Cerrar la puerta a la arbitrariedad.

Hace una semana ejercimos nuestro derecho para solicitar la publicación de los lineamientos emitidos por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), referentes a los procesos de admisión, promoción y reconocimiento docente en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Dichos lineamientos ya circulaban en medios, redes sociales y oficinas burocráticas.

Entonces, ¿por qué exigimos su publicación? Dejando de un lado el hecho de que no hacerlo es incumplir con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la principal razón tiene que ver con brindar a todos los involucrados certeza jurídica, reglas oficiales y claras, conocidas por todos para que puedan saber qué hacer (autoridades) y qué puede exigir (docentes).

Esta certeza impide que la discrecionalidad se vuelva arbitrariedad.

Un ejemplo de lo ocurrido en dos estados en las últimas semanas demuestra la importancia de tener —o no— esta certeza, y con ella, la posibilidad de exigir su cumplimiento.

Desde julio pasado, miles de maestros se encontraban en la “lista de prelación”, con resultado “idóneo” en el concurso de ingreso o promoción del ciclo escolar 2018-2019, en espera de una vacante definitiva para poder ingresar al sistema educativo o promoverse a un puesto directivo, de supervisión o asesoría pedagógica.

La fecha fatal era el 31 de mayo de 2019, en la cual vencieron estas listas.

En el Estado 1, la autoridad local primero se vio obligada a cancelar el evento de asignación planeado para el 16 de mayo, dada la suspensión anunciada por la SEP la noche anterior de todos los procesos de evaluación; una semana después, el 23 de mayo, se retomó el evento y más de 120 docentes recibieron sus nombramientos.

En el Estado 2, el 24 de mayo se anunció la cancelación definitiva de los procesos de asignación de plazas, dejando a cientos de maestros sin poder acceder a las vacantes.

Al no conocer lo que dicen los lineamientos, los maestros que se quedaron sin plazas no saben ni qué reclamar ni a quién reclamarle ni porque a otros maestros en su mismo supuesto sí se las dieron. Las autoridades no tienen manera de demostrar que su actuar está fundado o restringido por los lineamientos. Y de nuestro lado, como sociedad civil, no sabemos si las autoridades están actuando de forma válida en el uso de facultades discrecionales o de manera completamente arbitraria y fuera de la ley.

Aun cuando sabemos que existen lineamientos que hacen referencia a un mismo proceso en papel, los resultados pueden ser dramáticamente distintos para los maestros. La publicación de los lineamientos les daría los docentes claridad y certeza sobre sus derechos profesionales docentes, y abriría la posibilidad para exigirlos, cerrando la puerta a la arbitrariedad.

 

 
 

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