Cual novela radiofónica de los años 60’s, hay quienes estamos al pendiente de la situación generada por las candidaturas canceladas desde el Instituto Nacional Electoral a suspirantes de Morena en Michoacán y Guerrero, con un vaivén marcado al ritmo de los tiempos burocráticos y de las distintas leyes, vemos además, como unos y otros se desentienden de sus responsabilidades, se exceden en sus funciones o critican sin argumentos jurídicos.
Empecemos por los candidatos, quienes se inclinaron por la invención de figuras inexistentes ante la ley y a las cuales llamaron «Coordinador Estatal en Defensa de la 4T», concepto que ante todas y todos se traduce en precandidato o candidato; se movilizaron a lo largo y ancho de sus respectivos estados para tener reuniones y verbenas con diferentes actores de la vida social y política en varios municipios. Aún con esos elementos presentaron sus informes de gastos tarde o simplemente no los entregaron argumentando una serie de situaciones poco elocuentes.
En un segundo momento, la aparición en escena del Instituto Nacional Electoral a través de las y los Consejeros, quienes optaron por cancelar los registros de ambos candidatos, directriz aparentemente injusta y que en realidad, fue un dictamen dentro de sus atribuciones apegado a la norma vigente, donde básicamente se marca que los precandidatos pueden perder su derecho a ser registrados o, que ya una vez dados de alta como tal, se les niegue su acceso al proceso electoral para contender al no presentar gastos de precampaña o campaña. Claro que hay otras opciones como amonestación pública o sanción económica, sólo debemos identificar que quienes encabezan el Instituto no son afines a la ideología política del presidente del México.
Otro punto a tomar en cuenta es la falta de pericia en los equipos de asesores Jurídicos de los «Defensores de la 4T» y del mismo partido (Morena), al no presentar recursos bien fundamentados que pudieron resolver desde hace ya algunas semanas, esto en el sentido de no haber solicitado desde un inicio al TEPJF que fuera (el Tribunal) quien tomara la decisión final, señalando como un principio básico que lo suscrito en una ley menor no puede estar por encima de una ley mayor, dicho en otras palabras, que ninguna ley, reglamento, manual o cualquier documento orientador puede estar por encima de la Constitución, en específico donde se marca que todas y todos tienen derecho a votar y ser votados, salvo algunos casos que aparentemente no aplican en la presente situación. Cabe mencionar que dicha instancia (TEPJF) tiene la atribución de resolver la no aplicación de leyes electorales que sean contrarias a la Constitución.
Por último y lo más importante, la narrativa que ha construido Andrés Manuel al señalar al INE como opresor de los derechos de las y los ciudadanos, cuestión que no abona al sistema de contrapesos que deben existir en una República; tenemos claro que Lorenzo Córdoba y algunas consejeras y consejeros nos son precisamente seguidores de las políticas presidenciales, y por ende, harán valer su posición encontrando cualquier resquicio para hacer frente desde su espacio tal y como lo hicieron en esta ocasión, en total apego a las leyes que rigen el accionar electoral.
Toda esta situación dicta que son necesarias modificaciones para poner parámetros claros en las leyes electorales actuales, evitando que sean usadas a beneplácito de unos cuantos y nos da también la posibilidad de observar un panorama del revanchismo que existe entre instituciones, la adolescencia en conocimiento de procesos político-electorales y las carencias organizativas de Morena así como de la mayúscula falta de respeto mutuo que existe entre los actores políticos en el escenario local y nacional, evidenciando en todo su esplendor el afán de guerra y que ha reforzado la imagen entorno a Andrés Manuel y al INE como juez, parte y verdugo.
