítica importante porque, es cierto, hay cientos de áreas de oportunidad que no ha atendido el estado-gobierno a través de los años y que no menciono en estos momentos porque no acabaría este texto, sin embargo, también hay que reconocer que procesos al interior de estas escuelas formadoras de docentes que dejan mucho, pero mucho que desear, y que tampoco los escribo porque sería un artículo muy extenso. Mis respetos, por ejemplo, para la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, una institución que goza de reconocimiento social y profesional, tanto de su personal docente como el de su alumnado.
Ojalá en los próximos meses la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESUM) convoque, por ejemplo, a las y los normalistas de todo el país, para hacer una revisión de la implementación del plan de estudios 2022. Un plan cuya conformación fue histórica por la participación de estudiantes y docentes de toda la República. Estamos a punto de que la primera generación con este plan de estudios (2022) egrese de dichas normales. Pienso que una serie de foros en todo el territorio mexicano sería un ejercicio enriquecedor para que se escuchara a toda la comunidad normalista: estudiantes, docentes, administrativos y directivos, y de ahí se tomaran decisiones importantes.
Al tiempo.
Una trivia muy fácil: ¿quién fue el político mexicano que apoyó, tanto la reforma educativa de Enrique Peña Nieto como la de Andrés Manuel López Obrador? Si la respuesta ya la tiene, no me quedaría más que decir: ¡Viva mi México mágico!
