Delfina Gómez lo volvió a hacer. Ante la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, dijo que Cananea y Hermosillo están en Jalisco. Sus profesores de Geografía han de estarse revolcando en su tumba o muriendo de pena ajena, si es que aún viven. No se sabe si reconoció su error fuera de la comparecencia, porque en el momento de la pifia ni ella ni nadie corrigió su dicho; ahí está la grabación para quien quiera verlo y escucharlo (Comparecencia de la secretaria de Educación Pública)
Además de semejante desatino -que no es el primero, por cierto-, la comparecencia resultó bastante tersa; Delfina Gómez dijo medias verdades y prodigó alabanzas en exceso para un magisterio que se siente defraudado por la 4T, principalmente por el maltrato de que han sido objeto por parte de la USICAMM. También respondió a los escasos cuestionamientos con generalidades e hizo muchas promesas.
En su primera intervención dijo que más de veinte millones de alumnos regresaron a las aulas, más de 1 millón 600 mil trabajadores de la educación volvieron a sus centros de trabajo y más de 178 mil escuelas abrieron sus puertas tras 18 meses del cierre debido a la pandemia. Todo esto sin presentar detalles, sin desagregar la situación por nivel, zona geográfica o grupo de edad para mostrar en dónde se localizan las escuelas que no han regresado, los alumnos ausentes y los motivos.
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Reiteró, como lo ha venido haciendo desde hace más de tres meses, que el regreso era necesario no solo por motivos académicos, sino también para proteger la salud física y emocional de los alumnos y docentes. Repitió, una vez más, cifras de vacunación ya conocidas, información sobre Aprende en Casa, libros de texto y la alianza con televisoras privadas para divulgar contenidos educativos, sin aludir en ningún momento al monto del presupuesto público destinado a ello. Mencionó la realización de 1200 programas de radio en 22 lenguas indígenas, “se generaron siete mil cuadernillos de apoyo”, pero la diapositiva decía 700 mil; con la participación de 32 mil Líderes Escolares Comunitarios (LEC´s), nombre rimbombante con el que hoy se identifica a los mal pagados promotores de CONAFE.
La primera intervención de la secretaria concluyó con una pretensión de síntesis. Para que haya un “cambio verdadero” en la educación, la administración actual prioriza cuatro programas:
- Becas que han beneficiado a 11 millones de estudiantes de nivel básico, media superior y superior
- Revalorización y Dignificación del magisterio, con la asignación de 390 mil plazas basificadas, “un dato histórico, nunca se había logrado tanta basificación como en este rubro” (sic)
- La Escuela es Nuestra: entre septiembre de 2020 y octubre de 2021, ha atendido cerca de 60 mil planteles, con recursos entregados de manera directa para mejorar la infraestructura escolar. De 2019 a 2021 se han ejercido 20 mil millones de pesos (de nuevo, la diapositiva decía “más de 21 mil millones)
- Libros de texto gratuito. En 2021 se distribuyeron 182 millones 432 mil 97 ejemplares; por primera vez se distribuyeron 18.6 millones de libros de vida saludable y 1.1 millones de materiales de apoyo; se encuentran en distribución 3.8 millones de libros del Programa Nacional de Inglés (PRONI)
- Aunque anticipó cuatro programas prioritarios, mencionó también el impulso al Programa Nacional de Convivencia Escolar gracias a la firma de convenios con UNESCO e INMUJERES.
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Como todo buen funcionario acostumbra, los retos no podían faltar: mejorar continuamente los libros y materiales educativos; fortalecer transparencia de procesos de promoción de maestras y maestros; ampliar la asignación de becas; contar con una infraestructura educativa más moderna y digna para alumnos y maestros, pues “si bien se ha hecho el esfuerzo, cabe señalar que todavía falta mucho por hacer. Cincuenta años que se dejaron abandonadas las escuelas, obviamente es difícil en dos años lograrlo”.
Pese a que la titular de la SEP intentó acotar las prioridades gubernamentales, y por tanto las intervenciones, en la primera y segunda ronda de comentarios y preguntas, los legisladores de diferentes partidos, incluso Morena, colocaron sobre la mesa otros temas: estancias infantiles; falta de pago a profesores; inconformidades del magisterio ante USICAMM; despidos de docentes “porque estudiaron una carrera neoliberal”; el modelo caleidoscopio de las UBBJ (senador Mario Zamora Gastélum del PRI); el Mexe y las universidades interculturales; Internet para todos; el pago de la deuda por escuelas al CIEN (Certificados de Inversión Educativa Nacional), el programa del sexenio anterior para atender el rezago en infraestructura, definido por el senador Gilberto Herrera Ruiz de Morena como el fobaproa educativo.
En otra oportunidad, abordaremos algunos de los temas arriba mencionados, en especial el de las UBBJ y la situación de precarización magisterial. En las líneas siguientes, nos detendremos en el problema de la infraestructura, esto en razón de su relevancia en el aún inconcluso proceso de regreso a clases presenciales.
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Infraestructura escolar: 50 años de deterioro y contando
Ante los cuestionamientos de los legisladores sobre el abandono de las escuelas, en su segunda y tercera intervención, la secretaria Delfina Gómez aclaró que la mención a los 50 años de abandono había estado motivada por el comentario de un padre de familia durante una de sus múltiples visitas: mi escuela tiene 50 años y nunca ha venido, a lo que le respondí es que hace 50 años yo no estaba” (1 hora 14 minutos). La compareciente en tan alta tribuna legislativa, representando el cargo que ostenta, se presentó a decir lo que le dijeron en lugar de mostrar datos duros sobre la situación. Más claro y contundente se vio el senador Herrera Ruiz, quien le entró al quite con una comparación entre Escuelas al CIEN del sexenio anterior y LEEN de la administración actual.
En su descargo, la titular de la SEP reconoció que falta mucho por hacer, pues las necesidades de las escuelas no estaban cubiertas en su totalidad. Lo que no dijo es que el abandono gubernamental prolongado por décadas se ha convertido en un problema estructural del sistema educativo. Tampoco que al rezago inexplicable en la reconstrucción después del sismo de 2017 se suma la vandalización de instalaciones escoalres durante la pandemia, lo que complica todavía más el problema.
Lo que la titular de la SEP tampoco dijo en su comparecencia, es que no todas las escuelas saqueadas durante la pandemia cumplen con las características establecidas en las reglas de operación del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), mucho menos reconoció que éste programa se ha convertido en una especie de bolsa guarda todo, por lo tanto, los recursos nunca serán suficientes para al menos, paliar las múltiples carencias y necesidades de infraestructura escolar.
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¿Por qué decimos que es un programa guarda todo? Recordemos: cuando en 2019 comenzó a funcionar LEEN, los recursos directos a las escuelas eran para atender únicamente problemas de infraestructura básica. En los albores de la pandemia, se anunció la inminente desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC); ante las presiones e inquietudes de diferentes grupos por un lado, y el interés en proteger las orquestas Azteca de Salinas Pliego por otro, la SEP, en ese entonces a cargo de Moctezuma Barragán, decidió que los recursos del programa LEEN se destinarían a tres componentes en lugar de uno: infraestructura, atención a escuelas de tiempo completo y alimentación (La SEP de la IVT. Tapando hoyos, dejando boquetes). Es decir, se le sumaron nuevos propósitos y exigencias, sin que el presupuesto creciera en la misma proporción.
Así las cosas, un número desconocido de escuelas hoy se encuentran peor que antes de la pandemia. Diversos reportajes nacionales e internacionales advertían desde mayo pasado sobre la situación; el tema continúa siendo motivo de preocupación. Apenas en octubre pasado, el coordinador general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), reconoció que La mitad de las escuelas en Querétaro fueron dañadas durante la pandemia. Por su parte, la CETEG denunció recientemente que el 70% de escuelas de Acapulco fueron desmanteladas. Y decir desmanteladas significa que carecen de lo más elemental e indispensable, los delincuentes se llevaron lavabos, cables, equipos de cómputo. Estos son los casos más graves, pero hay que agregar aquéllos en donde la falta de uso también hizo estragos: deterioro de instalaciones sanitarias y eléctricas, descomposturas severas de bombas de agua, cisternas con agua estancada, etc. (Alumnos en Veracruz regresan a clases con instalaciones deterioradas)
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Ni antes, ni tampoco en el “regreso seguro” a clases, se cumplen las condiciones de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, conocidas como las “4 A”[1]. El gobierno mexicano y organismos internacionales las han reconocido como criterios para valorar el grado de cumplimiento del derecho a la educación; el Estado, a través de la SEP, tendría que garantizarlas, con mayor razón en las actuales circunstancias, donde atender los problemas de infraestructura resulta indispensable para cumplir con las medidas sanitarias establecidas por las propias autoridades educativas y de salud.
En comparación con los espacios abiertos y mobiliario adaptable que otros sistemas educativos han comenzado a utilizar, en congruencia con los modelos educativos antidisciplinares adoptados, en nuestro país las escuelas públicas, sobre todo las de mayor antigüedad, responden a un modelo arquitectónico obsoleto, tipo reclusorio. El robo de equipos de cómputo y recursos materiales por parte de la delincuencia común agrava la situación, las escuelas se han convertido paulatinamente en sitios enrejados, rodeados de alambres de púas y ventanas clausuradas, lo que les da una apariencia deprimente, lúgubre.
La deuda del sistema en esta materia es grande. El déficit refiere a infraestructura básica como muros, paredes, techos, instalaciones hídricas y eléctricas. También a instalaciones deportivas, a la iluminación, temperatura adecuada y ventilación en las aulas, un aspecto crucial para reducir el riesgo de contagios en estos tiempos pandémicos.
Se dice fácil, con abrir ventanas es suficiente, pensarán tal vez algunos despistados lectores. Pero no es así de sencillo; de las casi 200 mil escuelas públicas que existen en el país, no todas cuentan con espacios adecuados, suficientes y funcionales. Debido a ello, para el regreso a clases presenciales, algunas optaron por esquemas rotativos con diversas variantes; por ejemplo, 40 alumnos que antes de la pandemia tomaban clases todos juntos en un espacio reducido, ahora están distribuidos para asistir ya sea por días, horas o semanas.
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Todo indica que el deterioro de la infraestructura escolar continuará, así lo ratifica el presupuesto de egresos 2022 aprobado por los legisladores; no se contemplan recursos extraordinarios para atender tantas carencias. Algunos gobiernos estatales han optado por hacerse cargo, en la medida en que sus enjutos presupuestos se los permiten, de realizar reparaciones mayores que tomarán algunos meses. En esos casos, aunque alumnos y familias quisieran regresar ya, tendrán que esperar.
Hasta aquí la crónica de una comparecencia que transcurrió tersa, sin que nadie corrigiera las pifias evidentes de la secretaria. Una comparecencia en la que el debate brilló por su ausencia, plagada de medias verdades, información superficial, demasiada complacencia y una verborrea anodina tras la cual parece ocultarse la incompetencia y el desconocimiento de los problemas educativos actuales.
Los problemas postpandémicos son demasiado graves para tanta frivolidad.
[1] Tomasevsky (2004), Indicadores del derecho a la educación. Revista IIDH, 40
Publicado en Insurgencia Magisterial
