A lo largo de cinco años de reforma educativa nunca quisieron los líderes nacionales del SNTE, ni los seccionales, ni los diputados federales del desaparecido partido Nueva Alianza, defender políticamente a los trabajadores a los que estaban obligados a representar.
Claudicantes por los compromisos de lo que sería la campaña presidencial del 2018, claudicantes por un escaño nacional plurinominal que nunca llegó, y claudicantes por una senaduría veracruzana que tampoco, los profesores diputados adscritos al PRI y a Nueva Alianza fueron sustituidos por profesores diputados del naciente Morena. Claudicantes a causa del dinero recibido del erario, los líderes nacionales y seccionales del SNTE fueron sustituidos por nuevos actores políticos. En la práctica, Esteban Moctezuma, y sus foros por el Acuerdo Nacional sobre la Educación sustituyeron a Juan Díaz y a los Congresos de Educación del SNTE.
Era obligatorio que los Congresos Nacionales de Educación (art. 58 del estatuto) se celebraran una vez en cada periodo de gobierno sindical nacional. Esta obligatoriedad se mantuvo hasta que a partir de 2018, en los estatutos modificados por Juan Díaz para reelegirse, se ordenó que el Congreso Nacional de Educación será optativo: cuando así lo mandate el Consejo Nacional. Claudicantes, los representantes del SNTE deben conformarse ahora con participar como invitados de piedra, y bajo rechifla generalizada donde se planten, en las actividades que hagan otros, e.g., los Foros del Acuerdo Nacional del nuevo gobierno federal. También aquí hubo sustitución de actores y espacios políticos. Los docentes que fuimos agraviados por la reforma educativa con complicidad sindical (documentada por escrito) debimos esperar a que llegaran Moctezuma y Morena para recuperar nuestra estabilidad laboral. Veamos:
El jueves 13 de septiembre el senador Martí Batres presentó una iniciativa (bit.ly/2D1FKec), que pasó a comisiones, “para modificar el artículo 3°, derogando la segunda parte de su fracción III”, precisamente la parte dedicada a la evaluación docente. Batres transcribe enseguida esa segunda parte de la fracción III, que en la iniciativa del diputado local Zenyazen Escobar, presentada en el Foro del 11 de septiembre en Boca del Río, comporta apenas la extinción de la “permanencia”. Mientras Escobar deja todas las evaluaciones en pie, quitando sólo la permanencia, Batres propone borrarlas todas de un plumazo. Zenyazen propone quitar sólo la permanencia. Martí Batres propone derogar todo el siguiente texto:
“Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo”. Claramente vemos quién llega más lejos en su iniciativa.
Por otro lado, el mismo jueves 13 de septiembre el senador por Morena, Casimiro Méndez Ortiz, subió (bit.ly/2xft7a1) un punto de acuerdo que, claudicantes, nunca quisieron hacer los legisladores federales de Nueva Alianza. Dice lo siguiente, después del planteamiento de los antecedentes teóricos de rigor: “Punto de acuerdo.- Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para que hagan una revisión integral de la legislación conocida como “Reforma Educativa” y eliminen de manera definitiva los elementos punitivos que tanto han atentado en contra de los derechos de las y los trabajadores de la educación; restituyendo de manera inmediata a su antigua adscripción o plaza de trabajo a todo docente removido bajo pretexto y afectado por la reforma educativa, así como pagarles salarios caídos y resolver problemas de pago que llevan años pendientes. Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a desistirse de cualquier juicio laboral o administrativo contra los maestros de México”.
Esperamos en vano que desde el CEN del SNTE Juan Díaz de la Torre, Alfonso Cepeda Salas o Jaime León Navarrete, y un medio centenar de seccionales y dos docenas de diputados federales hubiesen impulsado algo como esto pero, claudicantes, nunca lo intentaron siquiera. En sus manos lo que fue en otra épocas un sindicato vigoroso y beligerante fue convertido en un departamento de la SEP, subordinado a la patronal. Deben ser retirados del cargo y correr la suerte política a la que parece destinado el líder nacional petrolero, Romero Deschamps, quien está a punto de caer de la dirigencia sindical. Claudicantes, no es difícil que en cualquier momento salgan a decir que “ratifican” los planteamientos de los senadores Martí Batres o Casimiro Méndez.
Ha pasado lo peor y tenemos nuevos representantes sindicales sustitutos de facto, el nuevo titular de la SEP y el nuevo gobernador de Veracruz, para que nos apoyen en resolver nuestros casos laborales. Oxímoron extremo: ¿Nos golpea, nos humilla y nos escupe un sindicato? Fácil, nos defiende los gobiernos. Ya tenemos en ellos quien nos represente. Siguiendo a Cazals (1985) podemos decir con tranquilidad: ya tenemos quien nos embarre de pastel.
