A más de nueve meses de que el Presidente presentó su iniciativa para reformar el artículo 3º en materia educativa se publicaron el 30 de septiembre las leyes secundarias derivadas de esta reforma; ya tenemos más certeza sobre el marco normativo en educación, importante para tener más claridad sobre quién debe hacer qué, cómo y cuándo, pero que será insuficiente para cambiar la realidad. Reformar leyes en papel no es lo mismo que transformar la educación.
Los meses venideros traerán pasos importantes para transitar de la ley a la realidad: la presentación y puesta en marcha de las Estrategias Nacionales para la Atención a la Primera Infancia, la Inclusión Educativa y Mejora de las Escuelas Normales; el desarrollo de un sistema integral de formación continua, y el diseño y aplicación de evaluaciones diagnósticas que lo alimentarán; la transición del Sistema de Asesoría Técnica, a las Escuelas al Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas; la elaboración de la metodología, calendario e instrumentos para los nuevos procesos de admisión y promoción de maestras y maestros; la publicación del Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas; la conformación de los Comités Escolares de Administración Participativa, de ejercer 7 mil millones de pesos para mejorar las condiciones materiales en escuelas; el desarrollo de una comisión nacional y un plan de mejora continua de la educación; la construcción de un nuevo modelo educativo para garantizar el derecho de cada niña, niño y joven (NNJ) a una educación equitativa, inclusiva, integral, intercultural y de excelencia.
Se puede apreciar que estamos lejos de que las NNJ en el país vean las grandes aspiraciones de la Constitución concretadas en sus vidas y en sus comunidades. Ahora viene —continúa realmente— el trabajo de garantizar el derecho de todas y todos y eso pasa en lo local.
Mandatar desde arriba pocas veces cataliza un cambio en prácticas abajo. Transformar requiere fortalecer a los actores en lo local para que tengan lo necesario para poder (y querer) ser agentes de cambio en favor del derecho a aprender. La principal debilidad de la administración pasada fue no entender esto, y parece que la actual tampoco lo tiene claro.
Las leyes secundarias concentran facultades en la Secretaría de Educación Pública, al mismo tiempo que abren la puerta a la participación del sindicato. Lejos de apoyar a los responsables de impulsar la transformación, el gobierno federal debilita a autoridades educativas estatales, quitándoles el respaldo que tenían en la ley para resistir las presiones —de representaciones sindicales y otros grupos de presión— y priorizar el interés superior de las NNJ.
Se critica la actuación en los estados —y con frecuencia, con fundamento—. Pero de poco sirve tener funcionarios en secretarías estatales que sí quieren pero no pueden, porque les hemos atado las manos. Ojalá la tendencia centralizadora que se vio en las leyes se revierta —estrategias, lineamientos, presupuesto— para que los actores estatales puedan ser los agentes de cambio que necesitamos.
Publicado en El Heraldo de México.
