Oficialmente hoy concluyen las clases del ciclo escolar 2024-2025 para 23 millones 907 mil 339 estudiantes de educación básica y 5 millones 508 mil 572 de educación media superior.
Las y los estudiantes terminan un ciclo escolar marcado por contrastes: avances en programas oficiales, pero también violencia, eventos climatológicos extremos y paros magisteriales que comprometieron el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a estar en su escuela y aprender en ella.
Durante este periodo, el Gobierno federal avanzó en la implementación de la Nueva Escuela Mexicana; incrementó el número de becas para fomentar la permanencia escolar y/o la conclusión de estudios; y, el programa La Escuela es Nuestra incluyó, por primera vez, a la educación media superior, beneficiando a 6 mil 115 planteles. Para este mismo nivel educativo se anunció que se habilitarán 37 mil nuevos espacios en 2025 y la meta para final del sexenio es de más de 100 mil.
Además, se decidió que México continúe participando en la prueba PISA que evalúa las habilidades y conocimientos de estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias; es decir, lo que pueden hacer con lo aprendido. La prueba se aplicó en los meses de abril y mayo, y sus resultados se darán a conocer en diciembre de 2026.
Se puso también en marcha la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz para que, mediante la promoción de hábitos saludables contribuya a garantizar el bienestar y la salud de las niñas y los niños de las escuelas del país; lo que incluye, regular el expendio de alimentos al interior de los planteles escolares, fomentar la actividad física, la salud bucal y visual, la atención emocional y la prevención de adicciones.
Si bien el Gobierno federal impulsó el derecho de las y los estudiantes a asistir a la escuela en mejores condiciones, la desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) representan un retroceso en materia de transparencia educativa. Sin estos organismos y la información que generaban, es mucho más difícil saber cuántos estudiantes están fuera del sistema, en qué condiciones estudian quienes sí están y si realmente están aprendiendo.
Además, la incertidumbre generada entre las y los docentes por la anunciada desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y la falta de claridad sobre un nuevo sistema de promoción —que sugiere incluso evaluaciones entre pares— ha dejado al magisterio en un limbo administrativo y laboral.
Por otro lado, el paro de docentes pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que duró 24 días, afectó a más de 1.2 millones de estudiantes de educación básica en estados como Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Guerrero, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México y Yucatán. Según la SEP, 19 mil 974 planteles (10 % del total nacional) tuvieron suspensión total de actividades. Como resultado de las protestas, se redujo el número de días de clase y se amplió el periodo vacacional.
La realidad en muchas regiones del país muestra que las condiciones para ejercer el derecho a aprender se deterioraron. La violencia relacionada con el crimen organizado obligó al cierre recurrente de escuelas en Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Tabasco, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California y Morelos. En Sinaloa, por ejemplo, al menos 582 de las 978 escuelas de turno matutino en Culiacán cerraron desde septiembre de 2024 y así permanecieron durante gran parte del ciclo. Según el Observatorio de Medios de Mexicanos Primero, se perdieron al menos 30 días de clase por esta causa, sin contar descansos oficiales ni sesiones de Consejo Técnico. Además, 50 menores de edad fueron asesinados en la entidad durante el mismo periodo.
Las condiciones climáticas extremas —huracanes, lluvias intensas y olas de calor— también interrumpieron clases en Coahuila, Michoacán, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Baja California y Sinaloa, lo que evidencia la fragilidad de la infraestructura escolar ante el cambio climático.
Mexicanos Primero ha señalado reiteradamente que lo básico en las escuelas no está garantizado por la carencia de servicios básicos completos en las escuelas, así como la falta de computadoras y conexión a Internet: el 25 % de las escuelas de educación básica no cuentan con los servicios básicos completos (electricidad, sanitarios, agua potable y lavamanos); 47 % no tienen computadoras para fines pedagógicos y 58 % carecen de conexión a internet.
La suma de estos factores —violencia, infraestructura deficiente, falta de transparencia, condiciones climáticas adversas y conflictos laborales—, confirma que el derecho a aprender de las y los estudiantes que concluyen hoy el ciclo escolar, tiene desafíos que requieren atención urgente por parte de las autoridades educativas federales y estatales.
México necesita asegurar que ningún niño, niña o joven pierda un solo día más de escuela porque #AprenderImporta.
