Ayer una coalición de Morena y aliados –sin el respaldo de PRD, PRI o Movimiento Ciudadano– presentó iniciativas para dos leyes secundarias: la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM) y la Ley para la Mejora Continua de la Educación (LMCE). El grupo parlamentario del PAN presentó la semana pasada iniciativas para la misma legislación.
Como ya lo había comentado en este espacio, parte de los contenidos se filtraron en versiones previas, y sobre todo aparecieron enlistados en los materiales de preparación al inicio del ciclo escolar en los talleres para maestras y maestros de educación básica. Estas dos iniciativas (i-Morena las voy a llamar, para fines de claridad) también se presentaron para “comentar” con las autoridades educativas estatales, en la mañana del miércoles. Suena a “aquí está lo que mandan de arriba, y a ver qué comentario tienen”, en un espacio que no permite la confianza y que podría comprometer negativamente con las autoridades federales si se expresa disidencia. La confusión entre gobierno y partido, el bloque de mezcolanza e interferencia de “el gobierno y su partido”, que tan amargas derrotas a la democracia nos trajo en el pasado de la historia mexicana, parece renacer, desmintiendo la intención postulada de que la transformación educativa sea un verdadero “acuerdo nacional”.
En principio, las i-Morena deben dictaminarse con igual cuidado y atención que las i-PAN, aunque se ha hecho la sugerencia de que las primeras están “acordadas” y “palomeadas” por la Coordinadora, y tal vez por el SNTE. La consulta abstracta y por cuestionario en línea sigue abierta, sin que quede claro quién y cómo va a recopilar y presentar un ejercicio honesto de recopilación e incorporación. La consulta a los actores relevantes queda, pues, ni tan libre ni tan informada.
Pero lo que más alarma de la i-Morena es que embisten contra elementos del nuevo artículo Tercero, contradiciendo en las normas menores lo que marca la norma suprema. Para empezar, los párrafos sexto y séptimo del Tercero hoy vigente definen que la LGSCMM deberá establecer los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento de maestras y maestros, de manera que la reglamentación de los procesos de selección es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión y, por tanto, es un tema que tiene reserva de ley.
Pero en contraste, la i-Morena indebidamente delega la facultad a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de “emitir las disposiciones bajo las cuales se desarrollarán los procesos de selección”, como lo propone la iniciativa en su postulado artículo 14, fracción V, y luego en varios momentos más de la propuesta se hace referencia a esas mismas “disposiciones”, no sólo hasta ahora secretas, sino inadecuadamente asignadas a la SEP.
Otra acechanza contra el Tercero es que se marca preferencia a egresados de las escuelas normales públicas y de las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en los procesos de selección para la admisión, lo que entra en clara violación de la garantía de “igualdad de condiciones” para todos los participantes en estos procesos, establecida en el párrafo séptimo del artículo Tercero constitucional. De prosperar la i-Morena, se estaría validando que las y los candidatos normalistas lleguen con ventaja de condiciones, pues no sólo se prioriza la asignación de plazas a este grupo, sino que además se tiene que agotar la lista completa de candidatos normalistas antes de poder pasar con cualquier egresado o egresada de otra institución, sin importar la valoración de sus conocimientos, aptitudes y experiencias, lo que es una garantía del derecho constitucional de niñas, niños y jóvenes. El Tercero se retuerce. Si la evidencia indica que en general las y los normalistas tienen mejores resultados que otros candidatos, ¿para qué ese arbitrario y anticonstitucional cierre? “No cualquiera puede ser maestra o maestro”, lo que es una verdad del tamaño de una catedral, se lleva mal con ceder a la tentación de “todas y todos entran”.
Escandalosa es la i-Morena en su planteamiento de que las Autoridades Educativas Locales (AEL) y las representaciones sindicales “opinen” sobre los resultados de los procesos de selección, abriendo la posibilidad a que se cambie el orden de candidatos con base en estos comentarios, violando el criterio de imparcialidad establecido en el artículo Tercero constitucional. Que opinen, y opinemos todos, sobre los procesos, pero no sobre el resultado de ésta o aquélla persona; empoderando a los “pastores” que ya se quieren desde ahora preparar sabrosos asados de cordero: “tú ven a mí, y yo te ‘opino’ favorablemente”. ¿De verdad queremos que otra vez el destino de la carrera de docentes dependa de si se doblegan ante la dirigencia sindical? ¿Otra vez desprofesionalizados y tratados como trabajadores eventuales que se “enganchan” si el coyote lo define arbitrariamente? ¿Para eso queríamos una ley?
Este tema viola también la delegación de facultades que hace la Constitución en el tema de procesos de selección, pues el Tercero establece que será el Congreso de la Unión quién emita la LGSCMM, y que le corresponde a la Federación la rectoría e implementación del sistema, ésta última en coordinación con las AEL. En ningún momento el Tercero otorga participación al sindicato en el sistema ni en los procesos de selección. En los hechos, la mezcolanza gobierno-partido parece que le urge volver a la coregencia, a la semi o subrectoría, compartida con las dirigencias sindicales.
El Tercero constitucional establece que el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación será coordinado por la Comisión y que la Junta Directiva de éste órgano “será la responsable de la conducción, planeación, programación, organización y coordinación de los trabajos” de la Comisión. En cambio, desafiando y vaciando de contenido esas atribuciones constitucionales, la i-Morena para la LMCE ignora por completo lo anterior, y delega en un Comité responsabilidades, funciones y atribuciones que corresponden a la Comisión y su Junta Directiva. ¿Para qué respetar el Tercero, si en una ley secundaria se puede contradecir, y en los hechos se subordina al organismo al “Comité” que proponen que presida el Secretario de Educación Pública, y que tenga más integrantes de instancias externas que integrantes de la Comisión? Es un nuevo acecho al Tercero, pues fue la Constitución la que le dio nivel al mandatar que fuesen nombrados por mayoría calificada del Senado. ¿Para qué requiere una presidente, si una “Secretaría Ejecutiva” –cuyo titular propone el secretario de Educación Pública y se vota por mayoría entre las y los integrantes del Comité- le puede imponer decisiones, un funcionario designado por un funcionario designado, y no un servidor público que eligieron los senadores de la República?
La tentación es mucha: “Ya lo negociamos con la Coordinadora, ya amedrentamos a los secretarios estatales, ya paralizamos a los gobernadores con los temas de nómina y presupuesto”. Esperamos, por el bien de todos, que así no pase; que las niñas y los niños, a los que no reciben para consultar la educación que quieren, encuentren en el Legislativo una sólida línea de defensa, apoyada por las familias y toda la ciudadanía. El Artículo Tercero está bajo acecho, y tenemos que actuar.
